DE NUEVO ANTE LA PROSTITUCIÓN

 

Por el Foro Iruña: Lidia Arroyo, Fernando Atxa, Ainhoa Aznárez, Iñaki Cabasés, Maribel Cárdenas, Reyes Cortaire, Miguel Izu, Manuel Ledesma, Javier Leoz, Guillermo Múgica, Iosu Ostériz, Assumpta Pastor y José Luis Úriz.

 

         De forma intermitente sale a la palestra pública el debate sobre la prostitución. Una cuestión fea e incómoda que la mayoría de la sociedad, incluyendo a los poderes públicos, prefiere mantener oculta y fingir que no existe (cuando en Navarra según las estimaciones más fiables ocupa hasta a setecientas personas y entre medio y un centenar de locales). Sólo de vez en cuando algún hecho mediático, como ha sido hace pocas semanas la publicación de unas provocativas fotos sobre el ejercicio de la prostitución en las calles de Barcelona, reabre la polémica.

 

         Ciertamente nos hallamos ante un fenómeno complejo, que cobija situaciones muy variadas y que no ofrece respuestas fáciles. En ningún país se ha conseguido una solución satisfactoria pese a que se han intentado aplicar distintas recetas. Ni siquiera los firmantes de este escrito nos hemos puesto completamente de acuerdo en si procede la regulación de la prostitución cuando menos en sus aspectos económicos y laborales o si es preferible su ilegalización. Dilema que se produce incluso en el interior de las fuerzas políticas. Pero sí hemos coincidido en algunas reflexiones que debieran orientar la reacción social e institucional ante la prostitución.

 

         Desde luego no es aceptable la situación actual donde la prostitución ni está prohibida ni está permitida, en un particular limbo jurídico que no hace sino perpetuar una hipócrita tolerancia, un goloso ámbito para la economía sumergida y una actuación arbitraria, contradictoria e ineficaz de la Administración en perjuicio, sobre todo, de quienes la ejercen y más bien poco de quienes se lucran con ella. La prostitución no es una actividad cualquiera. No se nos oculta el hecho de que en ocasiones (muy minoritarias) se ejerce de forma voluntaria por personas que la eligen como una opción para ganarse la vida, lo que plantea el problema de hasta dónde debe reconocerse la libertad individual en este ámbito. Pero, en cualquier caso, se trata de una actividad que por su propia naturaleza ofrece grandes riesgos. En la mayoría de los casos encubre situaciones de grave violencia y explotación de la mujer (más raramente de hombres), cuando no de simple esclavitud. La prostitución es ejercida mayoritariamente por personas en situación de marginación social, se relaciona directamente con la pobreza, con la inmigración ilegal (se calcula que actualmente en Navarra el 98 % de las prostitutas son extranjeras, la mayoría sin papeles), con la drogadicción, con la delincuencia organizada. Las situaciones de necesidad llevan a esas mujeres a caer en las redes que la controlan, pero la propia actividad con frecuencia se convierte en una trampa que las hunde más en la marginalidad.

 

         No consideramos que la prostitución en sí misma sea una actividad admisible como otra cualquiera ante la que quepa una valoración neutra como mera actividad económica. Contribuye a la cosificación de la persona, sobre todo de la mujer rebajada a mero objeto sexual, y a la banalización y despersonalización del sexo, sometido a la mercantilización que se va apoderando de todas las relaciones sociales. No creemos en ningún caso que pueda aceptarse y regularse como una profesión más, con sus títulos de FP o de nivel universitario adaptados al proceso de Bolonia o con sus colegios profesionales. La urgente necesidad de un abordaje político decidido debiera tener un horizonte abolicionista; no obstante, sabemos que el simple prohibicionismo no suele ser solución y en ocasiones multiplica los males que pretendía atajar, como ha sucedido históricamente con el alcohol (época de la ley seca) u otras drogas, cuya ilegalización aprovecha principalmente al crimen organizado.

 

         Sin embargo, entendemos que cualquier solución será mejor que la actual política de huída del problema por los poderes públicos. A corto plazo parece inevitable que, junto a las normas penales y los medios judiciales y policiales que persigan la trata y explotación de las mujeres, exista alguna regulación que aborde la protección social y laboral de las personas que se dedican a la prostitución, garantice sus derechos y ayude a clarificar dónde están los límites de las actividades asumibles a la luz del principio de libertad individual. Que contribuya a ofrecer seguridad jurídica tanto a quienes han de perseguir las actividades ilegales como a quienes ejercen la prostitución o a quienes desean abandonarla. Que actúe también sobre la demanda, sobre los usuarios que fomentan la existencia de la prostitución pero se desentienden de sus efectos perversos.

 

         A largo plazo, debemos perseguir un cambio cultural para hacer efectivos los valores de dignidad de la persona y de igualdad entre hombres y mujeres, para superar los patrones machistas, para luchar contra la conformidad social ante situaciones de explotación y marginación, para trabajar por la desaparición de las estructuras y causas sociales y económicas que conducen a ellas, y para que todos, mujeres y hombres, asumamos nuestra responsabilidad en la materia. Ni la prostitución es un problema sólo de las mujeres que se dedican a ello, ni es un fenómeno de siempre (la profesión más antigua, como trivial y falsamente se suele decir) que durará siempre. En nuestra época y en un contexto social, político y económico determinado la prostitución adopta rasgos propios que no tuvo en otros momentos históricos; y el futuro nunca está predeterminado si sabemos qué queremos. Y queremos un futuro donde no haya lugar para la prostitución o la explotación. Por eso emplazamos a las fuerzas políticas y a las organizaciones sociales implicadas a que no rehúyan el debate y a que se impulsen las medidas políticas y legislativas necesarias para abordar con valentía este fenómeno social.