CUESTIÓN DE PODER II

 

 

         Partiendo de la idea de que la política consiste esencialmente en la conquista y en el ejercicio del poder, que puede utilizarse de diversos modos y para distintas finalidades mejores o peores, cabe hacer alguna reflexión sobre cómo se reparte el poder. Que el poder esté más o menos concentrado o más o menos repartido es uno de esos casos en que las diferencias cuantitativas constituyen también diferencias cualitativas.

 

         Que la concentración del poder es peligrosa es categóricamente expresado en la famosa frase de lord Acton: “el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Este político e historiador británico –católico y liberal- se refería tanto al poder político, el del rey, como al poder religioso, el del papa; se opuso firmemente a la doctrina de la infalibilidad papal proclamada por Pío IX en 1870 que generó viva polémica y algún cisma dentro de la Iglesia católica. Esta desconfianza está en el germen de la división de poderes que se considera fundamento indispensable de todo sistema democrático. Como explicaba Montesquieu, “nos ha enseñado una experiencia eterna que todo hombre investido de autoridad abusa de ella”, “para que no se abuse del poder, es necesario que le ponga límites la naturaleza misma de las cosas”, esto es, que los diversos poderes –legislativo, ejecutivo y judicial- se limiten mutuamente.

 

         El problema de las democracias es cuando el poder efectivo no se halla en ninguno de los tres poderes clásicos sino en alguna otra parte y no se halla repartido –limitado- sino que se va concentrando en unas pocas personas con capacidad de decidir e imponer sus decisiones. En muchas ocasiones el poder real está en un partido político y dentro de él en una reducida cúpula dirigente. Pero la mayor parte de las veces el poder político efectivo está subordinado al poder económico, algo especialmente visible en la actualidad. Los gobiernos deben ajustarse a las condiciones que marcan “los mercados”, el eufemismo con que se designa a quienes gestionan las grandes concentraciones de capital que detentan el dominio del mundo. Y, al contrario que el poder político, el poder del capital apenas tiene límites y mucho menos se somete a algo parecido al principio de división de poderes. Más bien la norma es la contraria; cada vez se va concentrando más. El libre mercado cuanto más libre suele ser menos mercado porque avanza imparable hacia la concentración empresarial por vía de las fusiones voluntarias justificadas en nombre de la eficacia o la competitividad o por vía de las absorciones forzadas según el modelo de pez grande se come al pez chico. La desregulación de los mercados genera un poder oligopólico. Cada vez son menos los que controlan los resortes de la economía mundial, y esos pocos –multinacionales, bancos, fondos de inversión- cada vez tienen más capacidad de abusar de su poder.

 

         La globalización neoliberal de las últimas décadas ha supuesto una completa libertad para los capitales que pueden desplazarse por todo el mundo y someter a continuo chantaje a los gobiernos (descapitalización, desinversión, deslocalización). Con motivo de la crisis financiera iniciada en Estados Unidos se extendió el concepto “too big to fail”, entidades demasiado grandes para dejarlas caer. Contradiciendo los principios del libre mercado, donde se supone que cada cual ha de asumir sus propios riesgos, esas entidades son salvadas de la quiebra con fondos públicos. Una vez salvadas, vuelven a las andadas; ni piden perdón, ni dan las gracias, ni muestran arrepentimiento. Por el contrario, intensifican su chantaje sobre los poderes políticos para que todo el coste de la crisis recaiga sobre los contribuyentes, que en buena medida y como consecuencia de la aplicación de las recetas neoliberales son los asalariados, y para que se aceleren las políticas de desregulación y disminución de la presión fiscal sobre el capital.

 

         En otros tiempos una entidad demasiado grande para dejarla caer, una entidad que con tal excusa se apropia de los beneficios y socializa las pérdidas, hubiera sido considerada como demasiado grande para dejarla en manos privadas. Cuando el art. 128 de la Constitución española, y preceptos análogos de otras constituciones o leyes de otros países, prevé la iniciativa pública en la actividad económica, la reserva al sector público de recursos o servicios esenciales y la intervención de empresas cuando lo exija el interés general, sin duda está pensando en ello. El problema es que el dogma neoliberal ha dejado en papel mojado esas disposiciones constitucionales; la iniciativa pública ha sido demonizada y el sector público reducido hasta casi su extinción; la privatización de todo tipo de servicios y recursos se ha convertido en la norma; la intervención de empresas, las pocas veces que se produce, no suele ser para garantizar los intereses públicos sino prioritariamente para garantizar intereses privados.

        

         Los riesgos económicos producidos por la concentración de poder no son los únicos a tener en cuenta; con frecuencia se unen a los riesgos tecnológicos. Los avances técnicos y científicos nos han llevado a que con frecuencia se concentren en pocas personas decisiones que generan enormes riesgos para el resto de la población. Me refiero tanto a la capacidad de determinar el precio de materias primas o alimentos que pueden generar crisis, hambrunas o guerras en ciertos países (africanos la mayor parte de las veces) o a la de construir plataformas petrolíferas, centrales nucleares u otras instalaciones industriales que antes o después desembocan en accidentes catastróficos (se cumple el veinticinco aniversario de Chernobil con el accidente de Fukushima). Con mucha frecuencia la investigación posterior de sucesos catastróficos revela que la búsqueda de rentabilidad a toda costa pasa por descuidar las previsiones legales y las medidas de seguridad y que los organismos públicos que teóricamente deben controlar a las empresas privadas aflojan más la vigilancia cuanto mayor sea la empresa y más influencia tenga sobre los gobiernos.

 

         El abuso, la prepotencia, la concentración de riesgos, no se va a corregir con expresiones de buenas intenciones, con supuestas medidas de autorregulación o con tímidos tirones de orejas desde los gobiernos que no se traducen en disposiciones efectivas. Se corregirá poniendo límites al poder económico, evitando su concentración, sometiéndolo al poder político. En política, alguien que nos diga que necesita todo el poder, sin límites ni controles, para ejercerlo con mayor eficacia respondiendo sólo ante Dios y ante la Historia generará inmediata desconfianza. La experiencia histórica de adónde lleva el Führerprinzip o el principio del caudillaje la tenemos reciente. En cambio, en el ámbito económico parece que todavía se puede presumir del tamaño creciente de la empresa o del grupo empresarial, del balance, de la facturación, del número de países en que opera, de la cuenta de resultados, de los beneficios de los accionistas y hasta de los sueldos e incentivos de los directivos, y todavía se puede reclamar más libertad para seguir creciendo bajo la premisa de que eso es bueno para todos. Con lo que vamos aprendiendo hora es de que tales argumentos nos produzcan los mismos escalofríos que en la Guerra Fría nos producían las cifras de la carrera de armamento nuclear. La única medida efectiva para poner bajo control público lo que es “too big to fail” es considerar que, empezando por la banca, es también “too big to privatize”.