Ahora
que se acercan de nuevo unas elecciones y se intensifica la campaña electoral
permanente en la que vivimos, conviene recordar que la política consiste
esencialmente en la conquista y en el ejercicio del poder. Aunque de la
propaganda electoral algunos pudieran deducir que los partidos políticos vienen
a ser organizaciones benéficas, empresas de servicios o instituciones de
pensamiento o de gestión de la economía, lo cierto es que fundamentalmente son
grupos organizados que compiten por el poder. Lo cual no es bueno ni malo, sino
irremediable. Por supuesto que se puede pretender actuar en beneficio de los
ciudadanos, proteger sus derechos, solucionar sus problemas, prestar servicios
esenciales o perseguir la felicidad colectiva, y en eso coinciden muchos
organismos de variado carácter, desde las ONG hasta las empresas mercantiles,
pasando por sindicatos, asociaciones empresariales, confesiones religiosas,
colegios profesionales, mutuas de accidentes y hasta el Instituto de la
Felicidad de Coca-Cola. Pero lo propio, lo específico, lo que diferencia a las
instituciones políticas de las demás es que sus fines los persiguen a través de
la conquista y el ejercicio del poder político, esto es, el que se ejerce de
forma coactiva, con leyes, policías, jueces. Poder que se puede ejercer de muy
diversas formas, para lograr el interés general o para satisfacer intereses
particulares, por medios democráticos o autoritarios, con transparencia o con
artimañas, respetando los derechos humanos más o menos o nada. Pero en todo
caso la política es cuestión de poder.
Por supuesto que el poder
político no es el único existente. Existen otros poderes; el económico, el
militar, el técnico, el mediático. Desde muy diversas instancias y de diversas maneras
se puede ejercer poder, esto es, influir en la conducta de los demás y manejar
recursos con unos u otros fines. En un sistema democrático se supone que todo
otro poder debe de estar sometido al poder político ya que este se legitima,
precisamente, por ejercerse por el conjunto de la ciudadanía y para la
satisfacción de las necesidades e intereses generales. El propio poder político
debe estar sometido a las leyes, esto es la esencia del Estado de derecho, para
garantizar un ejercicio no arbitrario que respete los derechos de todos. Pero
esto que es tan elemental que apenas se menciona, y mucho menos en una campaña
electoral, no siempre se traduce en la realidad. Otros poderes, en ocasiones,
se sitúan por encima del poder democrático. Puede ser el poder de las armas a
través de una dictadura militar que hoy consideramos inadmisible y propia de
tiempos pasados y oscuros; pero puede ser el poder económico, y de este no
podemos decir lo mismo.
En
realidad, buena parte de la historia política moderna está constituida por la
pugna constante entre el poder político y el poder económico. En el Antiguo
Régimen, el propio del sistema feudal o absolutista, la cuestión estaba clara.
Los mismos detentaban el poder político y el poder económico, que eran dos caras
de la misma moneda; la aristocracia y la monarquía eran a la vez propietarias y
gobernantes. La Revolución liberal supuso la escisión (más o menos lograda) de
ambos poderes; el poder político corresponde a la nación, al conjunto de la
ciudadanía, el poder económico a la clase propietaria, la antigua nobleza y la
pujante burguesía. Claro que de la teoría a la práctica hay un trecho y en los
regímenes liberales decimonónicos la burguesía también detenta el poder
político. Buena parte de las revoluciones de los siglos XIX y XX lo que
reclaman es, precisamente, que el poder real no esté en manos de la clase
propietaria sino en manos de la ciudadanía. La Revolución rusa consistió en
arrebatar violentamente el poder a los dueños del capital para atribuírselo al proletariado.
La socialdemocracia se fijó una meta más modesta, inicialmente la de conseguir
arrebatar el poder económico a los propietarios de forma gradual y pacífica,
mediante un sector público potente que actuara en los sectores económicos
estratégicos y para prestar los servicios esenciales y mediante un sistema
tributario progresivo y redistribuidor de la riqueza. Pero posteriormente la
socialdemocracia se contenta con un pacto entre el poder político y el poder
económico; devuelve el sector público a los propietarios del capital mediante
una generalizada privatización, enuncia el principio de que el sector privado
gestiona mejor y renuncia al carácter redistributivo del sistema fiscal
convirtiéndolo en un sistema de estímulo de la inversión a base de bajar
impuestos y privilegiar a las rentas de capital frente a las de trabajo. La
asunción de los dogmas neoliberales por la socialdemocracia europea
(privatización, desregulación, competitividad)
ha supuesto la renuncia al poder económico del Estado y la entrega del
poder –a la postre, de todo el poder, incluido el político- a una cosa que se
llama abstractamente “los mercados” pero que en realidad son los propietarios y
gestores del capital especulativo.
Con
ocasión de la actual crisis económica provocada, precisamente, por quienes ya
detentaban el poder económico, por los banqueros y especuladores, estos no solo
han salido de rositas sino que han dado una vuelta más de tuerca y han
procedido a un auténtico golpe de Estado económico. Son “los mercados” a través
de una serie de instituciones supuestamente respetables e independientes (Fondo
Monetario Internacional, Banco Mundial, bancos centrales, Comisión Europea) los
que dictan las políticas económicas y no económicas a los estados. El chantaje
es evidente; todas las medidas que se dictan van encaminadas a una única
prioridad, a que los estados sean capaces de garantizar el pago de sus deudas a
sus acreedores, que son precisamente quienes dictan las condiciones. La
creación de empleo, la inversión pública, la mejora de los servicios públicos,
el gasto social, todo se subordina a que los acreedores respiren tranquilos, a
calmar a “los mercados” para que nos sigan prestando dinero y renuncien a
hundir nuestra economía mediante maniobras especulativas garantizándoles que
ganarán más dinero con nosotros si nos perdonan la vida.
Vivimos
en una dictadura de los mercados. Los gobiernos ya no responden ante la
ciudadanía; responden ante el capital, si hace falta ejecutando lo contrario de
lo que plasmaron en sus programas electorales. Esta es, en el presente, la
cuestión política capital, aunque se prefiera esconder y dedicar la propaganda
a otras cuestiones menores como cuáles son los candidatos más guapos o los
candidatos a candidato con más posibilidades de éxito. La cuestión es si nos
vamos a plegar a la dictadura económica o vamos a pelear, de nuevo, por la
democracia.