Lo más preocupante de la situación política tras el último rosario de atentados de ETA –dejo ahora aparte la tragedia personal que supone todo asesinato, cada vida truncada y cada familia destrozada- es que todos los partidos se reafirman en sus posiciones. Y como todos tienen razón y los malos son los demás, ninguno va a cambiar de estrategia ni a lanzar nuevas iniciativas –las que tímidamente impulsa Ibarretxe son rechazadas tan rápidamente que cuesta creer que ni en su propio partido se tomen en serio-. Hace poco un representante del PP dirigía al PNV la pregunta de cuántos muertos necesita para cambiar de rumbo; creo que la misma pregunta nos la podemos hacer todos: ¿cuántos muertos estamos dispuestos a soportar? Me temo que, acostumbrados a la periódica rutina del sobresalto, la consternación, la condena, la concentración silenciosa, el funeral y el entierro –y no digo que todo eso sobre-, estamos dispuestos a soportar, eso sí, con firmeza, muchos muertos más.

Pienso que la principal responsabilidad en esta situación recae en el PP y el PNV –ojo, digo responsabilidad, no culpabilidad; la única culpable del terrorismo, en sentido estricto, es ETA y quienes le vitorean-. Y recae en ellos por la obvia razón de que uno es el mayor partido de España y el que detenta su gobierno, y el otro el mayor partido del País Vasco y el que detenta su gobierno –en coalición con EA, a quien es de aplicación por ello la mayor parte de lo que diré sobre el PNV-. También porque la situación actual ha sido consecuencia de la falta de frutos en materia de pacificación de la colaboración que mantuvieron entre 1996 y 1999 –a la vista de los acontecimientos posteriores hay que pensar que su acuerdo parlamentario quizás reportara beneficios particulares a ambos o alguno de esos partidos, pero ninguno al interés general- y de su ruptura, que conllevó la ruptura de hecho del Pacto de Ajuria-Enea como consecuencia de la negativa del PP a discutir el "Plan Ardanza".

Creo firmemente que el "Plan Ardanza" ha sido una de las más certeras iniciativas de pacificación, y en particular por el análisis que contenía con relación a ETA. Recuerdo alguna de sus afirmaciones: "No cabe diálogo político resolutivo mientras ETA se mantenga en ejercicio"; "ETA deberá asumir que, en cuanto tal organización, no podrá ser interlocutor en ese eventual diálogo político resolutivo"; "Los interlocutores deberán estar legitimados por su representatividad popular. HB deberá, por tanto, asumir directamente la interlocución. La bilateralidad Gobierno-ETA en un diálogo político resolutivo (negociación) debe quedar excluida de antemano. El discurso de los partidos debería ser también unívoco y sostenido en esto. Es la manera más eficaz de convencer a ETA de la inutilidad de su empeño en continuar con la violencia, que en este proceso sobra y estorba. ETA tiene que entenderlo y asumirlo. El diálogo, si se da, no será consecuencia de la violencia, sino de su cese"; "el núcleo del problema no está en una confrontación Estado-Euskadi, sino que consiste en la contraposición de opiniones vascas sobre lo que somos y queremos ser". Es cierto que el "Plan Ardanza" contenía algunas propuestas con sesgo nacionalista, o soberanista –el llamado "ámbito vasco de decisión"-, poco asumibles para los partidos ajenos al nacionalismo vasco. Pero esas propuestas podían haber sido objeto de negociación –para admitir la existencia de un ámbito navarro, un ámbito español, incluso un ámbito europeo de decisión, según para qué decisiones- si la respuesta del PP no hubiera sido la cerrazón a sentarse siquiera con el "Plan Ardanza" sobre la mesa.

A partir de entonces el PP ofrece como únicas soluciones, de una parte, la acción policial contra ETA, y de otra, desplazar al nacionalismo vasco del gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca, lo cual llevaría a una supuesta "normalización" en el marco de la Constitución y el Estatuto. Creo que la postura del PP no supone otra solución al terrorismo que la de seguir contabilizando, con firmeza y entereza, eso sí, más muertos. La acción policial y judicial –detener, juzgar y encarcelar a los autores de los actos terroristas- es inexcusable en un Estado de derecho, pero por sí misma difícilmente acabará con el terrorismo mientras éste tenga cierto apoyo social del que nutrirse; la experiencia de más de treinta años de terrorismo de ETA así lo indica. Y la eventualidad de que el PP gane las elecciones en el País Vasco y logre, en solitario o en coalición, formar un ejecutivo no nacionalista –que es una aspiración perfectamente legítima, en un sistema democrático, tanto para el PP como para cualquier otra fuerza política- tampoco supone ninguna solución. Al día siguiente de la formación de ese gobierno vasco no nacionalista el problema de la violencia estaría exactamente igual, si no peor, pendiente de otras medidas para los problemas políticos de fondo.

Creo que son especialmente graves las insinuaciones que realiza el PP cuando se propone a sí mismo para sustituir al PNV en el gobierno vasco. Parece que la violencia terrorista tiene su origen en un gobierno vasco que colabora y alienta a los terroristas, que no respeta la Constitución ni el Estatuto y que no protege los derechos de los ciudadanos vascos no nacionalistas; la sustitución de ese gobierno es la receta mágica que acabará con los terroristas. Si la realidad fuera ésta, habría que concluir que el Gobierno central está cometiendo una grave irresponsabilidad al no aplicar el art. 155 de la Constitución: "Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación de la mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés nacional". El Gobierno del PP se cuidará mucho de aplicar, ni siquiera mentar, esta cláusula excepcional, porque sabe perfectamente que el problema está en otro lado. Pero por desgracia utiliza el problema terrorista para hacer campaña electoral anticipada, favoreciendo los intereses de partido antes que los de Estado. Y a ello no es ajeno ese empeño en reivindicar el Estatuto pero no perder oportunidad para deslegitimar a las instituciones surgidas de él, no otra cosa es la negativa del PP de acudir siquiera a las convocatorias del lehendakari o poner en duda la actividad antiterrorista de la Ertzaintza.

Están también de sobra las apelaciones al "espíritu de Ermua" que se han hecho desde el PP y su entorno en el aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco. De Ermua no salió ningún plan o proyecto concreto para acabar con la violencia. El "espíritu de Ermua" no fue otra cosa que una expresión de extrema indignación y hartazgo de toda la sociedad española hacia el terrorismo. Y es normal que la ciudadanía albergue y exprese esos sentimientos. Pero los políticos, además de indignación, deben ser capaces de mostrar sangre fría y racionalidad para enfrentarse con los problemas. El cultivo y la apelación de la indignación ciudadana puede ser un buen argumento electoral pero por sí mismo no es un instrumento de pacificación.

Creo también que el PNV ha equivocado el camino a partir del rechazo del "Plan Ardanza". En vez de dejar claro a ETA que no es nadie para negociar nada, se embarcó en una negociación directa con ETA bajo el paraguas de la "Declaración de Estella-Lizarra" –he de reconocer que IU, de la que formo parte, con precipitación e ingenuidad, cayó en el error de suscribirla creyéndole más posibilidades de las que ha demostrado-. Mientras en este documento se apelaba al ejemplo irlandés y se insinuaba que ETA quedaba al margen para ceder su protagonismo a las fuerzas políticas –recordemos que una de las claves del proceso de Irlanda del Norte es que las organizaciones armadas quedan fuera de cualquier proceso político, su única participación se reduce a los órganos de verificación del desarme- PNV y EA dialogaban directamente y en secreto con ETA y manejaban la posibilidad, luego frustrada, de llegar a algún tipo de acuerdo. Con ello se alienta a ETA –cuya principal ideología es el culto a la violencia para autojustificar su historia y su continuidad- a creer que tiene algún papel que jugar, alguna legitimidad, en la política vasca. Hay que decir que también el Gobierno del PP contribuyó a ello durante la tregua mostrándose dispuesto a dialogar directamente con ETA. Tras la ruptura de la tregua y la vuelta de ETA a los atentados, es patente el fracaso del proceso iniciado con la "Declaración de Estella-Lizarra" y el error de cálculo del PNV y EA. A partir de entonces se entiende poco el empeño de estos partidos en la ruptura con EH con cuentagotas y en el mantenimiento de algunas de las consecuencias de aquella declaración, como la asamblea de concejales nacionalistas o Udalbiltza. Y tampoco resulta coherente pretender dirigir las instituciones vascas mientras se socava su legitimidad poniendo en cuestión al Estatuto en que se sustentan.

La ruptura terminante con EH viene exigida porque esta organización está incumpliendo, con su actitud, los pequeños y tímidos compromisos a favor de las vías políticas y de rechazo de la violencia que ha suscrito tanto en Estella-Lizarra como en el acuerdo con PNV y EA para la formación del ejecutivo vasco. Su supeditación a ETA, por desgracia, se mantiene. Ante la reanudación de la violencia terrorista no ha tenido otra respuesta que la del avestruz: negativa a la condena explícita e inicio de una huida hacia delante, el proceso de debate "Batasuna" que le tendrá ocupada durante muchos meses para acabar desembocando en el punto de partida –la refundación de una "Herri Batasuna bis", como dicen los críticos dentro de la propia organización- y sin haber abordado de frente la cuestión de la violencia.

En estos momentos hay que apelar a la responsabilidad de PP y PNV –aunque a veces uno duda de que la tengan- para que lideren, conjuntamente, un auténtico proceso de paz, anteponiendo este objetivo a sus intereses partidistas, estableciendo vías de diálogo entre todas las fuerzas políticas y sin exclusiones. Porque la firmeza que ambos muestran en enfrentarse entre sí y en complacer a sus respectivas clientelas electorales, unos en nombre de la unidad de España y de la Constitución, otros en nombre de la soberanía de Euskal Herria, de momento sólo favorece a ETA y nos garantiza, a corto, medio y largo plazo, más muertos.