Con motivo de los veinticinco años de la muerte de Franco y la restauración monárquica, casi confundidos con el vigésimo segundo aniversario de la Constitución, oímos abundantemente el relato oficial -optimista y edulcorado como toda propaganda- de lo acaecido desde entonces. Sin negar lo que de positivo tiene la reciente historia de España –la Constitución de 1978, por poner fin al franquismo, por culminar la reconciliación pendiente desde la guerra civil, por dirigirse a restablecer un régimen democrático, es la mejor de las constituciones españolas y, con los defectos y carencias de toda obra humana, un instrumento útil y válido- tampoco está de más hablar sobre las sombras del régimen constitucional.

La Constitución española es la norma jurídica suprema, cuya aplicación directa condiciona la validez de todas las demás normas. Frente a doctrinas del siglo XIX que las relegaban a carta otorgada por el monarca o a simple declaración de principios no vinculantes (idea presente todavía en las Leyes Fundamentales franquistas), en este siglo se impone el carácter normativo de las disposiciones constitucionales y su garantía a través de un Tribunal Constitucional, de modo que los derechos y libertades fundamentales no queden al arbitrio de los gobernantes o las mayorías parlamentarias.

Pero además la Constitución funciona como símbolo político. Jurarle acatamiento –como negarse a hacerlo, o hacerlo "por imperativo legal"-, defenderla en los foros políticos, reclamarse "constitucionalista", o celebrar el 6 de diciembre, tiene un significado. O unos significados: identificación con el sistema político, con la nación que está en su base, o con otra cosa. En el fondo, funciona el mito de los libros sagrados propio de lo que Manuel García Pelayo (Los mitos políticos) llamó "las culturas del libro". La Constitución cumple en la comunidad política contemporánea el papel que en las respectivas comunidades religiosas han cumplido el Talmud, la Biblia o el Corán. No es casual que en 1813, finalizada la ocupación francesa de Pamplona, el Ayuntamiento, con el cabildo catedralicio, la Diputación y el Jefe político acudieran en solemne procesión desde la Casa Consistorial hasta la Plaza del Castillo para proclamar la Constitución de 1812, que se leyera su texto en todas las parroquias y se entonara un tedéum. Y que en 1820, restablecida la Pepa por Riego, las autoridades acudieran a la Catedral para cantar de nuevo un tedéum en presencia del obispo y de todo el cabildo (lo recuerda Mª Cruz Mina en Fueros y revolución liberal en Navarra).

Que la Constitución cumpla ambas funciones, normativa y simbólica, es normal. Pero resulta peligroso si su uso como símbolo –o como arma- se hace a consta de socavar su carácter normativo degenerando en todo o en parte en una Constitución "nominal", según la clasificación de Karl Loewenstein. Llena de buenas intenciones pero inaplicable, salvo a propósitos educativos, dados los presupuestos sociales y económicos existentes; un "traje" que viene grande al cuerpo social. O peor, en una Constitución "semántica" que, en lugar de servir a la limitación del poder, es "un instrumento para estabilizar y eternizar la intervención de los dominadores fácticos de la localización del poder político", no un "traje" sino un "disfraz".

A veces los más ardientes defensores de los libros sagrados son quienes menos los han leído, o a quienes menos interesa que se lean. La propia Iglesia dificultó en tiempos la lectura de la Biblia: en el siglo XVI sus traducciones estaban en el Índice. Según Marcel Bataillon (Erasmo y España) "la doctrina oficial era, y siguió siendo, que divulgar la Biblia equivalía a sembrar la herejía". Siempre es más seguro el catecismo oficial que la palabra de Dios. A muchos inquisidores aficionados a enviar herejes a la hoguera hubieran puesto en apuros las palabras de Jesús: "sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso; no juzguéis y no seréis juzgados; no condenéis y no seréis condenados".

A bastantes neoconstitucionalistas conversos del PP les puede dar algo el día que lean en la Constitución que "toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general" (art. 128), que "el Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas" (art. 131), que los poderes públicos "establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción" (art. 129), que deben hacer efectivo el derecho a una vivienda digna "regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación" (art. 47) y mantener "un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad" (art. 31). Conversos, digo, recordando que Alianza Popular, matriz del actual PP, ante las elecciones de 1977 planteaba dar un simple repaso a las Leyes Fundamentales, y que en 1979 el antiguo "falangista independiente" José Mª Aznar criticaba en sus artículos de La Nueva Rioja una Constitución elaborada a espaldas el pueblo. Y el voto contrario de AFN, sección navarra de AP, y del fundador de UPN, y la condena pública de éste por no ser "aceptable desde el punto de vista foral".

La Constitución ha tenido la desgracia de nacer en la mejor tradición constitucionalista europea de la posguerra pero justo al final de esa época, abierta en 1945, presidida por la idea de Estado del Bienestar. Un paradigma fruto del pacto entre socialdemócratas y democratacristianos que creía en la intervención del Estado para asegurar, no sólo los derechos individuales, sino también los colectivos, económicos y sociales. Un modelo que, además de libertad, pretendía justicia, igualdad y solidaridad. Los vientos neoliberales desatados a partir de 1980 ponen en cuestión ese modelo y, por ende, buena parte de nuestra Constitución. La caída del Muro de Berlín no causó la supuestamente contenida avalancha de fugitivos en dirección Este-Oeste, sino una oleada invasora del capitalismo más ferozmente individualista y "desrregulador", no sólo en dirección Oeste-Este sino en todas las de la rosa de los vientos. Conciliar los principios de política económica y social de la Constitución con las exigencias de la "nueva economía" y la primacía del mercado que con tanto entusiasmo abraza el Gobierno resulta tarea más que dudosa y huérfana de suficientes mecanismos de garantía –el Tribunal Constitucional puede pronunciarse sobre la constitucionalidad de lo que hace el Estado, pero no sobre lo que deja de hacer-. Ni en la peor pesadilla los constituyentes de 1978 hubieran podido prever que sus afanes iban a desembocar en las stock options de Villalonga (de tantos villalongas que pululan consultando on line las cotizaciones de bolsa en el móvil).

El pluralismo político del art. 1º de la Constitución, valor superior del ordenamiento jurídico, mejor no menearlo. Ejercer la libertad ideológica cuando prima el pensamiento único y el fin de las ideologías se hace bastante cuesta arriba. Y por si fallara el impacto de la globalización neoliberal, en España tenemos modos propios de obviar en este aspecto la Constitución. Como en tiempos pasados (el curioso pluralismo de las "asociaciones políticas" de Arias Navarro, dirigidas a "la permanencia y el perfeccionamiento del Movimiento Nacional") se nos cuenta que hay programas que caben en la Constitución y otros que no, ni siquiera a través de su título de reforma. Que hay partidos cuya legitimidad depende, no del derecho de sus miembros a pensar y hacer libremente, sino de que cambien su programa. Quien dicta el catecismo de la democracia y otorga las bulas constitucionales es, cómo no, el Gobierno, directamente o a través de su aparato de propaganda (de las relaciones entre la constitucional libertad de expresión y la concentración de medios de comunicación propiciada desde el poder podemos hablar otro día). Y gracias a la persistencia del terrorismo, que tantos servicios presta, el panorama es simple de entender: del lado de la Constitución el PP, fuera de ella todos los demás. Unos, por terroristas y nacionalistas, que viene a ser lo mismo; otros, por cómplices; otros, por ser amigos de los cómplices de los terroristas; otros, por querer diálogo con los amigos de los cómplices; y algunos, en fin, por ser tibios con los cómplices, sus amigos o los que hablan o quieren hablar con ellos.

La tradición política española nos enseña que no hace falta reformar o abolir las constituciones. Primo de Rivera no se molestó en derogar la de 1876 y Franco hizo lo propio con la de 1931; les bastó con ignorarlas. En vísperas del segundo milenio y su decidida vocación hacia el paroxismo mediático puede haber formas muy sibilinas de ignorar una Constitución mientras se la invoca a diario.