Tengo un serio problema de percepción que, me temo, me puede llevar a no entender correctamente lo que se escribe sobre nuestra actualidad política. Desde hace algún tiempo los medios de comunicación describen la Comunidad Autónoma del País Vasco como fatalmente escindida en dos bandos, uno el de los constitucionalistas y otro el de los nacionalistas. En los últimos meses hay quienes se empeñan en implantar también en Navarra el mismo esquema, y con motivo de las recientes elecciones municipales se ha hablado de apoyo entre candidaturas constitucionalistas, o de elegir alcaldes constitucionalistas. Reconozco que no tengo ni idea sobre quienes son los constitucionalistas y quienes son los demás. Peor; ni siquiera sé si soy constitucionalista u otra cosa. El problema es que no parece haber una pauta muy clara para distinguirlos.

No parece que sea criterio adecuado para distinguir a los constitucionalistas su postura de apoyo o rechazo expresada en el referéndum constitucional celebrado hace veinticinco años. En 1978 la mitad de los diputados de Alianza Popular (que años más tarde cambiaría su nombre por el actual de Partido Popular) rechazaron el proyecto constitucional. Los que lo aprobaron, liderados por Manuel Fraga, manifestaron su propósito de reformarlo en cuanto llegaran al poder, ya que algunos de sus preceptos, en particular el título octavo referente a organización territorial, no eran de su agrado. El diputado de UCD Jesús Aizpún abandonó su partido por su rechazo personal a algunas disposiciones constitucionales, no sólo la transitoria cuarta relativa a la posible integración de Navarra en el País Vasco, sino también las relacionadas con el divorcio o la educación, e hizo campaña en su contra en el referéndum celebrado el 6 de diciembre de 1978. Poco después fundó UPN, a la que se unieron de inmediato miembros de Alianza Foral Navarra, partido que había propugnado el "no" a una Constitución que reputaba atea, de tendencia marxista y que ponía en peligro la unidad de España. Sin embargo, hoy en día tanto el PP como UPN no sólo se definen a sí mismos como partidos constitucionalistas, sino que se diría que aspiran a repartir patentes de constitucionalismo a los demás. UPN suele invitar a dar charlas en Navarra a Fernando Savater, otro insigne constitucionalista que en 1978 propugnaba la abstención en el referéndum, en su caso por no encontrar muchas diferencias entre el régimen franquista y el régimen constitucional que se avecinaba. Y parece ser que en el bando constitucionalista oficia hoy como líder José Mª Aznar, el mismo que en 1979 definía en el periódico La Nueva Rioja la organización territorial diseñada por la Constitución como "una charlotada intolerable".

En fin, hoy en día UPN-PP defienden la Constitución hasta tal punto que la consideran intocable y anatemizan cualquier propuesta de reforma; por otro lado dudan o niegan la condición de constitucionalistas de los partidos de izquierda (por más que en 1978 entre los más firmes defensores del voto afirmativo a la Constitución se hallaran PSOE, PCE, ORT, PTE o Partido Carlista) o de los nacionalistas (aunque CiU dio su apoyo a la Constitución, y PNV no quiso negárselo explícitamente y se quedó en la abstención). El PSOE también se suele reclamar a sí mismo como constitucionalista, por más que en el País Vasco una a sus siglas las de EE, un partido que predicó el "no" a la Constitución en el referéndum de 1978.

Recordando que en la transición hubo que tachar con sorna a muchos de "demócratas de toda la vida", porque pasaron de la camisa azul y de jurar los principios fundamentales del Movimiento Nacional sin la menor pausa a defender la democracia, hoy podríamos hablar de los "constitucionalistas de toda la vida" que han descubierto recientemente los beneficios de la Constitución de la que tanto desconfiaron cuando fue promulgada.

Parece, por tanto, que el criterio para reconocer a los constitucionalistas no hay que buscarlo en 1978, sino más bien en el presente. Pero tampoco resulta fácil. Allá por los principios del siglo XIX era sencillo distinguir a los constitucionalistas de los que no lo eran. Unos propugnaban el establecimiento de una Constitución, los otros la pervivencia del absolutismo. Que yo sepa, ningún partido político en la actualidad lleva en su programa electoral la abolición de la Constitución y su sustitución por un régimen absolutista (dejo fuera a Batasuna, que sí parece rechazar la Constitución, pero que ha dejado de existir legalmente). Como mucho, hay quienes propugnan alguna reforma constitucional, unos más en profundidad que otros. Pero la posibilidad de reforma está prevista en la propia Constitución, y de hecho quienes se llaman a sí mismos constitucionalistas impulsaron en su día, en 1992, la única y puntual reforma constitucional de que ha sido objeto la norma fundamental de 1978, y también han propugnado otras futuras reformas (aunque el PP desde su llegada al poder ha olvidado sus anteriores propuestas en ese sentido). Incluso partidos a los que quienes se llaman a sí mismos constitucionalistas no consideran constitucionalistas, como PNV y EA, prestan su apoyo al llamado "Plan Ibarretxe" que contiene un expreso reconocimiento de que cualquier reforma institucional de las que propone se hará dentro de los cauces que marcan la Constitución y el Estatuto (uno de los "padres" de la Constitución, Miguel Herrero de Miñón, incluso cree que ese plan tiene cabida constitucional, aunque visto que algunos que rechazaban en 1978 la Constitución hoy pueden ser constitucionalistas, no tengo claro que Herrero de Miñón hoy pueda ser aceptado como constitucionalista vistas las amistades que frecuenta).

Otro criterio posible sería aplicar la etiqueta de constitucionalistas a quienes actúan siempre dentro de la Constitución y jamás se separan un ápice de sus preceptos. No serían constitucionalistas quienes, aunque no se opongan formalmente, en la práctica infrinjan las disposiciones constitucionales (principalmente, el Gobierno vasco y la mayoría del Parlamento vasco, que ya están en el punto de mira de la justicia). Si atendiéramos a este criterio, no tendríamos más remedio que proclamar que en España no hay constitucionalistas. No hay más que tomar la jurisprudencia completa del Tribunal Constitucional desde su nacimiento en 1980 hasta hoy para comprobar que el órgano que vigila el cumplimiento de la carta magna ha tenido que enmendar la plana muchas veces al Gobierno central, a las Cortes Generales, a todos los gobiernos y parlamentos autonómicos, al Tribunal Supremo y a muchos órganos judiciales. Nadie está libre de haber sido parte derrotada en un recurso de inconstitucionalidad, un conflicto de competencias o un recurso de amparo, y de que una sentencia haya declarado públicamente que no cumplió con los mandatos constitucionales. Leyes aprobadas por el PP, o el PSOE, o por ambos partidos "constitucionalistas", han sido declaradas inconstitucionales, lo que quiere decir que se promulgaron en abierta infracción de la norma fundamental. Y mejor no decir nada de todos los preceptos constitucionales que han quedado prácticamente inéditos, porque quienes gobiernan o han gobernado han hecho la vista gorda sobre su existencia (el derecho efectivo a una vivienda digna evitando la especulación del suelo, un sistema tributario justo según el principio de progresividad, el derecho al trabajo y la política de pleno empleo, el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción, y tantos otros).

Me temo que ser constitucionalista no exija otra cosa que reclamarse como tal. Y todavía peor, que ni siquiera exija la adhesión a los valores constitucionales o su práctica. No me parece que algunos de los que andan reclamando a todas horas la preservación del pacto constitucional entiendan bien en qué consiste, quizás porque no participaron en él. La Constitución se elaboró por consenso; y eso quiere decir que quienes tomaron parte en su elaboración llegaron a un compromiso en el que nadie imponía todas sus ideas y todos renunciaron a algo. Pero como todo compromiso, se reflejaba una situación de equilibrio transitorio, que en el futuro podría dar lugar a otra situación distinta mediante un nuevo consenso. Este es el sentido de la reforma constitucional. Las renuncias de unos y otros no tienen porqué ser definitivas. Los republicanos que aceptaron la monarquía no dejaron, por ello, de ser republicanos, es decir, de aspirar a que en un futuro más o menos lejano una reforma constitucional pueda conducir a otra forma de gobierno. Los nacionalistas periféricos que aceptaron la indisoluble unidad de la nación española no renunciaron a ser nacionalistas y en un futuro conseguir un reconocimiento más explícito de su respectiva nación e incluso de su independencia. Los nacionalistas españoles que aceptaron el derecho a la autonomía de las nacionalidades no renunciaron a su idea de unidad de una sola nación española, y en el futuro a modificar un sistema de organización territorial que juzgaban peligrosa para la unidad de España (así lo enunció expresamente Manuel Fraga en vísperas del referéndum constitucional). Los partidarios de la economía de mercado transigieron con que se incluyera en la Constitución la posibilidad de planificación general de la economía, y los partidarios de la planificación económica aceptaron que se reconociera la libertad de empresa en una economía de mercado; pero ni unos ni otros tuvieron porqué renunciar a sus ideas. Se suponía que todo el mundo cabía dentro de la Constitución porque ésta no exigía una profesión de fe ciega en todos y cada uno de sus artículos, sino tan sólo el propósito de acatarlos por su carácter de normas consensuadas para ordenar la convivencia social.

Por lo que se escucha a algunos constitucionalistas, se diría que la Constitución más que un pacto es un dogma que debe ser impuesto; más que unas reglas de juego que permiten una convivencia más o menos tolerable, son unos principios tan indiscutibles, permanentes e inalterables como los contenidos en las leyes fundamentales del franquismo; más que una norma jurídica a cumplir mientras esté vigente (vigencia indefinida pero esencialmente temporal, como la de todas las normas jurídicas), unas nuevas tablas de la ley de origen divino, una verdad revelada cuya desobediencia constituye una blasfemia que se castigará con fuego purificador. Y que el Estado de Derecho no nos ampara a todos como Estado que debe respetar los derechos de cada uno de los ciudadanos sin excepción, sino que es un instrumento que se esgrime en contra de algunos. La Constitución así considerada pierde su carácter de ley fundamental para convertirse en ídolo sagrado que no exige solamente el acatamiento propio de toda norma jurídica sino una actitud de adoración y adhesión inquebrantable que deje de lado cualquier tentación de crítica o de propuesta de reforma. La Constitución deja de ser lo que fue en origen para convertirse en ideología y en arma arrojadiza contra los rivales políticos, a los que se tacha de enemigos de la Constitución.

A los veinticinco años de su promulgación, la Constitución merecería un mejor destino. Y ser salvada de ciertos constitucionalistas.

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