En los últimos tiempos la cuestión lingüística ha sido motivo de polémica en la crispada situación política navarra. Que la convivencia de las dos lenguas de Navarra no se desarrolle en un ambiente más sosegado es preocupante y da que pensar que se ha producido un serio retroceso en lo recorrido en épocas recientes.

En el proceso de modernización de las sociedades europeas, con el paso de una sociedad agraria a otra sociedad industrializada y urbana en los dos últimos siglos, han sido constantes los conflictos lingüísticos por el avance de las lenguas oficializadas por los Estados nacionales a costa de los idiomas y dialectos minoritarios y no oficializados. Determinadas políticas lingüísticas, a veces de forma deliberada, han provocado la desaparición de algunos y la disminución del número de hablantes de otros hasta poner en riesgo su propia existencia. Afortunadamente a final del siglo XX se ha retomado la idea de la pluralidad lingüística como algo cultural y socialmente valioso para cualquier comunidad. Conseguida la alfabetización universal e implantada la educación obligatoria y gratuita en toda Europa se considera no sólo normal sino deseable y cada vez más imprescindible no conocer una sola lengua sino varias, incluyendo las de comunicación internacional. Los sistemas educativos modernos y los actuales medios de comunicación ofrecen en nuestra época amplias posibilidades de hacerlo posible.

El Consejo de Europa y la Unión Europea han declarado el 2001 como "Año Europeo de las Lenguas" con el fin de proteger la plural herencia lingüística y cultural europea dentro de la promoción de una ciudadanía común. Entre sus objetivos se halla motivar a los ciudadanos europeos para desarrollar el plurilingüismo, es decir, promover el conocimiento de varias lenguas, incluyendo las menos usadas y estudiadas, y alentar al mutuo conocimiento entre las sociedades europeas. En buena lógica, debiéramos promover también dentro de cada ámbito nacional o regional el plurilingüismo que se impulsa sin discusión en el entorno europeo.

La "Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas" de las Naciones Unidas de 18 de diciembre de 1990 establece el derecho a disfrutar de su propia cultura y a utilizar su propio idioma, en privado y en público, libremente y sin injerencia ni discriminación de ningún tipo, así como la obligación de los Estados de crear las condiciones favorables para ello, así como para que las personas pertenecientes a minorías lingüísticas puedan tener oportunidades adecuadas de recibir instrucción en su propio idioma.

La "Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias", promovida por el Consejo de Europa y hecha en Estrasburgo el 5 de noviembre de 1992, obligará cuando sea refrendada por España (su ratificación sigue pendiente, se estaba tramitando en las Cortes Generales cuando se disolvieron en febrero de este año) a "una acción resuelta de fomento de las lenguas regionales o minoritarias, con el fin de salvaguardarlas"; a "la facilitación y/o el fomento del empleo oral y escrito de las lenguas regionales o minoritarias en la vida pública y en la vida privada", incluyendo su uso en la Administración y en la Justicia; al "mantenimiento y el desarrollo de relaciones, en los ámbitos que abarca la presente Carta, entre los grupos que empleen una lengua regional o minoritaria y otros grupos del mismo Estado que hablen una lengua utilizada de manera idéntica o parecida, así como el establecimiento de relaciones culturales con otros grupos del Estado que utilicen lenguas diferentes"; a "la provisión de formas y medios adecuados para la enseñanza y el estudio de las lenguas regionales o minoritarias en todos los niveles apropiados"; a "la provisión de medios que permitan aprender una lengua regional o minoritaria a los no hablantes que residan en el área en que se emplea dicha lengua, si así lo desean". Se prevé específicamente "el reclutamiento y, en su caso, la formación de funcionarios y otros empleados públicos, en número suficiente" y "la aceptación, en la medida de lo posible, de las solicitudes de los empleados públicos que conozcan una lengua regional o minoritaria para que se les destine al territorio en que se habla dicha lengua", y se dispone que "la adopción de medidas especiales en favor de las lenguas regionales o minoritarias, destinadas a promover una igualdad entre los hablantes de dichas lenguas y el resto de la población y orientadas a tener en cuenta sus situaciones peculiares, no se considerará un acto de discriminación con los hablantes de las lenguas más extendidas". Asimismo se obliga al fomento de canales de televisión, emisoras de radio y órganos de prensa en dichas lenguas, y a "garantizar la libertad de recepción directa de las emisiones de radio y de televisión de los países vecinos en una lengua hablada de manera idéntica o parecida a una lengua regional o minoritaria, y a no oponerse a la retransmisión de emisiones de radio y de televisión de los países vecinos en dicha lengua".

La Constitución española acoge ya desde 1978 el criterio de pluralidad lingüística. Su art. 3º establece que "el castellano es la lengua española oficial del Estado", y que "las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos". Además, "la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección". Por su parte, el art. 9º del Amejoramiento dispone que "el castellano es la lengua oficial de Navarra", y que "el vascuence tendrá también carácter de lengua oficial en las zonas vascoparlantes de Navarra. La Ley Foral del Vascuence señala que "el castellano y el vascuence son lenguas propias de Navarra y, en consecuencia, todos los ciudadanos tienen derecho a conocerlas y usarlas" y asume como objetivos "amparar el derecho de los ciudadanos a conocer y usar el vascuence y definir los instrumentos para hacerlo efectivo", "proteger la recuperación y el desarrollo del vascuence en Navarra, señalando las medidas para el fomento de su uso" y "garantizar el uso y la enseñanza del vascuence con arreglo a principios de voluntariedad, gradualidad y respeto, de acuerdo con la realidad sociolingüística de Navarra". Hay que advertir que la división de Navarra en tres zonas lingüísticas, una solución que no ha adoptado ninguna otra Comunidad Autónoma, confinando la oficialidad del vascuence a las zonas vascoparlantes, en opinión de muchos ha creado sin necesidad una crónica fuente de conflicto; para miles de navarros su lengua no es oficial en su municipio, entre ellos los de Pamplona, la localidad con mayor número absoluto de vascoparlantes, para quienes la declaración de cooficialidad se convierte en la práctica en monolingüismo oficial.

En virtud de las normas citadas y de nuestra realidad social está claro que hoy no se trata de resolver en Navarra la promoción de una lengua común, lo es el castellano, generalizado ya hace un siglo en la educación obligatoria, ni tampoco establecer una especial protección de esta lengua, que no corre el menor riesgo y está en progresión en el ámbito internacional. Tampoco si debe protegerse la lengua minoritaria, el euskara, ni mucho menos si se deben aprender además otras lenguas; la respuesta es indudablemente afirmativa. La cuestión es cómo hacer posible una normal convivencia de las dos lenguas habladas en Navarra de modo que se respeten los derechos de todos los ciudadanos.

Esta cuestión exige espíritu de tolerancia y no presentar la cuestión como si existieran dos comunidades lingüísticas cuyas aspiraciones fueran mutuamente excluyentes y llevaran inevitablemente a la discriminación. La realidad es otra; el castellano es lengua propia de casi todo el pueblo navarro, incluyendo a quienes también hablan la lengua vasca. El euskera. es además primera lengua de una parte importante de los navarros, e incluso buena parte de quienes no la hablan la consideran propia en cuanto que parte de su patrimonio cultural. El conflicto entre lenguas es falso y suele estar atizado por intereses políticos. Ambas pueden convivir perfectamente si se ponen los medios –y la voluntad- suficientes. Tampoco hay un conflicto entre comunidades lingüísticas ni existe una extendida crispación social en torno a esta cuestión. Según los datos que ofrecen estudios realizados por la extinguida Dirección de Política Lingüística del Gobierno de Navarra, aunque las actitudes favorable, indiferente y contraria de la población navarra hacia la lengua vasca aparecen equilibradas, al comparar los resultados de la encuesta de 1996 con los obtenidos en 1991 es claro el descenso de las actitudes contrarias. Al mismo tiempo se ha producido un aumento en la actitud indiferente o con escaso interés procedente de personas que anteriormente manifestaban una actitud contraria, y también se ha producido un incremento en las actitudes favorables. Se aprecia, pues, un movimiento de la población hacia actitudes más tolerantes y activas hacia el euskara, y que tiene poco o nada que ver con una determinada opción ideológica, como a veces se quiere hacer ver, pues no conlleva un correlativo crecimiento electoral del nacionalismo vasco.

Últimamente se han producido hechos que llevan a pensar que el clima de consenso que, afortunadamente, se había ido generando en torno a una convivencia no problemática de las dos lenguas de Navarra y a la protección y fomento de la lengua vasca se ha empezado a deslizar hacia un clima de conflicto. Se han formulado propuestas y lanzado opiniones que, además de ir en línea contrapuesta a lo que la legislación impulsa, contribuyen a crispar y enrarecer el ambiente.

En época reciente el conflicto lingüístico ha formado también parte sustancial de la agenda política en Cataluña. Pese a que su legislación lingüística ha merecido un alto grado de consenso y a que tradicionalmente la convivencia de dos lenguas ha sido ejemplar, determinados grupos han fomentado un clima de enfrentamiento y de supuestos agravios. Que dicha pugna era azuzada artificialmente y se ha anulado en virtud de circunstancias estrictamente políticas queda de manifiesto con lo acaecido en el último congreso del Partido Popular de Cataluña. En su clausura, el pasado 17 de septiembre, José Mª Aznar pronunciaba estas palabras: "Nadie tiene que convencer a nadie de que la lengua catalana es una riqueza innegable que debe ser respetada y cuidada. El problema es cuando se intentan justificar discursos antiguos alimentando conflictos inexistentes considerando obsesivamente el error de que otras lenguas pueden amenazar la existencia o ser un conflicto para la lengua catalana. Yo suelo hablar muy a menudo con muchos catalanes de distinto origen y distintas ideologías y a mí nadie me tiene que convencer de que en la calle no existe problema alguno, porque el bilingüismo es una joya que todos debemos respetar, que tenemos que cuidar. Como tenemos que cuidar las cosas más queridas de nuestro país, de nuestra comunidad, de nuestra ciudad, de nuestra familia. Y nuestras lenguas son un activo que no nos podemos permitir dilapidar. Son un factor de suma y no de resta, son un factor de comunicación y no de falta de comunicación. La España en la que nosotros creemos y por la que trabajamos está muy orgullosa de su diversidad y de su riqueza".

¿Cuándo podremos oír un discurso equivalente en Navarra?