¿COMPRAR DERECHOS?

Una de las propuestas que han generado polémica en esta campaña electoral es la realizada por el PP sobre un “contrato de integración” para los inmigrantes extracomunitarios que será requisito para renovar el permiso de residencia y trabajo. Lo que se propone es, literalmente según consta en el programa electoral del PP, lo siguiente:

“-En el Contrato de Integración el inmigrante se comprometerá a cumplir las leyes y a respetar los principios, valores y costumbres de los españoles, a aprender la lengua, a pagar sus impuestos y cotizaciones, a trabajar activamente para integrarse, y a retornar a su país si durante un tiempo carece de empleo y de medios.

-La Administración española se comprometerá a garantizarle los mismos derechos y prestaciones que a un español, a ayudarle en su integración, a respetar sus creencias y costumbres –siempre que éstas últimas no sean contrarias a las leyes españolas-, a enseñarle la lengua, a ayudarle y formarle para encontrar empleo, y a colaborar en su retorno si carece de empleo y de medios.

-Para el cumplimiento del contrato se podrán establecer mecanismos de evaluación”.

En resumen, bajo el bonito argumento de lograr la integración de los inmigrantes lo que se está diciendo es que tendrán derechos sólo si se portan bien; podrán quedarse sólo en la medida en que se valore que se están integrando, convirtiendo el derecho a la integración en obligación de integrarse y pasar con buena nota los exámenes; la obligación de respetar la ley que tiene cualquier persona en cualquier país se amplía con la de respetar “principios, valores y costumbres de los españoles”, deber, vago, abstracto e indefinible del que también podrá ser evaluado (lo que puede dejar en manos de la Administración una potestad ampliamente discrecional para expulsar a cualquiera). El derecho a trabajar se convierte en obligación de trabajar bajo amenaza de expulsión, y lo mismo sucede con el aprendizaje de la lengua.

El resultado práctico de introducir semejantes medidas en nuestro ordenamiento jurídico sería establecer para siempre jamás una sociedad con dos tipos de ciudadanos. Los nacionales, titulares de los derechos y obligaciones definidos en la Constitución y en las leyes (obligaciones entre las cuales no está la de respetar principios, valores y costumbres, que es contraria a la libertad y al pluralismo, sino sólo respetar la ley); y los extranjeros, desiguales en derechos y obligaciones y sometidos a permanente amenaza de expulsión en cuanto reciban una evaluación adversa.

Bajo esta propuesta late una concepción negativa hacia los inmigrantes. Se percibe el temor hacia el diferente, a quien tiene otras costumbres, a quien llega con otra lengua. Y la concepción meramente utilitarista de la inmigración; aceptaremos a los inmigrantes en la medida en que trabajen y tengan recursos propios, pero en cuanto se conviertan en un problema porque carezcan de ellos los expulsaremos. Las personas son reducidas a mano de obra; la supuesta integración social degradada a simple integración laboral. Cuando no los necesitemos, los enviaremos de vuelta a su país. En el ámbito de la globalización neoliberal es asumible suprimir las fronteras para liberalizar el tránsito de capitales (ya conseguido) y mercancías (conseguido cuando van de los países desarrollados hacia los pobres, todavía no en sentido contrario), pero parece que no para los trabajadores.

Frente a tal concepción debemos afirmar la condición de personas de los inmigrantes (extra o intracomunitarios), personas con derechos iguales a las demás personas y derivados de su condición de tales. Los derechos se reconocen directamente por la Declaración Universal de las Naciones Unidas, cuyo artículo 29.2 dice que “en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática”. No es aceptable que por el mero hecho de ser extranjero haya que hacer méritos de buena conducta para adquirir derechos a través de un contrato.

El único contrato que necesitamos todos, nacionales y extranjeros, para reconocer derechos es la Constitución. Y aquí sí que hay un trecho por recorrer, sería conveniente una reforma constitucional en el sentido de recoger los principios de igualdad de derechos y de integración social de los inmigrantes.

La Constitución española vigente en su artículo 14 establece que “los españoles son iguales ante la ley”; se renunció a recoger la todavía revolucionaria formulación del artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Los extranjeros actualmente son titulares de los derechos constitucionales sólo en la medida y términos que establezcan los tratados y la ley. Esta remisión debiera ser reformulada; el reconocimiento de derechos no debiera quedar condicionado a la ley, sino al contrario. Debieran desaparecer las leyes de extranjería, sustituidas por leyes de ciudadanía basadas en el principio de igualdad de derechos de todos los seres humanos.

La Constitución española no menciona a los inmigrantes, y a la inmigración sólo en el artículo 149 para atribuir al Estado las competencias en la materia. A la altura de 1978 no sorprende que los padres constitucionales no se preocuparan más de algo todavía casi inexistente. Sí se acordaron en el artículo 42 de los emigrantes, que era la realidad a la que se enfrentaban entonces, para disponer la obligación del Estado de “velar por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero” y de orientar la política hacia su retorno. Hoy que hemos dejado de ser tierra de emigración para convertirnos en país de acogida falta un precepto dedicado a la inmigración que consagre y delimite el derecho a la integración social.

Los derechos ni se compran ni se venden; sobra el “contrato de integración”, y falta el propósito real de abrirnos, de verdad, a la integración.

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