Recientemente la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona ha reabierto, con la celebración de unas jornadas abiertas, un debate que dura ya muchos años pero que de momento ha ofrecido pocos frutos. Se trata de la institucionalización administrativa de la comarca, o dicho de otro modo, la cuestión de la adecuación del mapa municipal a las necesidades de hoy.

En el fondo, parte de un problema de fondo que afecta, no sólo a la comarca, sino a toda Navarra, por no mencionar ámbitos más amplios. Se trata de la evidente inadecuación de un mapa municipal y unas estructuras administrativas del siglo XIX a las exigencias de la sociedad navarra actual. La existencia de 272 municipios para poco más de medio millón de habitantes tiene efectos por todos conocidos (la Cámara de Comptos los recuerda en cada informe anual). Ayuntamientos que teóricamente disfrutan de plenitud de competencias para atender todos los intereses de sus vecinos y para prestarles los servicios básicos pero que en la práctica carecen de los mínimos recursos (que muchos sean incapaces de mantener un secretario propio, y hasta para restaurar la casa consistorial dependan de una subvención es suficiente ejemplo). Un principio de autonomía local que, por más que lleve más de veinte años inscrito en la Constitución, no se ha hecho realidad, y cada día está más lejos de ello. La única autonomía fortalecida en estos años ha sido la de la Administración Foral, que frente a la permanente minoría de edad de los municipios y concejos mantiene sobre ellos una tutela de hecho a través de los Planes de Infraestructuras Locales, Planes Directores, Proyectos Sectoriales de Incidencia Supramunicipal, Fondo de Participación en los impuestos de Navarra, Normas Urbanísticas Comarcales, etc. Ya que los municipios no pueden –y poquito más las mancomunidades-, es el Gobierno de Navarra el que planifica, regula, decide, y, sobre todo, quien administra el dinero. El papel de los alcaldes y concejales sigue siendo recorrer despachos para que su municipio sea afortunado con su inclusión en los planes, proyectos, programas, subvenciones.

Urge una reforma en profundidad del mapa administrativo con el criterio de constituir entidades locales que por su población, extensión y recursos económicos sean capaces de asumir efectivamente sus responsabilidades. Frente al municipio menor de edad que predomina hoy, debemos avanzar hacia el municipio sostenible; frente al nuevo centralismo del Gobierno de Navarra, hacia la creación de entes supramunicipales capaces, eficaces y democráticos. En la comarca de Pamplona debería irse hacia una Entidad Metropolitana que asumiera aquellas competencias que exigen una visión comarcal o cuya eficacia se impulsara con una gestión común: urbanismo, vivienda, transporte, tráfico, etc. Una entidad de organización democrática, es decir, con órganos elegidos directamente por los vecinos, pero también representativa de las distintas localidades. Porque la existencia de entes supramunicipales –como, si se llegara a ello, la fusión de municipios- no debe ser incompatible con la existencia de órganos representativos en cada núcleo de población y con el mantenimiento de la identidad de cada uno de ellos. En Navarra hemos tenido tradicionalmente ejemplos de coexistencia de los concejos con los municipios, o de éstos con Juntas de Valles (Roncal, Salazar, Aézkoa), o el caso del valle de Baztán, municipio en el que convive el Ayuntamiento común con los jurados de cada lugar, o las propias mancomunidades. Ejemplos que nos dicen que la Administración Local no se agota en que cada localidad tenga su Ayuntamiento; pero que debieran servir de pauta para la adaptación de la estructura administrativa local a las necesidades de la ciudadanía del siglo XXI.