CALLES
NEUTRAS
Andan algunos discutiendo estos días si
el nombre de las calles debiera ser políticamente neutro o si, por el
contrario, no cabe neutralidad ante ciertos fenómenos y resulta obligado, por
ejemplo, bautizar calles en recuerdo de las víctimas del terrorismo.
Denominar calles dejó de ser neutral
hace ahora dos siglos. Hasta entonces el nombre de las vías públicas había sido
de creación popular y espontánea con criterios puramente descriptivos. La
geografía física, las formas del relieve y los accidentes naturales, o la
geografía humana, las formas de poblamiento, la arquitectura y las
instituciones, las actividades económicas, los oficios y gremios, imponían su
ley. Calle Mayor, Calle Nueva, Cuesta del Palacio, Calle Mercaderes, Calle
Tejería, Plaza Consistorial, Plaza del Castillo, Calle San Miguel, Plaza de San
Francisco, Calle de Recoletas, los cascos medievales de nuestras ciudades
abundan en tales nombres. La cosa cambió cuando dar nombre oficial a los
espacios urbanos fue asumido como una potestad más del poder político utilizado
para construir una determinada identidad colectiva.
En nuestro país el banderazo de salida
para la toma de posesión simbólica del callejero por los gobernantes es
perfectamente datable. El Decreto de 14 de agosto de 1812 de las Cortes de
Cádiz ordenó que “la plaza principal de todos los pueblos de las Españas” en
la que se celebrara el acto solemne de promulgación y juramento “sea denominada en lo
sucesivo plaza de la Constitución, y que se exprese así en una lápida erigida
en la misma”.
A partir de que Fernando VII dispuso la abolición del régimen constitucional en
1814 en muchas de esas plazas la lápida fue sustituida por otra con el nombre
de Plaza Real. Con los sucesivos cambios de régimen los nombres irán y vendrán.
Plaza de la Constitución de nuevo entre 1820 y 1823, y otra vez a partir de
1836; acaso Plaza de la República en 1873 o de nuevo en 1931.
A lo largo del siglo XIX las calles se van poblando
de nombres alusivos al nuevo régimen liberal -y a la idea nacional que le
acompaña-, se homenajea a sus héroes, civiles y militares, con muchos
generales, ministros, alcaldes y efemérides patrióticas. Esos nombres con
frecuencia van cambiando en estos dos últimos siglos según discurren las
circunstancias políticas y varían los gobernantes, por mucho que las leyes
suelan disponer inútilmente que no se introduzcan cambios si no es
estrictamente necesario. Conservadores, progresistas, republicanos,
tradicionalistas, mauristas, nacionalistas, franquistas; cada toma de poder, y
más cuando se hace a través de una revolución o una guerra civil, deja
abundante rastro en el nombre de las vías urbanas.
La cuestión es tan importante que,
aunque desde 1823 se atribuye a los Ayuntamientos la competencia para formar y
mantener el callejero, los nombres tienen que ser autorizados por la
superioridad, en unas épocas el Gobernador Civil y en otras el Ministerio de la
Gobernación. Así se ordenaba en las leyes de ensanche de las poblaciones y en
las disposiciones de régimen local hasta que en 1924 el Estatuto Municipal
estableció el principio de autonomía local; pero de nuevo el franquismo
introdujo un control gubernativo que duraría hasta 1979.
Hoy los alcaldes gozan de
amplia discrecionalidad para elegir nombres, pero se han establecido límites de
carácter esencialmente político. La Ley de Memoria Histórica de 2007 ordena la
retirada de “las menciones conmemorativas de exaltación, personal o
colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de
la Dictadura”, lo que ha llevado a muchos Ayuntamientos a emprender una
tardía revisión de sus callejeros. Por la misma época los tribunales han
determinado que la dedicación de vías públicas a miembros de ETA puede
encuadrarse en el delito de enaltecimiento o justificación del terrorismo. El
Parlamento Vasco en su Ley de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del
Terrorismo de 2008 ha dispuesto que los poderes públicos han de adoptar las
medidas apropiadas “para prevenir y evitar la realización de actos efectuados
en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o
de sus familiares, exaltación del terrorismo, homenaje o concesión pública de
distinciones a los terroristas”. Actualmente se tramita en el Congreso de
los Diputados una proposición de modificación de la Ley de Solidaridad con las
Víctimas del Terrorismo suscrita por varios grupos parlamentarios que añade un
nuevo precepto por el cual el Estado “asume la defensa de la dignidad de las
víctimas, estableciendo la prohibición de que en los lugares públicos existan
monumentos, escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones
conmemorativas o de exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del
terrorismo o de los terroristas”.
Dar nombre a las calles, en
cuanto potestad política, difícilmente puede ser neutro. A estas alturas no
parece posible, en una sociedad desarrollada, devolver a la espontaneidad
popular la tarea de nombrar las vías. Dependemos demasiado de que los
callejeros, los padrones, los censos, los mapas, los códigos postales, tengan
carácter oficial y estén debidamente aprobados por las instituciones públicas.
Elegir unos nombres u otros siempre tiene una carga simbólica que se relaciona
con los valores que oficialmente presiden la convivencia de una determinada
comunidad en un determinado momento histórico. Incluso la decisión de elegir
nombres supuestamente neutros tiene un componente político. Elegir, como se ha
hecho en el último siglo en Pamplona, con tanta insistencia nombres de reyes de
Navarra, de montes de Navarra, de ríos de Navarra, de pueblos de Navarra, de
monasterios de Navarra, de músicos de Navarra, de arquitectos de Navarra, de
escritores de Navarra, de pintores de Navarra, tiene mucho que ver con
ciertos valores ligados a una determinada identidad política. Acerquémonos a
ciudades vecinas y veremos que no han hecho lo propio. Optar por el nombre de
artistas y no de militares o políticos, o viceversa, no es neutro. Elegir la
Paz como nombre y no alguna batalla, tampoco.
Y elegir, como es el caso
que ha dado lugar al actual debate, nombres de víctimas del terrorismo, y de
unas determinadas víctimas y no de otras, tampoco es neutral. Pero si nunca
serán decisiones neutrales, sino inevitable y legítimamente decisiones
políticas a tomar por los órganos a quien la ley se las atribuye, sí sería
deseable que fueran decisiones que buscaran el consenso social y que no
buscaran únicamente imponer criterios partidistas. En ocasiones honrar sólo a
unas víctimas se puede convertir en un acto de agravio frente a otras que son
oficialmente olvidadas; mantener en el mismo callejero el homenaje de víctimas
y de victimarios, aunque correspondan a épocas distintas de la historia, carece
de coherencia y del mínimo criterio de justicia. Cuestiones que más allá de polémicas
interesadas de corto alcance debieran llevar a una reflexión de fondo sobre
cuáles son, de verdad, los valores colectivos que se quieren poner de
manifiesto y los mecanismos para acordar y reconocer tales valores.