Australia celebró con entusiasmo su bicentenario en 1988, tomando como fecha fundacional el 26 de enero de 1788, cuando una flota británica desembarcó en la bahía de Sydney para crear la colonia penitenciaria de Nueva Gales del Sur. El próximo uno de enero celebrará el centenario de la constitución de una federación soberana por las antiguas colonias de Nueva Gales del Sur, Victoria, Queensland, Tasmania, Australia del Sur y Australia del Oeste –la Commonwealth of Australia- bajo la corona británica. Entre estas dos fechas la política australiana está dominada por un debate sobre su identidad como nación, uno de cuyos aspectos fundamentales es el denominado proceso de reconciliación.

La sociedad australiana –como tantas otras sociedades modernas- es enormemente plural. Formada sobre todo por la recepción de emigrantes, entre sus 19 millones de habitantes uno de cada cuatro ha nacido fuera de Australia. Además, un cuarto de millón de australianos son aborígenes, descendientes de los primitivos pobladores anteriores a la colonización. Durante la mayor parte de su historia Australia se imaginó a sí misma como una nación blanca y cristiana, una prolongación de Europa en Oceanía. En 1901, apenas constituida la federación australiana, se dictó una ley de restricción de la inmigración que iniciaba la conocida como White Australia Policy, política para una Australia blanca dirigida a fomentar la inmigración británica, a potenciar la natalidad y, sobre todo, a evitar la emigración asiática y polinesia. Como requisito para establecerse en Australia se exigía una prueba de dictado en alguna lengua europea que excluía a los candidatos indeseados –en caso necesario se recurría al dictado en galés-. Los aborígenes –una minoría despojada de sus tierras a la que se podía ignorar, se calcula que en 1788 no eran más de trescientos mil- estaban excluidos de esa sociedad: la Constitución australiana adoptada en 1901 disponía que no fueran incluidos en los censos de población.

El ideal de la Australia blanca entró en crisis a partir de la Segunda Guerra Mundial. La emigración británica empezó a disminuir a favor de la procedente de otros países europeos y posteriormente asiáticos. Se alzaron voces, incluso en las Naciones Unidas, cada vez más críticas con una política racista incompatible con la Declaración Universal de Derechos Humanos. En 1958 desaparece el dictado, y en 1973 una nueva legislación sobre derechos humanos e igualdad de oportunidades suprime cualquier criterio racial en la admisión de inmigrantes. Si en 1976 todavía el 41 % de los emigrantes procedía de las Islas Británicas, en 1996 esa cifra había caído al 29 %, y se reducían también los emigrantes llegados de países como Italia o Grecia. Cada vez son más los emigrantes llegados de la antigua Yugoslavia, Vietnam, China, Filipinas o Malasia. En 1996 ya procede de Asia el 22 % de los inmigrantes. Aunque subsisten actitudes racistas, sobre todo hacia los asiáticos, Australia se va convenciendo de que su futuro pasa por ser un país multirracial y multicultural, una nación con lazos de cohesión más políticos que étnicos, y vinculado económicamente más a Asia que a Europa.

Paralelamente se inicia el cambio de actitud hacia la minoría aborigen –un 1,6 % de la población-. El progresivo otorgamiento del derecho al voto a los aborígenes –Queensland es el último estado en hacerlo en 1965- y su reconocimiento de la ciudadanía australiana culmina en la reforma constitucional de 1967 que equipara sus derechos a los demás australianos. A nivel federal y estatal se multiplican los organismos específicos para los asuntos aborígenes. En 1991 el parlamento federal crea el Council for Aboriginal Reconciliation, con miembros aborígenes y no aborígenes. Los trabajos de ese organismo –cuya divisa es una Australia unida, el respeto a los valores de la herencia aborigen y justicia e igualdad para todos- deben finalizar el año 2001, centenario de la federación australiana, con un documento de reconciliación debatido en el parlamento. Se acaricia también la idea de una reforma constitucional, una especie de refundación de una Australia reconciliada. En 1992 se dicta la sentencia conocida como caso Mabo –por Eddie Mabo, líder aborigen que encabeza una demanda contra el estado de Queensland-; afirma que, conforme al common law, las declaraciones de soberanía de la corona británica, y luego de los estados australianos, no afectan a la propiedad de las tierras por parte de los aborígenes. Es decir, que Australia no era terra nullius, una tierra de nadie a la llegada de los británicos, sino que deben respetarse los previos títulos de propiedad de los aborígenes. Esa decisión provoca una ley federal de títulos nativos de 1993 que permite a las comunidades aborígenes que han mantenido de forma continuada su vinculación con un territorio reclamar el reconocimiento de su propiedad. Grandes extensiones de tierra, sobre todo del interior del país, han sido reconocidas como de titularidad aborigen, aunque muchas reclamaciones siguen sometidas a complejos procesos de negociación o decisión judicial, y el comité para la eliminación de la discriminación racial de las Naciones Unidas ha llamado la atención del gobierno australiano sobre algunos extremos en la aplicación de las leyes de títulos nativos.

El proceso de reconciliación atraviesa momentos difíciles; muchos australianos creen que se está diluyendo bajo el gobierno de coalición conservadora presidido desde 1996 por el liberal John Howard. Una cuestión particularmente polémica son las Stolen Generations, generaciones robadas. Con arreglo a leyes supuestamente protectoras hasta los años setenta muchos niños aborígenes fueron separados de sus padres, con engaños o por la fuerza, y entregados a instituciones -oficialmente para niños huérfanos- o a familias blancas para su educación al uso europeo. Esos niños desarraigados han sido cantera tradicional de activistas en los movimientos por los derechos de los aborígenes. En 1995 el gobierno presidido por el laborista Paul Keating impulsó una comisión de investigación independiente que publicó conclusiones reconociendo la necesidad de reparar el daño infligido a los aborígenes, incluyendo un público reconocimiento de culpa. El primer ministro Howard ha afirmado que, aunque lamenta personalmente lo sucedido con los niños aborígenes, como gobernante y en contra de las numerosas voces que lo reclaman no cree que el actual ejecutivo deba pedir perdón. Instancias cercanas al gobierno sugieren que no puede hablarse de Stolen Generations, dado que el número de niños separados de sus familias no pasó del 10 % de la población aborigen; otros elevan esa cifra al 30 %, pero en cualquier caso quienes critican la posición gubernamental alegan que no es cuestión de cantidad, sino del impacto que tuvo esa política sobre toda la comunidad aborigen.

Otro obstáculo en el proceso de reconciliación ha sido el referéndum de reforma constitucional de noviembre de 1999. Más conocido en el extranjero como consulta sobre la república o la monarquía, resuelto a favor de ésta, contenía una segunda pregunta de tintes más complejos. La reforma había sido impulsada por el anterior gobierno laborista de cara a la mencionada refundación que debía coincidir con el centenario de la federación, y dio lugar a la elección de una Convención Constitucional que concluyó sus propuestas en febrero de 1998. Esas propuestas no sólo se referían al establecimiento del sistema republicano, rompiendo los lazos con la corona británica, sino también a introducir un nuevo preámbulo en la Constitución reconociendo la ocupación originaria de Australia por los aborígenes y sus derechos sobre la tierra, así como la diversidad cultural australiana. El gobierno de Howard, además de maniobrar hábilmente para dividir a la mayoría republicana en torno a la elección del presidente de la república –proponer la elección parlamentaria y no popular motivó que parte del movimiento republicano propugnara el voto negativo-, sometió a referéndum una descafeinada adición al antiguo preámbulo constitucional que ignoraba la mayoría de las propuestas de la convención y que, aunque honraba a los aborígenes como primeros habitantes de Australia, su estrecha vinculación con la tierra y su antigua cultura, se cuidaba mucho de reconocer ningún derecho. Si el referéndum sobre la república se decidió con un 56 % de los votos válidos en contra, el rechazo a la propuesta de reforma del preámbulo alcanzó el 61 %.

El debate de la reconciliación continúa pese a estos obstáculos y otros difíciles interrogantes. Son problemáticos incluso los sujetos de la reconciliación; ¿constituyen los aborígenes una comunidad política diferenciada? En los últimos años son cada vez más frecuentes los matrimonios mixtos que difuminan la línea de separación entre aborígenes y no aborígenes, y la persistencia de una cultura aborigen tradicional es precaria. El 70 % de los aborígenes vive en zonas urbanas, el 74 % profesa la religión cristiana, muchos tienen como lengua materna el inglés. Los aborígenes nunca han constituido una única etnia, sino muy diversos grupos lingüísticos y culturales. Los nativos de las islas del Estrecho de Torres, entre Australia y Nueva Guinea y que sólo a partir de 1871 fueron unidas a la colonia de Queensland, tienen reconocida una identidad diferenciada del resto. La autonomía de las comunidades aborígenes, su gobierno por consejos locales que aplican normas consuetudinarias, sólo es posible en algunas remotas zonas rurales y para una minoría de la población aborigen. Lo que se considera como cultura aborigen, e incluso los problemas de los aborígenes, están sometidos a un evidente mercadeo político y económico en beneficio de otros. Y dado que la situación de los aborígenes es claramente desventajosa respecto al resto de los australianos –todos los indicadores sobre educación, salud, vivienda, desempleo, antecedentes penales, renta, les son desfavorables- muchos reclaman que, más que gestos, se apliquen políticas sociales más decididas. Políticas sociales que en estos momentos no tienen el viento a favor, dada la política económica neoliberal del gobierno australiano. Aprovechando la notoriedad internacional de los próximos Juegos Olímpicos a celebrar en Sydney a partir del 15 de septiembre los movimientos por los derechos de los aborígenes han anunciado movilizaciones, aunque han descartado un boicot que no favorecería su causa, entre otras cosas, porque también participarán algunos deportistas aborígenes.