A POR LOS
FUNCIONARIOS
Uno de
los principales éxitos que está teniendo la cruzada ideológica del
neoliberalismo que promueven los propietarios del planeta es la división de los
posibles adversarios. Quienes han provocado y se siguen beneficiando de la
crisis económica y social (sí, me refiero a banqueros, especuladores,
financieros y otros grandes empresarios), que quieren salir de rositas y parece
que lo pueden conseguir, han logrado que los sufridos ciudadanos de a pie
vuelquen sus iras contra diversos chivos expiatorios a menudo igual de víctimas
del sistema. Los nativos murmuran contra los inmigrantes; los parados están
resentidos contra quienes tienen trabajo; quien tiene un contrato temporal
envidia al que lo tiene fijo, y este al delegado sindical a salvo de momento
del despido; los trabajadores del sector privado se sienten agraviados por los
funcionarios con puesto de trabajo inmune a reducciones de plantilla o cierre
de la empresa, y todos conjuntamente abominan de los políticos. No puede ser
tanta discriminación, claman los expertos, hay que acabar con la dualidad del
mercado de trabajo. Hay que equiparar a unos y otros, dicen, pero, por
supuesto, no incrementando los derechos y la protección de los más
desfavorecidos sino igualando por abajo, recortando derechos a los que los
tienen como en la reciente reforma laboral. Pero para lograr ese objetivo de
sacrificar a mayor gloria de la cuenta de resultados del capital los derechos
sociales conseguidos durante el último siglo hay que desprestigiar a todo el
que se resista. De cara a la huelga del pasado 29 de septiembre la campaña de
demonización de los sindicatos ha sido ejemplar: vagos, parásitos,
prehistóricos, violentos, no se han ahorrado descalificativos.
Algunos
funcionarios pueden creer ingenuamente que ya hemos pagado el precio de la
crisis que nos correspondía con el recorte de retribuciones impuesto el pasado
mes de junio con el aplauso de buena parte de la ciudadanía a la que se le
convenció de que, además de unos privilegiados y una rémora de la economía,
somos unos caraduras que apenas trabajamos. Eso ha sido solo la primera parte.
Como elemento esencial del Estado de Bienestar que hay que desmantelar (resulta
demasiado caro como para que a quienes aspiran a seguir enriqueciéndose sin
límite y quedarse con todo les salgan las cuentas) los funcionarios somos un
objetivo a abatir. Convencida ya la población de que somos demasiados y de que
aún con la rebaja demasiado caros (mentiras inmunes a los datos que indican lo
contrario comparando la función pública en España y en otros países), el
siguiente paso es eliminar la función pública tal como la hemos conocido. El
servidor público profesional al que se recluta con arreglo al principio de
mérito y capacidad y se asegura un puesto de trabajo vitalicio inmune a los
cambios políticos para asegurar su dedicación e imparcialidad, principios
recogidos en la Constitución española (una norma sometida también a inexorable
operación de derribo, aunque con disimulo), está hoy de sobra. Mejor unos
empleados a los que se pueda contratar y despedir con facilidad por el
gobernante de turno según las conveniencias políticas y económicas.
De
momento los síntomas son livianos, discretos, pero están ahí. Solo en esta
última semana y solo en Navarra tenemos un par de claros ejemplos. El otro día
se aprobó por el Parlamento de Navarra el Plan Moderna, un plan estratégico que
pretende diseñar la Navarra de dentro de veinte años. Copio de su apartado
sobre Administración Pública un par de citas que no tienen desperdicio: entre
las acciones inmediatas se hallan “flexibilizar
el estatuto de empleado público” y “suprimir
el carácter vitalicio de los funcionarios”. Da igual que Navarra carezca de
competencia para lograr este segundo objetivo porque por encima de su
legislación está la básica estatal que de momento garantiza la inamovilidad en
la condición de funcionario de carrera. De momento se ha puesto la semilla y la
idea está sembrada aunque sea en la letra pequeña, en el documento desarrollado
de más de 200 páginas que casi nadie ha leído porque con mucha astucia se ha
elaborado otro abreviado de 36 páginas con el pomposo título de Resumen Ejecutivo en el que no figuran
tales medidas y que es el que se ha leído y con el que se ha conseguido el
apoyo de algunos sindicatos y el voto favorable de algunos grupos
parlamentarios que no han caído en la cuenta de la emboscada.
Se
tramita también estos días una reforma de la Ley Foral de Policías de Navarra.
Un texto promovido por el PSN con la teórica pretensión de mejorar su estatus y
que por obra y gracia de algunas enmiendas de UPN sorprendentemente asumidas
por el grupo proponente se ha convertido en una amenaza cierta de recorte de
derechos. Como de muestra vale un botón me limitaré a mostrar el botón de mayor
tamaño contenido en las enmiendas; se reconocen, cómo no, los derechos
sindicales de los policías navarros pero “con
los requisitos establecidos por la legislación sobre libertad sindical, en los
términos establecidos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.
El propósito está apenas disimulado aunque sea una redacción técnicamente
deficiente, por no decir una manifiesta chapuza. Las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado no tienen un régimen de libertad sindical común. Los
miembros de la Guardia Civil simplemente no disfrutan de libertad sindical,
tienen prohibida la pertenencia a sindicatos; los miembros del Cuerpo Nacional
de Policía sí la disfrutan, pero limitada respecto del resto de los
funcionarios ya que solo pueden afiliarse “a
organizaciones sindicales formadas exclusivamente por miembros del propio
cuerpo” que “no podrán federarse o
confederarse con otras que, a su vez, no estén integradas exclusivamente por
miembros del referido cuerpo”. Suponiendo que es este segundo régimen el
que se quiere imponer a los policías de Navarra en todo caso se trata de un
clamoroso recorte de derechos y de una norma de manifiesta
inconstitucionalidad. Tratándose de un derecho fundamental sólo puede ser
regulado y limitado por Ley Orgánica. Una Ley Foral no puede entrar a regular
su ejercicio haciendo un recorte respecto de lo que está establecido por la
legislación estatal para el resto de los funcionarios.
La mayor parte de los funcionarios, de momento, no parece muy preocupada y su respuesta a las dos huelgas convocadas en los últimos meses, el 8 de junio para la función pública y el 29 de septiembre con carácter general, ha sido más que tibia. Pero harán bien en tomar nota de que también vienen a por los funcionarios.
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