Escribía hace años Fernando Savater que ciertos conflictos en Euskadi funcionaban mediante una cadena de provocaciones y malentendidos: "los contendientes en liza (el Gobierno del Estado por una parte y los abertzales por otra) preparan la reacción contra la agresiva mala fe con la que el adversario va a recibir su mano generosamente tendida aun antes de que haya tiempo y ocasión para tenderla. Cada cual está seguro de su propia rectitud, pero no de que el otro sea lo suficientemente honesto como para apreciarla; por lo tanto, se le presenta desde el principio el rostro feroz que supuestamente el adversario debe esperar… ¡para que aprenda! La verdad es que así no hay manera" (recopilado en Contra las patrias, Tusquets, 1996).

Me temo que todos los debates sobre el problema vasco (quizás debiéramos decir el problema español visto el trascendente y central papel que ocupa en la política española) están aquejados del mismo mal. Es previsible que cualquier opinión o propuesta esté de antemano descalificada en función de su autor por el bloque contrario. La política española funciona a base de bloques excluyentes; o se está con Bush o con Sadam Hussein, o se está con la Ley de Partidos o con ETA, dice Aznar. Con todo, me arriesgaré a escribir otro artículo inútil, como con acierto ha titulado el suyo un grupo de escritores vascos (El País, 27 de septiembre), para analizar las propuestas contenidas en el reciente discurso del lehendakari Ibarretxe ante el Parlamento Vasco. Haré el imposible ejercicio de no sumarme ni al bloque de quienes han visto en ellas una simple adhesión a los postulados de ETA, ni al de quienes las han aplaudido como fórmulas válidas para solucionar los problemas del País Vasco. Aclararé que opino con la inusual técnica de haber leído el documento original completo, no sobre lo que otros han dicho que dijo el lehendakari. Pido disculpas por ello.

Más que acierto, era ineludible rechazar expresamente el terrorismo, reclamar el "respeto a todos los derechos humanos de todas las personas" o ratificarse en la declaración del pasado mayo de Eudel (asociación de municipios vascos) suscrita por todos los partidos salvo Batasuna. Creo también acertado apostar por "el cumplimiento íntegro del Pacto Estatutario de 1979"; por un proceso presidido por los principios de apertura, que "implica la no-exclusión, esto es, la libre participación, de todas las sensibilidades políticas y sociales presentes en la sociedad vasca", de legalidad: "se atenderá a la vía procedimental contemplada en las normas estatutarias y constitucionales vigentes", y de democracia: "la ratificación definitiva del proyecto se realizará atendiendo a la mayoría democrática de la sociedad vasca, mediante referéndum". Por lo que toca a Navarra, sin duda es un acierto afirmar que "sólo a las navarras y a los navarros les corresponde decidir su propio futuro", conforme dispone la Constitución y reclaman todas las fuerzas políticas navarras.

Estos aspectos, entre otros que no menciono, son positivos para posibilitar el acercamiento entre la mayoría de ciudadanos y fuerzas políticas de la Comunidad Autónoma del País Vasco en torno a algunos puntos comunes resumidos en el respeto al Estatuto como marco de convivencia y autogobierno, y suponen un avance respecto del documento aprobado por el Gobierno vasco en julio pasado.

Quizás suscitará menos acuerdo, pero creo también acertado el planteamiento sobre el ejercicio de competencias en materias en las que el Gobierno central se resiste a proceder a la transferencia de los medios materiales y humanos. Hay que deshacer el equívoco de que las Comunidades Autónomas no pueden ejercer otras competencias que las que les transfiera el Estado. Con la Constitución y la doctrina del Tribunal Constitucional en la mano, las competencias las atribuyen los Estatutos de autonomía, no el Gobierno por traspaso. Lo que se traspasan son los recursos con los que el Estado ejercía anteriormente competencias que han dejado de corresponderle. Por eso hay muchas competencias autonómicas que pueden ejercerse directamente, sin necesidad de traspaso alguno, y harán bien todas las Comunidades Autónomas en plantearse cuáles pueden ejercer sin someterse al chantaje del Gobierno central de no recibir más recursos en función de las coyunturas políticas, una conducta demasiado habitual pero de nítida deslealtad constitucional.

Creo, en cambio, que resulta contradictoria la apelación a la legalidad constitucional y a la Disposición Adicional Primera sobre los derechos históricos con ese proyecto de libre asociación del País Vasco con el Estado español en un régimen de soberanía compartida que recuerda, no al régimen de Puerto Rico, como han dicho algunos, sino a las pretensiones del nacionalismo de Quebec. Se afirma que "el nuevo modelo de relación que planteamos encaja perfectamente con una interpretación abierta y flexible de la Constitución"; tal interpretación es posible y deseable, pero la Constitución no es de goma y tiene sus límites. No cabe en la Constitución española esa pretensión de que se reconozca al País Vasco "capacidad de firmar tratados internacionales para promover nuestros intereses económicos, culturales e institucionales, en defensa de nuestra identidad como Pueblo", ni un poder judicial propio, ni ese "estatus de región o nación asociada" en la Unión Europea que sobrepasa en mucho la legítima pretensión de tener voz en las instituciones comunitarias y que, si se quiere hacer dentro del marco constitucional, tendrá que ser como parte de un Estado miembro. La afirmación de que "este modelo de relación basado en la libre asociación y en la soberanía compartida, es utilizado y reconocido en el ámbito europeo y en el concierto internacional. Este modelo está en la base de la propia construcción de Europa" resulta en exceso voluntarista. El modelo de construcción europea descansa en una unión de estados soberanos; que el País Vasco pretenda figurar como un socio más pasa por su previa independencia.

Creo que es incompatible con el principio de soberanía nacional que contiene la Constitución esa afirmación sobre " nuestra soberanía originaria" que enlaza con la consideración de que "los Fueros, los Derechos Históricos del Pueblo Vasco, siguen siendo nuestra verdadera constitución". Esta peculiar interpretación fuerista es tradicional en el nacionalismo vasco, pero tiene poco que ver con la que ha hecho de la cláusula de protección de los derechos históricos el Tribunal Constitucional. Es legítimo que el nacionalismo vasco propugne el modelo que le parezca más conveniente, pero no creo que se pueda aceptar que ese modelo quepa en la Constitución española con su redacción actual. Las propuestas del lehendakari exigirían no solamente una reforma del Estatuto sino también una reforma constitucional. Y por ello es contradictorio el deseo de abrir un proceso "en términos de flexibilidad, sin prejuzgar el resultado final" con el enunciado de un modelo determinado que se sabe que será rechazado de principio por el PP, opuesto a cualquier reforma constitucional, y por el PSOE, opuesto a una reforma con tales propósitos. No parece ésta la mejor forma de avanzar en el diálogo entre todas las fuerzas democráticas, imprescindible para la normalización de la vida política vasca y española.

Otra contradicción patente en el discurso de Ibarretxe es la que existe entre su afirmación de que "Este sentimiento de pertenencia al Pueblo Vasco va más allá de normas jurídicas o de fronteras políticas. Porque los sentimientos de identidad nacional no se pueden imponer ni se pueden prohibir por decreto, ley o constitución alguna" y su posterior exigencia sobre "el reconocimiento jurídico de nuestra identidad nacional". Una contradicción típica de todos los nacionalismos: un discurso de la pluralidad enarbolado para defender la propia identidad frente a las demás y una íntima aspiración de imponer una identidad nacional obligatoria en el seno de su comunidad.

Y aquí, como miembro de Izquierda Unida, entro en el ámbito que más me preocupa. Por mucho que Ibarretxe afirme en su discurso que sus propuestas sobre ese modelo de relación con el Estado son asumibles "desde una concepción de federalismo de libre asociación que defiende Izquierda Unida", creo que hay una clara incompatibilidad. La propuesta de Izquierda Unida es de un Estado Federal Solidario a alcanzar por una profundización del sistema autonómico actual y una reforma constitucional. El pacto federal que debiera plasmarse en la Constitución es distinto a ese pacto de libre asociación entre el País Vasco y el Estado español que propone Ibarretxe. La propuesta del lehendakari es de tipo confederal y no federal. Reitero que se parece mucho a la defendida por el nacionalismo quebequés, precisamente frente a un modelo federal como es el canadiense. La calificación de "solidario" hace que deba acogerse con mucha cautela esa reivindicación sobre "gestión autónoma de una política económica propia, el sistema tributario y fiscal, y los sistemas de relaciones laborales, así como los de previsión, bienestar y seguridad social". Cuando desde una perspectiva de izquierda estamos pidiendo una Europa Social, donde se armonicen muchas de las políticas que el lehendakari reclama para el ámbito autonómico, habría que matizar mucho el alcance de esas competencias.

Creo, por tanto, que hay suficientes elementos como para afirmar que por coherencia con nuestros principios ideológicos Ezker Batua-Izquierda Unida no debiera apoyar el programa enunciado por Ibarretxe si no hay una severa corrección de sus postulados en cuanto a modelo de Estado.