Plataforma de Integración
Cultural IntégraT
Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
Inmigración
Los socialistas reconocemos la oportunidad
que para nuestro país significan las migraciones. Somos partidarios
de abordar la inmigración desde la normalidad política
de un fenómeno intrínseco al tiempo que nos ha tocado
vivir. Pero sabemos que nos encontramos ante uno de los mayores
desafíos de este siglo y por eso queremos abordarlo con un
profundo y responsable sentido de Estado. La inmigración
representa una necesidad objetiva de las sociedades avanzadas: el
reto consiste en satisfacerla de forma integral y equilibrada, afrontando
conjuntamente su dimensión económica, política
y social.
La inmigración juega un papel
fundamental en nuestra economía y, particularmente, en el
mercado de trabajo. En este sentido, es necesaria una gestión
activa de los flujos migratorios que tenga en cuenta la situación
social y económica del país receptor. En este sentido,
los socialistas proponemos:
- Formular un Pacto de Estado sobre Inmigración, convocando
a las fuerzas políticas, sindicatos, empresarios y organizaciones
sociales para que se llegue a un consenso sobre los aspectos fundamentales
y el tratamiento a medio y largo plazo de este fenómeno.
- Crear la Agencia Española de Migraciones que aglutine
las competencias actualmente atribuidas a los ministerios de Trabajo
y Asuntos Sociales, Interior, Asuntos Exteriores y Sanidad, con
el fin de racionalizar, integrar y centralizar la política
migratoria. Se encargará de todas las responsabilidades
respecto del diseño y gestión de las políticas
de admisión de inmigrantes. Las Oficinas Únicas
de extranjeros en cada provincia, dependientes de la Agencia,
serán las encargadas, entre otras cuestiones, de la concesión
de todo tipo de autorizaciones para residir y trabajar en España.
Asimismo, la Agencia coordinará con las Comunidades Autónomas
las políticas de integración social y otras políticas
sociales (sanidad, vivienda, educación, etc..) que son
competencia de estas últimas y que se ven afectadas por
la política migratoria del Estado.
- Crear oficinas de contratación en los países de
origen de los inmigrantes, para ordenar y controlar el flujo de
migratorio. Para ello, resulta esencial la colaboración
y coordinación con las Comunidades Autónomas.
- Simplificar los procesos de canalización, a través
del uso de nuevas tecnologías, mejorando la gestión
a través del establecimiento de un expediente único,
en el que se resuelvan las autorizaciones de trabajo y de residencia.
- Fijar en 45 días el plazo máximo resolución
de las peticiones de permisos de residencia y trabajo, con oferta
previa, cuando deba examinarse la situación nacional de
empleo; en 30 días si se está exento de este requisito;
y en 60 días para el resto de los casos.
- Combatir la explotación laboral y la economía
sumergida. Promoveremos la especialización de fiscales
en la persecución de los delitos de explotación
laboral, tráfico de seres humanos y delitos contra los
derechos de los trabajadores. Incentivaremos las denuncias de
las víctimas de explotación y su cooperación
en los procesos judiciales. Reforzaremos la inspección
laboral para la detección y denuncia de oficio de las situaciones
irregulares en el empleo.
- Promover la corresponsabilidad financiera en las políticas
de integración de los emigrantes, mediante la creación
de un fondo de garantía de servicios que compense a aquellos
municipios con mayor volumen de inmigrantes, con la finalidad
de contribuir a la financiación de sus necesidades sin
afectar a la calidad de los servicios públicos que prestan.
Asimismo se promoverá la financiación compartida
entre municipios y Comunidades Autónomas de la red de servicios
de primera recepción e integración inicial de los
inmigrantes.
- Ampliar el visado de búsqueda de trabajo, con una duración
significativamente mayor al visado de turista.
- Crear la figura del «trabajador invitado», con el fin de que
pueda residir en nuestro país por periodos limitados de
tiempo.
- Elaborar un Estatuto para la integración de los inmigrantes,
para promover la integración de los inmigrantes que residen
legalmente en España. Entre otras materias, establecerá
los criterios básicos en torno a los programas de educación
para inmigrantes, prestaciones sociales relacionadas con la vivienda,
los salarios sociales de las Comunidades y Ayuntamientos, la conservación
de costumbres culturales de los países de origen, o la
práctica efectiva de libertad religiosa reconocida en la
Constitución.
- Plan Integral de Actuación Preferente en zonas de elevada
presión migratoria.
- El Plan preverá la creación de una red de
servicios de información y orientación de primera
recepción que será diseñada y dotada
para favorecer la primera integración del inmigrante
en la realidad del municipio, del que dependerá la
gestión.
- En las Comunidades Autónomas a cuyas costas llegan
inmigrantes irregulares se crearán servicios para el
salvamento, la atención y el alojamiento temporal de
los mismos, antes de proceder, en su caso, a la devolución
a los países de origen. Estos servicios se financiarán
por el Estado y las Comunidades Autónomas reforzarán
a los ya existentes en materia de seguridad y control de fronteras.
- Promover las modificaciones legislativas necesarias en materia
de arrendamiento de viviendas y habitabilidad de las mismas, para
impedir la ocupación de éstas por un número
de personas claramente superior al que permiten el tamaño
y características de la vivienda.
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