Plataforma de Integración
Cultural IntégraT
Izquierda Unida (IU)
De inmigrantes a ciudadanas y
ciudadanos
Por una política orientada
a la igualdad de derechos
Contra la segregación de las
y los inmigrantes
La política de inmigración
ha experimentado un grave retroceso en los cuatro años transcurridos.
La involución va desde la negación de derechos fundamentales
de las personas (derechos de asociación, reunión,
manifestación y huelga), hasta el fracaso del sistema de
Cupos o Contingentes, que hace prácticamente imposible la
entrada en condiciones de legalidad, pasando por la «recuperación»
de los Centros de Internamiento y la expulsión como única
medida de aplicación a quienes carezcan de los permisos administrativos.
Súmese a ello el cierre «de facto» del Régimen General,
las restricciones a la Reagrupación Familiar, las expulsiones
ilegales e indiscriminadas de los Menores, la merma de la protección
judicial frente a las acciones administrativas, la utilización
del padrón como instrumento de control y represión
policial, o las ilegítimas facultades conferidas a las compañías
de transportes privadas. Para justificar estas medidas y su enfoque
represivo, el Gobierno del PP ha desarrollado una corrosiva campaña
de intoxicación que relaciona inmigración con inseguridad
ciudadana, con delincuencia e incluso con terrorismo. Los resultados
no pueden ser más evidentes:
- Frente a la «cultura de la legalidad» que pregonaban, el aumento,
hasta límites insostenibles, de la población inmigrante
«sin papeles», que algunos cálculos elevan a un millón
de personas, cuya condena a la expulsión o a vivir en la
clandestinidad, les sitúa al borde de la desesperación.
Este aumento exponencial y el más dramático de las
muertes en el Estrecho o en las cercanías de las costas
canarias, son el claro exponente del fracaso de las políticas
basadas en la represión policial y en el «blindaje de fronteras».
- Frente a la «integración», la institucionalización
de la segregación y de la discriminación, con extensión
muy preocupante de comportamientos racistas y xenófobos
en nuestra sociedad.
- Frente a la seguridad jurídica del Estado de Derecho,
la indefensión generalizada del colectivo inmigrante ante
la actuación de las mafias, la sobreexplotación
laboral o los abusos en la esfera privada y administrativa.
Todo lo anterior no sólo supone
la negación del Estado de Derecho y el cuestionamiento del
propio sistema democrático sino que, entre sus consecuencias
más visibles e inmediatas, representa un factor de inestabilidad
social y de degradación de la convivencia.
Ante esta inquietante situación,
la «radicalidad» consiste hoy en exigir el cumplimiento de normas
tan añejas como la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, de hace más de medio siglo, la Convención
de Ginebra, en materia de Asilo, o la Convención de los Derechos
del Niño y demás Tratados internacionales suscritos
por nuestro país.
La extensión de la ciudadanía
a todas las personas será nuestro horizonte de trabajo.
Hemos rechazado las sucesivas reformas
a la Ley de Extranjería, por restrictivas y represivas. Hemos
abogado por la integración social, cultural y ciudadana de
los inmigrantes y de sus familiares, desde el convencimiento de
que su permanencia en España, más que una amenaza,
representa una oportunidad
Propuestas de IU:
IU promoverá un conjunto de
medidas orientadas hacia el reconocimiento de la igualdad de derechos
sociales, civiles y políticos entre los españoles
y las personas extranjeras residentes en nuestro país, separando
nacionalidad y ciudadanía, y suprimiendo todo tipo de discriminaciones
por razón de nacionalidad, de etnia, de religión,
etc., como proclama la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y la propia Constitución española.
Como medida legislativa prioritaria,
propondremos la aprobación de una Ley de Derechos y Libertades
de los Extranjeros en España que responda a su nombre y contenga:
- El reconocimiento de todos los derechos fundamentales de las
personas como tales, que no pueden depender de su situación
administrativa ni de ninguna otra contingencia, incluidos los
de asociación, reunión, manifestación y huelga,
ahora negados a quienes no tienen regularizada su residencia.
- El reconocimiento del derecho de sufragio activo y pasivo a
las personas extranjeras residentes en España a partir
de dos años para las elecciones municipales y de tres para
el resto, con independencia de la nacionalidad.
- Un sistema de entradas y de acceso al mercado laboral ágil
y con un permiso único de residencia y trabajo, que contemple
también el permiso para búsqueda de empleo por un
mínimo de 6 meses. A las trabajadoras y a los trabajadores
extranjeros se les garantizarán los mismos derechos y obligaciones
que a los nacionales en cuanto a condiciones de contratación,
salarios, y derechos sociales sin excepción.
- Previo acuerdo con las Comunidades Autónomas, se elaborará
un Plan de primera acogida de la población inmigrante,
dotado con los recursos humanos, administrativos y financieros
adecuados para su integración.
- Plenas garantías jurídicas ante todos los actos
de la administración, como corresponde a un Estado de Derecho,
incluyendo la asistencia letrada gratuita, de traductores, etc.,
en caso de necesidad, e igualdad en los procedimientos jurídicos
y administrativos, así como de acceso a los servicios públicos.
- Un sistema de Reagrupación Familiar que garantice y facilite
el ejercicio de este derecho, en sentido amplio, dotando a las
personas reagrupadas de permiso propio.
- Regularización de los inmigrantes que acrediten arraigo
en España. Procedimientos de regularización reglados
y normalizados, que minimicen la acumulación de inmigración
clandestina sin necesidad de recurrir a procedimientos extraordinarios.
- Protección y tutela de los Menores extranjeros no acompañados,
en consonancia con los Tratados internacionales y con la Ley del
Menor, documentando y prestando la asistencia necesaria para su
inserción social a los que alcancen, tutelados, la mayoría
de edad.
Otras reformas legislativas y de
políticas sociales, que impulsará IU, deberán
contemplar:
- La del sistema educativo, eliminando los «itinerarios» segregacionistas
y fortaleciendo la escuela pública y laica como elemento
esencial para la igualdad ciudadana y la lucha contra la discriminación.
Políticas educativas para la integración y la igualdad
de oportunidades de los alumnos inmigrantes, con refuerzo del
aprendizaje intensivo de la lengua española y, en su caso,
de la lengua de la Comunidad Autónoma de acogida, así
como el apoyo al conocimiento de la lengua y cultura del país
de origen del alumno.
- La promoción del asociacionismo de los inmigrantes y
de las actividades interculturales de intercambio con la población
local. Apoyo a la participación de los inmigrantes en la
vida municipal.
- Acción judicial, policial y diplomática para la
erradicación del tráfico de personas y de la explotación
de mano de obra clandestina.
- Una acción administrativa y descentralizada de apoyo
social a la inmigración donde las CC.AA. y los Municipios
tengan claras competencias y recursos suficientes en la materia,
dando la preeminencia a las políticas de inserción
laboral y de integración educativa, cultural y social (salud,
educación, vivienda...).
- Creación de un Plan Estatal de Lucha contra el Racismo,
así como la ratificación y traslación legal
inmediata de la Convención Internacional sobre la Protección
de los Trabajadores y Trabajadoras Migrantes y sus Familias, tal
y como está reclamando Amnistía Internacional.
Nuestro compromiso por la defensa
y el pleno reconocimiento del derecho de asilo y refugio
Izquierda Unida siempre defenderá
que España sea una tierra de asilo inviolable para todas
aquellas personas que huyan de la tiranía y la opresión.
Sin embargo, a pesar de ser un derecho
reconocido en la Constitución (España había
ya ratificado la Convención de Ginebra sobre los Refugiados
de 1951 y el Protocolo de Nueva York de 1967), nuestro país
se encuentra en el furgón de cola del compromiso internacional
con la institución del asilo: un número insignificante
y decreciente de admisiones a trámite y unos índices
de reconocimiento ridículos; una ausencia total de reasentamiento
de refugiados y un desprestigio total del gobierno español
en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
España, que históricamente ha sido un país
de refugiados, debido a las políticas de los gobiernos tanto
del PSOE como del PP, ha cerrado las puertas a la solidaridad.
Cabe señalar que el proceso
armonización de las políticas de asilo en la Unión
Europea, lejos de suponer un avance para la creación de un
espacio común de solidaridad y libertades, se esta saldando
con importantes retrocesos en el régimen de la protección
internacional a los refugiados. En este sentido destaca la reciente
propuesta de crear un listado de países de origen o de transito
seguros («seguros» según los criterios de conveniencia de
las políticas exteriores de los Estados miembros de la UE
y su afinidad ideológica), lo que supone un claro retroceso
en la aplicación de la Convención de Ginebra sobre
los Refugiados de 1951.
En España el asilo no ha sido
una víctima reciente de la obsesión por la seguridad
tras los atentados del 11 de septiembre (aunque el clima generado
a raíz de los atentados haya contribuido a acelerar una tendencia
que viene de largo). Afirmaciones en este sentido no pueden ocultar
el desarrollo de políticas cada vez más restrictivas
desde finales de los años ochenta, que han recibido un impulso
decisivo en los ocho últimos años de gobierno del
PP, las cuales se reflejan fundamentalmente en los siguientes tres
niveles:
- Trabas insuperables para el acceso al asilo, mediante la imposición
de visados en número cada vez más amplio de países
(el caso más reciente y dramático por la situación
que allí se vive es el de Colombia), las sanciones a las
compañías transportistas y el blindaje de las fronteras.
- Deterioro de las garantías jurídicas, evitando
que testigos molestos puedan obstaculizar la aplicación
de las devoluciones automáticas y masivas (situación
que ha sido denunciada con especial insistencia en las zonas de
llegada masiva de inmigrantes, como Ceuta, Melilla, estrecho de
Gibraltar y Fuerteventura, así como en el caso de los polizones).
- Aplicación generalizada y abusiva del procedimiento de
inadmisión a trámite de las solicitudes de asilo,
en torno a un 70%, y concesión de un reducido número
de estatutos de refugiado, menos del 5%. Esta realidad se ha reflejado
de una manera palmaria en el contraste entre la demagogia oficial
para justificar la intervención de España en la
guerra de Irak, recordando las graves violaciones a los derechos
humanos, mientras se rechazaban de manera sistemática las
solicitudes de los ciudadanos de este país. En la misma
medida, a pesar de las campañas sobre la situación
de persecución contra las mujeres en numerosos países,
en España no se ha otorgado protección internacional
en ningún caso por este motivo.
- IU no se resigna a que la institución del refugio sea
una víctima más de las políticas egoístas
de los países occidentales más desarrollados. Nos
negamos a creer que sea inevitable sacrificar la solidaridad internacional
a las imposiciones de la Unión Europea o a un supuesto
realismo. Nuestro compromiso consiste en la adopción de
medidas y criterios claros (lo que en algunos casos obligará
a una modificación sustancial de la legislación
vigente en materia de asilo y extranjería), que permitan
un acceso en condiciones de seguridad al asilo, el respeto escrupuloso
a las garantías jurídicas, el estudio justo de todas
las solicitudes formuladas y la interpretación más
abierta de la definición de refugiado (que recoja sin lugar
a dudas a las víctimas de los conflictos bélicos
o graves catástrofes naturales, de la persecución
por genero u orientación sexual, etc.).
Nuestro compromiso con el asilo y
el refugio es una consecuencia de nuestra defensa integral de los
derechos humanos. Por eso, ya que los refugiados son un componente
especial que forma parte del conjunto de las migraciones, consideramos
que debe abordarse también desde el punto de vista de la
política internacional y la solidaridad con los pueblos.
IU defiende y defenderá el derecho al retorno de los refugiados
como un elemento sustancial de su política de asilo, ya que
esto significaría, por poner tres ejemplos cercanos, la posibilidad
que los palestinos pueden recuperar sus tierras, que los saharauis
alcancen su plena soberanía o que los colombianos puedan
volver a sus país sin paramilitarismo de Estado, intervención
norteamericana ni impunidad.
Nuestro compromiso
a) Acceso al asilo:
- Eliminación de los obstáculos para el acceso al
derecho de asilo y refugio, como son el procedimiento de inadmisión
a trámite, las sanciones a las compañías
transportistas y la imposibilidad de solicitar asilo en los países
de origen de los refugiados.
- Introducción de la figura del visado para asilo, que
permita acceder a territorio español para iniciar un procedimiento
de protección internacional cuando las circunstancias de
seguridad personal así lo aconsejen.
- Establecimiento de un cupo de reasentamiento de refugiados en
el Estado español, de acuerdo a los criterios de reparto
de la responsabilidad internacional que establezca el Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados.
- Fortalecimiento de los programas de protección temporal
de los grupos de riesgo (sindicalistas, defensores de los derechos
humanos, dirigentes políticos amenazados, etc.).
b) Garantías jurídicas:
- Respeto absoluto al principio de no devolución, de manera
que nadie pueda ser devuelto o expulsado a un país donde
se produzcan violaciones de los derechos humanos y exista la posibilidad
de que su integridad peligre.
- Cumplimiento de las garantías de información,
asistencia letrada y de intérprete, etc., y derecho a un
recurso efectivo, con suspensión de la devolución,
en su caso.
- Formación adecuada de los Cuerpos de Seguridad, de los
funcionarios de Prisiones y del resto de las Administraciones
afectadas en materia de derechos humanos y protección de
los mismos, cuya valoración será tenida en cuenta
en la fijación de destino, promociones y ascensos.
c) Definición del refugio
y compromiso con los derechos humanos:
- Una nueva ley de asilo y refugio, con rango de Ley Orgánica,
que contenga una definición actualizada de la figura de
asilado, contemple la situación de los desplazados de guerra
y reconozca, de manera expresa, el motivo de la violencia y persecución
contra las mujeres, o por la orientación sexual.
- En el marco europeo nos opondremos a cuantas medidas obstaculicen
o impidan en la práctica el ejercicio del derecho de asilo
y refugio, defendiendo un proceso de armonización al alza
(alcanzando la normativa más avanzada y no al revés,
como se ha hecho hasta ahora y rechazando conceptos como el de
«país seguro»).
- Compromiso con las políticas y los programas que permitan
el ejercicio del derecho al retorno de los refugiados, una vez
se afronten las causas profundas que provocaron el éxodo
El gobierno del PP ha recortado el
derecho de asilo y refugio, aplicándolo de forma restrictiva
y convirtiéndolo en un instrumento de estrategia geopolítica,
con el pretexto de la «lucha contra el terrorismo». El 95% de las
solicitudes son denegadas. Se niega protección e incluso
se devuelve a los peticionarios a sus países de origen, con
grave riesgo para sus vidas y conculcando la Convención de
Ginebra y el Protocolo de Nueva York. Tampoco se reconoce este derecho
a las mujeres amenazadas de lapidación por adulterio o embarazo
«ilegítimo», ni a las personas que huyen de sus países
como consecuencia de la represión por motivos de orientación
sexual. Y tampoco se informa ni se atiende a los demandantes de
asilo que llegan en barcos y pateras a nuestras costas.
Por todo ello, impulsaremos reformas
para:
- Aprobar una nueva Ley de Asilo y Refugio, con rango de Ley Orgánica,
que garantice los derechos reconocidos por la Convención
de Addis Abeba de 1969, e incluyendo el derecho de asilo por motivos
de orientación sexual y de violencia contra la mujer.
- Respeto al principio de no devolución a un país
donde peligre la integridad del demandante. Reconocer el asilo
a las mujeres que huyan de sus países por motivo de la
violencia que se ejerce sobre ellas (ablación, mutilación
genital, violaciones, lapidaciones, prostitución...) y
a los denominados «refugiados de facto» y eliminar el procedimiento
de «inadmisión a trámite». Garantizar la tutela
judicial efectiva para que los tribunales administrativos sean
quienes diriman las impugnaciones a las resoluciones administrativas.
- Eliminar los prejuicios y arbitrariedad de las políticas
gubernamentales del momento en la concesión o denegación
del Estatuto del Refugiado, aplicando de 76 forma objetiva los
criterios de la ONU y con participación de las ONG de Derechos
Humanos.
- En el marco de la Unión Europea, nos opondremos a cuantas
medidas obstaculicen el pleno ejercicio del Derecho internacional
de asilo y Refugio.
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