Plataforma de Integración
Cultural IntégraT
Eusko Alkartasuna (EA)
Inmigración
La política pública
de inmigración debe asentarse sobre criterios sustancialmente
diferentes a los utilizados hasta la fecha. En concreto, es urgente
diseñar una auténtica política de inmigración,
que sirva para canalizar adecuada y justamente los flujos migratorios
y desechar la actual política de extranjería principalmente
basada en el control y represión de un fenómeno que
es inevitable a la par que necesario. Esta nueva política
debe sustentarse sobre los siguientes ejes:
- a) El respeto pleno e igualitario de los Derechos Humanos de
todas las personas inmigrantes, con independencia de su situación
legal o administrativa.
- b) Un nuevo concepto de Ciudadanía inclusiva, que permita
la plena participación en la comunidad política
de las personas inmigrantes, posibilitando al mismo tiempo el
mantenimiento de sus identidades.
- c) Una Convivencia Intercultural basada en el respeto y reconocimiento
del «otro», que permita el diálogo entre las diferentes
culturas, con el límite puesto en los derechos humanos
de todas las personas.
Estos principios políticos
básicos deben traducirse fundamentalmente en medidas de carácter
legislativo y ejecutivo.
- Una reforma profunda de la Ley de Extranjería vigente
y reformas normativas que aborden la regularización documental
de las personas inmigrantes en condición de irregularidad
administrativa; así como la incorporación del principio
de no devolución cuando corran riesgos de sufrir violaciones
de derechos humanos.
- Elaboración de un nuevo marco jurídico que contemple
la corresponsabilidad de las Comunidades Autónomas en la
elaboración del cupo; acceso inmediato a sistemas de protección
social, sanitarios, asistenciales y educativos.
- El traslado de la dirección política de la inmigración
y extranjería desde el Ministerio del Interior al Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales.
- La dotación a las diversas administraciones competentes
de los recursos materiales y humanos realmente necesarios para
una adecuada gestión de los procedimientos administrativos
en materia de in inmigración; habilitando centros de acogida
para la atención de las necesidades básicas y de
legalidad.
- Puesta en marcha de programas de desarrollo en los países
de origen.
- Reconocimiento del derecho de los inmigrantes de reunión,
asociación y manifestación de todos los extranjeros
sean o no residentes.
- Ratificación de la Convención Internacional sobre
Protección de todos los Trabajadores y Trabajadoras migrantes
y de los miembros de su familia.
En todo caso, EA exige el reconocimiento
de la competencia legislativa de las Comunidades Autónomas
para legislar en materia de ordenación de los flujos migratorios
y de reconocimiento de derechos económicos, sociales y culturales
a las personas extranjeras
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