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Reportaje especial:
El tema de la inmigración en los programas de los partidos políticos españoles
para las elecciones generales de 2004
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Convergència i Unió (CIU)

     Inmigración

     Gestionar los flujos migratorios y promover la integración de la inmigración se han convertido en retos de las sociedades europeas más avanzadas.

     Catalunya no se escapa de esta realidad. El progreso económico y social de nuestro país nos ha convertido, una vez más, en tierra de acogida de personas que vienen a buscar un futuro mejor, para ellos y para sus familias. Este fenómeno, cargado de oportunidades para todos, también incorpora notables riesgos. Oportunidades como un mayor crecimiento económico, una mayor apertura de la sociedad catalana a la diversidad del mundo y un rejuvenecimiento del país. Riesgos, para la cohesión social y una identidad nacional faltada de Estado propio.

     En este sentido, Catalunya necesita poder disponer de los instrumentos que nos permitan desarrollar una activa política de gestión de los flujos migratorios y, a la vez, promover una vía catalana de integración de esta inmigración. La gestión de los flujos migratorios de Catalunya debería corresponder al Gobierno de Catalunya, basándose en las demandas de las empresas y las familias, de manera flexible y ágil, superando el actual nivel de burocratización ineficaz y en colaboración con los agentes sociales. La vía catalana para la integración de la inmigración pasa por promover programes de acogida, orientados al conocimiento de la lengua y de la sociedad de Catalunya, asumir por parte de todo el mundo claramente los derechos y los deberes de los nuevos catalanes y contemplar el acceso al Estado del Bienestar en iguales condiciones para las personas inmigradas que el resto de ciudadanos.

     Hoy, el Gobierno del Estado no sólo ha fracasado en la gestión de los flujos migratorios y el control de las fronteras, sino que además niega el derecho de Catalunya a intervenir en estas políticas. Los impedimentos a las iniciativas de contratación en origen, la falta de información y transparencia sobre las cifras de inmigración en Catalunya, la falta de provisión de fondos para hacer frente a nuevas necesidades derivadas de esta realidad, deben terminar. Así, la prioridad política de Convergència i Unió en este ámbito irá orientada a hacer posible una política propia de inmigración para Catalunya.

     Al mismo tiempo, y mientras este hecho no sea posible, exigiremos al Estado el eficaz cumplimiento de sus obligaciones, una rigurosa pero a la vez ágil y flexible gestión de los flujos migratorios de carácter laboral y familiar, una lucha implacable contra los traficantes de seres humanos y contra la economía sumergida y la movilización de recursos públicos para hacer frente a nuevas demandas de servicios públicos (sanidad, educación, vivienda, servicios sociales…) para aquellas ciudades con mayor presencia de inmigrantes.

     Finalmente, una política de inmigración potente debe incorporar una colaboración a fondo con el resto de Estados de la Unión Europea y con los países d'origen de la inmigración. La inmigración se convierte cada vez más en un asunto de carácter global, que necesita respuestas que van más allá de los límites del Estado español. En esta misma dirección, el Estado español tendrá que promover una política exterior que incorpore claramente el codesarrollo de estos países de donde provienen las personas inmigradas.

     1. Por una política propia de inmigración

     Para poder desarrollar una política integral y propia que favorezca la llegada de una inmigración controlada y regular, así como su posterior integración a Catalunya y a la sociedad catalana, desde Convergència i Unió consideramos absolutamente imprescindible que sea la Generalitat de Catalunya la autoridad competente en gestión de los flujos migratorios, en la determinación del contingente y en la asistencia social de la inmigración.

     Por este motivo, el NUEVO ESTATUTO NACIONAL DE CATALUNYA que proponemos tendrá que regular los flujos de inmigración que llegan a Catalunya y favorecer una mejor integración de las personas extranjeras que llegan a nuestro país.

     Concretamente, desde Convergència i Unió trabajaremos para:

  • 1. Atribuir a la Generalitat de Catalunya la competencia ejecutiva en las materia de trabajo de las personas extranjeras (permisos de trabajo e informes laborales previstos en la legislación de extranjería).
    En este sentido, desde Convergència i Unió reclamaremos, entre otros aspectos, la gestión y recaudación de tasas asociadas a estos procedimientos o la tramitación y resolución de las solicitudes de autorización de residencia temporal, incluidas las presentadas de acuerdo con el régimen especial de los estudiantes, así como de las limitaciones, modificaciones o prórrogas previstas en la Ley relativas a la mencionada autorización.
  • 2. Posibilitar a la Generalitat de Catalunya la competencia en las actuaciones ejecutivas del Estado en materia de inmigración en Catalunya (permisos de residencia y régimen sancionador).
    De esta manera, en materia sancionadora, la Generalitat tendría capacidad en la incoación y tramitación de los procedimientos sancionadores, y la imposición de las sanciones por determinadas infracciones administrativas, incluida la propuesta de ingreso en centros de internamiento o la propuesta de expulsión del territorio español.
  • 3. Permitir a la Generalitat de Catalunya participar en las decisiones normativas estatales, tanto por lo que respecta a las propuestas de reforma legal y reglamentaria como a las regulaciones de la Unión Europea y a los proyectos de convenios internacionales.
    A tal efecto, propondremos la creación de una Comisión Estado- Generalitat para la inmigración donde se puedan consensuar los principios generales de las disposiciones normativas en materia de inmigración.
  • 4. Posibilitar a la Generalitat de Catalunya la capacidad de establecer anualmente el contingente laboral en el que se determina el número y las características de las ofertas de empleo en Catalunya que se ofrecen a trabajadores extranjeros, es decir, establecer los mecanismos y los requisitos para la inmigración en Catalunya de las personas extranjeras para determinar su número, el origen y la capacitación profesional, así como el destino, de acuerdo con la situación económica y social, las necesidades y las potencialidades de trabajo y desarrollo de las comarcas donde se tengan que integrar.
  • 5. Permitir a la Generalitat de Catalunya seleccionar a los nuevos inmigrantes en su lugar de origen e informar con carácter previo para la entrega del visado, de forma vinculante.
    Para Convergència i Unió, una buena política de inmigración pasa necesariamente por una contratación y formación en origen de los trabajadores y trabajadoras que Catalunya necesite, de manera que la entrada de trabajadores extranjeros a nuestro país responda a las necesidades reales del mercado de trabajo catalán.
  • 6. Otorgar a la Generalitat de Catalunya las competencias de la Subdirección General de Promoción Social de la Migración y de Programas para Refugiados del IMSERSO.
  • 7. Trabajar, desde las instituciones catalanas, para la integración social, económica y cultural de los ciudadanos y las ciudadanas extranjeros, atribuyendo a la Generalitat de Catalunya el establecimiento de las medidas necesarias para hacer efectiva la acogida de los recién llegados, haciendo un especial énfasis en las políticas educativas, sanitarias, de vivienda, de servicios sociales, etc.
  • 8. Proporcionar a los recién llegados que quieran poner raíces en Catalunya una sociedad de acogida donde integrarse y con unos servicios públicos y unas condiciones laborales para todos los ciudadanos y las ciudadanas. Hace falta crear un espacio de convivencia, donde rija el principio del pleno ejercicio de los derechos y el estricto cumplimiento de los deberes de todos los ciudadanos y ciudadanas, la igualdad, la cohesión social y la preservación de la identidad catalana.
  • 9. Dotar a la Generalitat de Catalunya de la capacidad de legislar en materia de derechos y deberes de los inmigrantes delante de las instituciones catalanas, de acuerdo con el principio de igualdad en la aplicación de la ley.
  • 10. Posibilitar a las instituciones catalanas el desarrollo de una política activa de apoyo a las personas que residan en Catalunya por motivos de refugio o asilo, en el marco de la normativa estatal, europea e internacional.
  • 11. El establecimiento de las Oficinas Unificadas, al objeto de conseguir una adecuada coordinación de la actuación administrativa de los órganos autonómicos, de acuerdo con las demarcaciones territoriales que estimen conveniente.
  • 12. Una colaboración y participación efectiva de las entidades catalanas representativas en el ámbito de la inmigración en las políticas de orientación y regulación de los flujos migratorios.

     2. Una política de inmigración integral y efectiva

     Las medidas que proponemos desde Convergència i Unió hasta que no se den las condiciones para una política propia de inmigración son las siguientes: Impulsaremos un proceso de planificación a medio plazo de los flujos migratorios: En este sentido, se propugnará la creación de un plan director cuatrienal en materia de política migratoria con el objeto de determinar con antelación los objetivos y resultados de la misma, así como el establecimiento de las líneas básicas de la gestión de la inmigración, y que contará con la participación de las Comunidades Autónomas, las instituciones y las organizaciones más representativas del ámbito de la inmigración. Se trata de determinar cuál es el número máximo de inmigrantes que el Estado puede acoger, teniendo en cuenta las necesidades de los sectores productivos.

     Desde Convergència i Unió también consideramos necesaria la presentación en sede parlamentaria de un Informe Anual sobre la evolución de flujos migratorios, con el fin de mantener informados a los Grupos Parlamentarios y de debatir y acordar posicionamientos tendentes a resolver las problemáticas que se deriven del fenómeno migratorio.

     Al mismo tiempo, Convergència i Unió quiere expresar la conveniencia de lograr el máximo grado posible de consenso entre todos los Grupos con representación parlamentaria con el objeto de perfeccionar las políticas de Estado vinculadas a los retos de futuro del fenómeno de la inmigración en todas sus manifestaciones.

     Convergència i Unió también impulsará las siguientes medidas:

  • La incorporación del Estado español en la Organización Mundial de las Migraciones (OIM).
  • El establecimiento de un mecanismo de coordinación entre el Gobierno central, el Gobierno autonómico y los entes locales para elaborar el procedimiento de acogida de los inmigrantes trasladados de Ceuta y Melilla.
  • La regulación del problema de los inmigrantes en situación irregular, puesto que se trata de una situación que perjudica tanto a las personas inmigradas, que están desprotegidas y se encuentran con trabas legales por trabajar y vivir, como a la sociedad.
  • El incremento de las dotaciones presupuestarias de los servicios consulares, así como de las oficinas de extranjería de las demarcaciones provinciales con un mayor número de inmigrantes.

     La gestión del contingente de trabajadores extranjeros no comunitarios:

     Mientras Catalunya no logre el pleno control de la gestión de los flujos migratorios de carácter laboral, será necesario reclamar del Estado una eficaz gestión de los mismos. Hasta ahora no ha sido así y el descontrol en las fronteras españolas ha continuado.

     Ha sido especialmente negativa la gestión del denominado «Contingente», puesto que este mecanismo no ha sido la principal vía de entrada de los trabajadores extranjeros en el Estado español. Pese a las últimas modificaciones introducidas por el Gobierno del Estado, el contingente continúa siendo lento y cargado de burocracia innecesaria.

     En este sentido, desde Convergència i Unió promoveremos un nuevo sistema de autorizaciones de los permisos laborales, de común acuerdo con las Comunidades Autónomas y los agentes sociales, basado en ofertas laborales de ámbito autonómico, con un número máximo de permisos por año y Comunidad Autónoma, de carácter automático, suprimiendo aquellos trámites que hacen imposible para muchas empresas cubrir sus demandas y de común acuerdo con los Estados que generan inmigración para efectuar las contrataciones en origen.

     Asimismo, será necesario impulsar un nuevo sistema de permisos para trabajos de temporada, diferenciando entre las necesidades de los diversos sectores de producción, facilitando que aquellos trabajadores que han participado en una campaña de temporada puedan repetir el año siguiente. Este nuevo sistema puede encontrar en la experiencia del sector agrícola un buen ejemplo.

     Cooperación Internacional para el desarrollo y «codesarrollo»:

     Desde Convergència i Unió consideramos que la política de cooperación internacional española tiene que formar parte indiscutiblemente de la política de inmigración del Estado y viceversa. Es importante tener en cuenta y trabajar para el desarrollo de los países de los cuales somos receptores de inmigración, para las sinergias positivas que se pueden derivar de la colaboración de ambos países.

     Por este motivo, desde CIU consideremos prioritario que, aparte de los países de América Latina y el Magreb que ya son prioritarios en la política de cooperación española, se incluya dentro de este grupo a los países de África Subsahariana, de los cuales también somos receptores de inmigración y que viven en su país en unas condiciones más que miserables.

     Al mismo tiempo, desde Convergència i Unió se llevarán a cabo las modificaciones legislativas oportunas al objeto de vincular la política de cooperación internacional para el desarrollo con la política de inmigración.

     Se potenciará el «codesarrollo» como la participación activa de las personas inmigradas en el desarrollo de su país de origen, desde su experiencia personal y profesional, desde la orientación hacia actividades generadoras de empleo, de sus ahorros y desde su compromiso con la democracia y los derechos humanos. Otra manera de hacer efectiva esta vinculación es a través del aprovechamiento de las iniciativas empresariales de contratación de temporada, que incorporan procesos de formación y puesta en marcha de iniciativas económicas en los países de origen.

     En este sentido, desde Convergència i Unió promoveremos la modificación de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo con el objeto de incorporar esta nueva dimensión de vincular las políticas de cooperación al desarrollo con las políticas de inmigración.

     Lucha contra la explotación de las personas: Es necesario combatir contundentemente el tráfico ilegal de personas, especialmente de las mujeres y los menores. Una parte de los inmigrantes en situación irregular lo son porque han sido víctimas de estos nuevos traficantes. En este sentido, desde Convergència i Unió:

  • Promoveremos la colaboración internacional contra estos delitos.
  • Incrementaremos y especializaremos las dotaciones policiales en esta materia.
  • Facilitaremos la exención de visado en los supuestos de colaboración con la justicia para las víctimas de los traficantes.

     Al mismo tiempo, la economía sumergida, principal factor, por otro lado, de atracción de la inmigración irregular y a menudo también causa de explotación laboral de personas, tiene que ser erradicada. Hace falta un compromiso claro de las empresas en esta materia y una mayor acción sancionadora de la Inspección de Trabajo y un incremento de sus plantillas y especialización.

     3. Una política orientada a la integración de la inmigración: derechos y deberes para todos

     El enfoque catalán de la cuestión de la inmigración necesariamente debe ser orientado hacia el objetivo de la plena integración de la inmigración en la sociedad y en el país que acoge a nuevas personas. Por lo tanto, la política de Convergència i Unió en este ámbito tiene que reclamar que el Estado asuma sus responsabilidades también en materia de integración. Un enfoque que debe poner el acento en la igualdad de derechos y deberes, de oportunidades y responsabilidades entre todas las personas, y que debe rechazar cualquier «excepción» que vaya en contra de los Derechos Humanos. Esta responsabilidad del Estado se concreta en:

  • La creación de un Fondo para la Integración de las Personas Inmigradas, con el fin de compensar las nuevas necesidades sociales que el fenómeno de la inmigración genera en los territorios receptores de inmigración. Este fondo se distribuirá por Comunidades Autónomas, en función del porcentaje de población inmigrada sobre el total estatal.
  • La financiación por parte del Estado de los programas de acogida de los inmigrantes, justo cuando lleguen, tanto para los inmigrantes que llegan para trabajar como aquéllos que son autorizados a residir por la vía del reagrupamiento familiar. Estos programas deben ser definidos y gestionados por las Comunidades Autónomas y deben incorporar cursos de conocimiento de las diferentes lenguas oficiales del Estado, así como de la sociedad de acogida.
  • El incremento de los recursos en el ámbito sanitario, educativo, de vivienda y servicios sociales.
  • La sensibilización, en colaboración con las Comunidades Autónomas y la sociedad civil, del conjunto de la población sobre la nueva realidad de la inmigración, luchando contra el racismo y la xenofobia, y favoreciendo el conocimiento mutuo y el respeto a todas las culturas, garantizando la convivencia y la interrelación, especialmente en los espacios públicos de todas las personas.
  • La gestión eficaz de los procesos de renovación de la documentación necesaria para aquellas personas que viven regularmente en el Estado español.
  • La promoción de la incorporación al mercado de trabajo de los jóvenes hijos de familias inmigradas, y en especial de los jóvenes en riesgo de exclusión social.

     4. Asilo y refugio

     El Estado español deberá continuar asumiendo sus obligaciones internacionales en materia da asilo y refugio, y de manera específica el pleno cumplimiento de las Convenciones de Ginebra.

     En concreto, desde Convergència i Unió exigiremos:

  • La no devolución ni la expulsión de aquellas personas que tengan riesgo por su vida, su integridad física o libertad y que sean demandantes de la protección de asilo.
  • Una agilización de todo el procedimiento legal relacionado con el reconocimiento o la denegación de la condición de asilado.
  • Plenas garantías para el ejercicio del derecho de asilo, a la vez que trabajaremos para evitar su uso abusivo y fraudulento.
  • Dar pleno apoyo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

 

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