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La creación del obispado de Orihuela

Publicado en La luz de las imágenes. Orihuela, marzo-diciembre 2003, pp. 67-80.

     Tras la reconquista de las tierras del sudeste de la Península Ibérica a los musulmanes, a mediados del siglo XIII, el infante D. Alfonso (el Sabio) decidió afianzar su dominio político sobre ellas y fomentar la reimplantación del Cristianismo. Y para conseguir ambos objetivos, suplicó a la Santa Sede la restauración del obispado histórico de Cartagena. En 1250, Inocencio IV accedió a sus ruegos, restableció la sede cartaginense y nombró como primer obispo al franciscano Pedro Gallego. La nueva diócesis quedó conformada por todo lo que hoy es la actual provincia de Murcia, parte de la de Albacete, una porción de la de Almería, un estrecho margen de la de Valencia y aproximadamente la mitad sur de la provincia de Alicante.

     A finales del siglo XIII hallamos los primeros sucesos relevantes de la historia eclesiástica de la diócesis de Orihuela tras la dominación musulmana. Por una parte, hemos de destacar que en 1281 Alfonso X estableció que la iglesia del Salvador (la actual Catedral) había de ser la mayor de la villa, que debía tener primacía sobre las otras dos parroquias (la de las Santas Justa y Rufina y la de Santiago) y le concedió el rango inmediatamente superior de arciprestal. Y por otra, que diez años después, el pontífice Nicolás IV decretó la traslación de la sede episcopal de Cartagena a Murcia, movido por la anuencia del monarca castellano, Sancho IV el Bravo, y por circunstancias puramente pastorales. La novedad fue acogida con especial recelo en Orihuela puesto que a partir de entonces, Murcia, su enemiga capital desde tiempo inmemorial, pasaba a ser la sede del obispado, y a ella habrían de acudir los oriolanos a solucionar sus cuestiones de orden eclesiástico.

     A principios del siglo XIV, como consecuencia de la firma de los tratados de Torrellas y Elche, el límite meridional entre las coronas de Aragón y Castilla fue ligeramente modificado, quedando definitivamente establecido más al sur, entre las localidades de El Pilar de la Horadada y San Pedro del Pinatar. De esa manera, el sur de la actual provincia de Alicante, a cuya cabeza se hallaba la entonces villa de Orihuela, pasó a pertenecer políticamente al Reino de Valencia y la Corona de Aragón.

     La incorporación de los citados territorios a esta última unidad política supuso la implantación en ellos del mismo sistema de administración pública que era utilizado en el resto de los dominios de la Corona. En los municipios, los tres pilares básicos sobre los que se constituyó el gobierno fueron el justicia, los jurados y el Consell. Y a nivel territorial, la dirección de la nueva denominación administrativa de «Reino de Valencia más allá de Jijona» se encargó a un llochtinent de Procurador, y para la gestión económica se creó la Bailía General de Orihuela, población en la que se fijó la capital de la Procuración.

     No obstante, el reajuste de los límites políticos no conllevó modificaciones paralelas de los eclesiásticos. Ello situó a los habitantes del Reino de Valencia ultra Sexonam en una posición realmente incómoda y delicada pues a partir de esos momentos hubieron de plegarse a la soberanía civil de los monarcas aragoneses, y también, en la medida de lo posible, a los designios espirituales (más o menos desvirtuados por los intereses políticos castellanos) de los obispos de Cartagena. Y con el tiempo, los graves problemas que se derivaron de esta anómala situación hicieron surgir en ellos una necesidad de independencia espiritual que en la segunda mitad del siglo XIV se desarrolló para plasmarse en el inicio de las reivindicaciones en pos de la consecución de un obispado propio, independiente del de Cartagena, con sede en la arciprestal oriolana del Salvador y con una diócesis formada por los territorios del Reino de Valencia que pertenecían al obispado «murciano».

     Durante más de dos siglos, los inconvenientes propiciados por la obediencia a autoridades civiles y eclesiásticas diferentes fortalecieron progresivamente la conciencia segregacionista. Dichos problemas pueden englobarse en cuatro categorías:

     A) Los frecuentes roces entre las poblaciones de Orihuela y Murcia, de marcado carácter nacionalista. Desde la misma fundación de Murcia por Abderramán II, en el siglo IX, la proximidad espacial de ésta a Orihuela, la posición destacada de ambas al frente de sus respectivas zonas de influencia económica y su rivalidad como centros de poder, promovieron la existencia de múltiples conflictos entre los habitantes de las dos poblaciones. Dichos roces se hicieron más frecuentes a partir de principios del siglo XIV cuando Orihuela y su término pasaron al Reino de Valencia. Desde ese momento, la pertenencia de las dos poblaciones a monarquías distintas propició que ambas tuviesen leyes diferentes, sistemas de gobierno y administración distintos, e incluso, que sus respectivos habitantes hablasen distintas lenguas. Y tuvo, asimismo, como consecuencia que murcianos y oriolanos se enfrentasen en las guerras de sus soberanos. La rivalidad popular y el elemento nacionalista se alimentaron recíprocamente, y hallaron un nuevo y poderoso motor de crecimiento en la cuestión del obispado. Finalmente, hemos de resaltar a este respecto que tras la unión de las Coronas de Castilla y Aragón con los Reyes Católicos, las discordias entre murcianos y oriolanos no perdieron su componente nacionalista; al contrario, la conciencia de pertenecer a naciones distintas siguió siendo uno de los principales sustentos de la voluntad oriolana por lograr la independencia espiritual.

     B) Los conflictos relacionados con el ejercicio del poder espiritual por el obispo y el cabildo de Cartagena, y sus respectivos oficiales. A pesar de la influencia que la Iglesia tenía sobre la sociedad bajomedieval y moderna, los mandatarios civiles y eclesiásticos y la población de Orihuela no mostraron recelo alguno a la hora de obedecer a la soberanía temporal de los reyes de la Corona de Aragón, o, simplemente, a los dictados de sus propios intereses antes que a la autoridad espiritual cartaginense. Ello provocó que, a lo largo de los siglos que duró el Pleito del Obispado, los oriolanos sufriesen la imposición de una variada gama de censuras eclesiásticas. Las excomuniones y los entredichos se sucedieron de una manera tan inmediata y cotidiana que podemos afirmar que los oriolanos se acostumbraron a vivir en situaciones de irregularidad espiritual, pese a las incomodidades morales que ello conllevaba.

     C) La falta de atención pastoral a los diocesanos del Reino de Valencia por parte de los prelados cartaginenses. La situación de abandono espiritual que sufrieron endémicamente los diocesanos de Orihuela y su término por parte de los mitrados cartaginenses y sus vicarios generales fue motivada por una conjunción de factores interrelacionados: la propia configuración interna de la diócesis (la magnitud del obispado, la dificultad de las comunicaciones intradiocesanas y el elevado y creciente número de feligreses); los problemas derivados de decisiones de la Sede Apostólica (el nombramiento de prelados que raramente pisaron las tierras de la diócesis); y la influencia del propio Pleito del Obispado. Asimismo, tuvo diferentes manifestaciones: el reducido número de actuaciones del Santo Oficio cartaginense; la persistente falta de un vicario general específico (que hiciese más efectiva la autoridad espiritual en dicha zona); la práctica inexistencia de visitas pastorales de los obispos; la pasividad que éstos mostraron generalmente a la hora de tomar posesión en las iglesias principales de las ciudades, villas y lugares de la parte del Reino de Valencia; el escaso interés que demostraron por fomentar las devociones en dichas localidades; la escasa vigilancia de la educación y de las prácticas espirituales de los fieles (que, en muchas ocasiones, rayaban la superstición y la herejía a causa de la ignorancia), y, por último, el inexistente control sobre las enseñanzas y los sermones de los curas.

     D) La percepción por el obispo y el cabildo de Cartagena de rentas procedentes de la parte de la diócesis perteneciente al Reino de Valencia. De los diezmos recaudados anualmente en el campo de Orihuela y en las tierras de su Gobernación, una cantidad oscilante entre el 33% y la totalidad de las rentas iba a parar a las arcas de los obispos cartaginenses y de los canónigos de la catedral murciana. En muchas ocasiones, cuando los enfrentamientos con las autoridades eclesiásticas del obispado se recrudecían, y los entredichos caían sobre la ciudad del Bajo Segura, era práctica frecuente de los munícipes, bien por iniciativa propia, o bien siguiendo órdenes reales, responder a dichas censuras con la confiscación de tales frutos, lo que enfurecía aún más a los murcianos. Con la creación del obispado, el Consell pretendía evitar que todo ese dinero, y todo ese trigo -que tan necesario era para el consumo de los habitantes de Orihuela-, no fuesen a enriquecer y a alimentar las ambiciones del obispo y los canónigos murcianos.

     Tras analizar el origen y las causas que fundamentaron las reivindicaciones independentistas oriolanas, hemos de indicar que desde su mismo inicio, el cabildo de Cartagena y, por influencia suya, los obispos se opusieron de plano a la segregación de la diócesis y al proyecto de creación del obispado. Éste les suponía intolerables perjuicios desde múltiples perspectivas. A nivel jurisdiccional, la dismembración les causaba una notabilísima pérdida de poder. En el plano honorífico, un inmediato y notorio descenso del gran prestigio histórico de la sede cartaginense seguiría inevitablemente a la mengua de un buen número de territorios, de una cantidad considerable de fieles y de una veintena de iglesias. Y, por último, desde el punto de vista económico, que según nuestra opinión , y pese a la importancia de todos los demás condicionantes, era el que más les afectaba a los prelados, la fundación del obispado oriolano les había de suponer una disminución aproximada del 30% de sus ingresos anuales.

     Por ello, ni el cabildo ni los mitrados mostraron jamás la más mínima dejadez a la hora de defender sus intereses. Durante los siglos XIV y XV fundamentaron su oposición en el apoyo de los reyes de Castilla, que tradicionalmente contaron con una mayor influencia que los de Aragón sobre los sucesivos papas.

     Tras la unión de las Coronas y, sobre todo, después del retorno de Fernando el Católico al gobierno de Castilla, las circunstancias del Pleito del Obispado cambiaron considerablemente. A partir de este momento, oriolanos y murcianos tuvieron que acudir a los mismos monarcas para defender sus respectivas posiciones en torno a la cuestión episcopal. Entonces, el éxito de unos u otros pasó a depender, amén de la voluntad de los soberanos, de las influencias con las que contasen, y también del dinero que pudiesen gastar en el envío de embajadas a la cortes real y pontificia, y en sobornos y propinas a los funcionarios y personajes influyentes de ambas administraciones. En todo momento, los murcianos llevaron ventaja en los dos puntos -apoyos y liquidez-. Se aprovecharon del mayor peso específico de Castilla en la Monarquía Hispánica y no tuvieron que sufrir una crisis económica tan aguda como la que sobrevino a Orihuela a raíz de la represión de la Germanía. Y ambos factores les ayudaron durante los reinados del propio Fernando el Católico y de Carlos I a bloquear el progreso del proyecto episcopal de sus vecinos y rivales.

     No obstante, no fueron estos dos medios, la consecución del favor de los monarcas y las derramas monetarias, los únicos que utilizaron los murcianos para refrenar las ansias independentistas de sus contrincantes. También trataron de hacerles desistir de sus propósitos imponiéndoles todo tipo de censuras eclesiásticas e, incluso, recurriendo al uso de la violencia.

     Desde el mismo momento de la gestación del proyecto episcopal, los oriolanos hicieron gala de una inquebrantable tenacidad y de una gran claridad de ideas. En todo momento, tuvieron presente que el apoyo real ante la Santa Sede había de convertirse en el factor más determinante de su éxito. Y se esforzaron por convencer a los sucesivos monarcas de la utilidad de la segregación episcopal y, asimismo, de la necesidad de su mediación para lograrla.

     El proyecto del obispado se hizo realidad a finales del siglo XIV. La primera suplicación real constatada tuvo lugar en 1383, fecha en que las autoridades de la población del Bajo Segura le elevaron a Pedro IV una primera suplicación, poco argumentada, que no tuvo ninguna repercusión ante la Santa Sede.

     Dicha situación, no obstante, varió rápidamente. Con el paso de los años, el creciente interés por la independencia espiritual acució a las autoridades oriolanas a madurar el plan. Y en el reinado de Martín I el Humano experimentó un desarrollo tal que logró atraer la atención del soberano. El citado monarca llegó a solicitar a la Santa Sede la erección del obispado. No obstante, el destino jugó en contra de los presupuestos secesionistas puesto que cuando el rey aragonés ya tenía apalabrada la institución episcopal con Gregorio XII, el sumo pontífice falleció y el proyecto quedó paralizado.

     Las aspiraciones independentistas volvieron a hallar una coyuntura favorable tras el acceso al trono de la Corona del castellano Fernando I de Antequera, tras el Compromiso de Caspe. La voluntad del monarca por congraciarse con sus súbditos le llevó paradójicamente a apoyar las tesis segregacionistas. Su favor, la buena disposición del Papa Luna, Benedicto XIII -aragonés de nacimiento-, y la habilidad diplomática del clérigo oriolano Miguel Molsós fueron los factores que permitieron la promoción a colegial de la arciprestal del Salvador de Orihuela. El logro no colmó las expectativas oriolanas, por lo que siguieron trabajando para lograr la creación del obispado.

     No obstante, tras la muerte de Fernando I en 1416, su sucesor, Alfonso V el Magnánimo, se planteó favorecer la conclusión del Cisma de Occidente. Por ello, le negó la obediencia a Benedicto XIII y ahí terminaron las esperanzas oriolanas de conseguir del antipapa el objetivo episcopal. De todas maneras, el Magnánimo fue uno de los reyes aragoneses que más favoreció la causa segregacionista.

     En 1430, propició la institución pontificia de un vicariato general de Orihuela, que vino a aliviar los problemas que los oriolanos venían endémicamente sufriendo en el plano de la jurisdicción eclesiástica. Y poco después, en 1437, erigió la villa de Orihuela en ciudad y prometió a sus habitantes que haría todo lo posible por lograr la creación del obispado. Sin embargo, la cercanía del pontífice Eugenio IV al rey de Castilla y, consecuentemente, a las posturas murcianas, impidió entonces el progreso lícito del proyecto. De cualquier forma, ello no detuvo al Magnánimo. El alineamiento del monarca con el rebelde Concilio de Basilea abrió de nuevo las puertas a la erección episcopal, y, efectivamente, ésta se convirtió en una realidad a principios de 1542. La falta de legitimidad de las disposiciones conciliares marcó su efímera existencia. Acabado el período de irregularidad, Alfonso V decidió reconciliarse con el romano pontífice y aunque le solicitó la confirmación del obispado, el papa prefirió premiar la fidelidad de Juan II de Castilla y decretó su revocación.

     Dicha situación se mantuvo hasta la muertes consecutivas del citado Juan II y del papa Nicolás V. Entonces advino una fantástica coyuntura puesto que el rey de Castilla, Enrique IV el Impotente, optó por seguir una línea política pacifista y el solio pontificio pasó a ser ocupado por el valenciano Alfonso de Borja, Calixto III (un viejo aliado de la causa episcopal, que había intervenido decisivamente en la institución del vicariato). Sin embargo, las esperanzas oriolanas se vinieron repentinamente abajo en 1458 al sorprenderles otros dos óbitos casi inmediatos, los de sus máximos valedores: Alfonso V y Calixto III.

     Durante el reinado de Juan II de Aragón, la voluntad pacifista de Enrique IV el Impotente llevó a oriolanos y murcianos a tratar de encontrar una solución pactada al Pleito del Obispado. Siguiendo las directrices de los monarcas, las dos partes fueron cediendo en sus pretensiones hasta acordar la institución del segundo vicariato general de Orihuela. La concordia de Logroño de 1461 propició un período de tranquilidad espiritual sin precedentes en el obispado de Cartagena.

     Durante casi tres décadas, las aspiraciones episcopales quedaron más o menos soterradas. No obstante, en 1490, reinando ya Fernando el Católico, el fallecimiento del vicario Francisco Desprats resucitó las discordias y, con ellas, el interés independentista. El cabildo de Cartagena decidió incumplir las estipulaciones del acuerdo logroñés y, contando con el apoyo de sucesivos mitrados -Rodrigo de Borja (el futuro Alejandro VI), Bernardino de Carvajal y Juan de Medina- y, sobre todo, de sus provisores, logró aplazar el nombramiento de su sucesor. Los oriolanos denunciaron la situación ante el monarca Católico, el metropolitano valentino y la Sede Apostólica y, por fin, en 1498, consiguieron que los murcianos se plegasen a las disposiciones de la concordia y aceptasen el nombramiento de Pedro Argensola.

     Fernando II de Aragón siguió con atención los enfrentamientos espirituales entre murcianos y oriolanos pues pronto se dio cuenta de que podían convertirse en un elemento desestabilizador del proyecto de unión de las coronas. Por ello, en todo momento trató de conseguir que los cartaginenses se aviniesen a cumplir la Concordia de Logroño. Y si tuvieron que pasar más de ocho años para que claudicaran fue por la tenacidad que en todo momento mostraron, por el carácter absentista y fugaz de los prelados que ciñeron la mitra y por el carácter parcial de sus provisores.

     La solución de la cuestión vicarial no significó, empero, el final de las discordias. La elección de Juan Daza como obispo de Cartagena, en 1502, supuso un nuevo punto de inflexión en los enfrentamientos. La actitud del nuevo prelado y sus oficiales originó nuevas y gravísimas discordias, que no pudo pasar por alto Fernando el Católico. En connivencia con el cabildo cartaginense, Daza se negó a tomar posesión de su cargo en las localidades diocesanas sitas al otro lado de la frontera por consideraciones nacionalistas, se negó a aceptar la autoridad del vicario general de Orihuela, y se dedicó a encarcelar a cuantos emisarios le enviaron los mandatarios civiles y eclesiásticos de la ciudad del Bajo Segura. Su intolerable comportamiento movió a las citadas autoridades a suplicarle al monarca la creación del obispado en 1503. Fernando reflexionó sobre la situación, evaluó las consecuencias políticas que conllevaría la escisión de la diócesis cartaginense y para no ofuscar a los castellanos o a su propia esposa, intentó solucionar el problema de una manera coyuntural y no estructural. Evitó la segregación, promovió la traslación del problemático Juan Daza al obispado de Córdoba y lo sustituyó por un prelado de talante más diplomático y conciliador, Juan Fernández de Velasco.

     El episcopado del nuevo mitrado fue extrañamente pacífico, sobre todo, si tenemos en cuenta los repentinos giros que dio la Monarquía Hispánica tras las muertes de Isabel I de Castilla y Felipe el Hermoso. La labor de Velasco al frente de la diócesis calmó las discordias, pero, por supuesto, no las hizo desaparecer. Las autoridades oriolanas siguieron insistiéndole al Fernando el Católico que la solución a los endémicos enfrentamientos no podía ser otra que la creación del obispado. Y, por fin, en 1509, sus súplicas hallaron la complicidad del soberano único de las dos coronas.

     Fernando V valoró las complejas circunstancias de la cuestión y, pese a saber que la decisión no caería muy bien en Castilla, optó por auspiciar la erección episcopal ante la Sede Apostólica, por una parte, con la intención de castigar los abusos murcianos, y, por otra, para probar si de tal manera lograba hacer desaparecer esas inoportunas discordias, que durante dos décadas habían afectado de una manera más o menos desestabilizadora a su proyecto de configuración de la Monarquía Hispánica. Fernando estudió detenidamente el caso y trató de plantear la fundación de modo que perjudicase lo menos posible al obispo y el cabildo cartaginenses, esto es, teniendo en cuenta aspectos honoríficos, jurisdiccionales y económicos.

     Así, siguiendo las directrices del monarca, el 13 de mayo de 1510, Julio II decretó la segunda creación del obispado de Orihuela. La decisión del Católico provocó de inmediato la reacción cartaginense. Y las presiones castellanas le obligaron a retractarse y a recomendar a las autoridades civiles y eclesiásticas de Murcia que recurriesen contra la segregación en la Curia romana.

     Los recursos murcianos propiciaron el inicio de una larga sucesión de embajadas a las cortes real y pontificia. A partir de este momento, Fernando tuvo que hacer gala de su habilidad diplomática ante los insistentes representantes de una y otra ciudad, para no granjearse ninguna enemistad. Sus decisiones se vieron influidas por una conjunción de factores. Su origen aragonés le llevó a tratar de beneficiar a los oriolanos. Sin embargo, el peso de la tradición histórica de la diócesis cartaginense y, sobre todo, las presiones castellanas equilibraron la balanza. No obstante, la belicosa actitud de los murcianos le inclinó, en los momentos finales de su reinado, a favorecer la erección episcopal, consiguiendo que León X confirmase las bulas institutorias de Julio II. Fernando murió en 1516. Y en relación con el Pleito del Obispado hemos de afirmar que cumplió plenamente su objetivo: con sus aparentemente ambiguas o duales decisiones, consiguió evitar que la problemática murciano-oriolana pudiese poner en peligro la tarea unificadora iniciada junto a Isabel la Católica.

     El acceso al trono de Carlos I conllevó importantes cambios para el desarrollo del Pleito del Obispado. En principio, el nuevo monarca había de ser absolutamente neutral e imparcial; una circunstancia completamente novedosa pues hasta ese momento, los oriolanos siempre habían podido hacer llegar sus súplicas a reyes de la Corona de Aragón, que en la mayoría de las ocasiones habían prestado gustosos su apoyo a la causa independentista. La entronización de Carlos de Gante modificó las «reglas del juego» del Pleito, cuyos logros pasaron a depender de factores muy diversos.

     En primer lugar, hemos de señalar que la mayor parte de su tiempo, Carlos dirigió su atención hacia las cuestiones de la política exterior, interesándose de una manera poco comprometida por los problemas de orden interno de sus súbditos hispánicos. Ello nos lleva a concluir que el Pleito del Obispado no le importó, desde luego, tanto como a su abuelo. Sus preocupaciones se dirigieron, más que hacia la unidad de la Monarquía, hacia la integridad de la Cristiandad. Sus luchas fueron contra el francés, el turco o la herejía...

     Durante los primeros años de su reinado, su posición respecto a la controversia fue muy variable. Dado el escaso interés que le suscitaba y la poca importancia que le atribuía, y su casi nulo conocimiento del tema, se limitó prácticamente a quitarse de encima a los procuradores de ambas partes que le visitaron, satisfaciendo sus respectivas y sucesivas peticiones. De esta manera, hasta 1518, el Pleito sufrió una serie de vaivenes que pusieron de manifiesto la inexistencia de una voluntad real definida en relación con la lite.

     En dicha fecha, la cuestión comenzó a desnivelarse en favor de los intereses murcianos. El monarca se molestó por el hecho de que Mateo Lang, obispo de Cartagena y Orihuela, de acuerdo con las autoridades civiles y eclesiásticas de esta última ciudad, tomase posesión del obispado sin informarle de ello previamente. Dicha circunstancia, unida a las protestas murcianas y a las presiones castellanas, le movieron a conseguir que León X revocase la creación del obispado de Orihuela.

     Desde este hito de la evolución del Pleito, las relaciones entre Orihuela y Carlos I comenzaron a hacerse distantes. Y llegaron a su peor momento a raíz de la participación de la ciudad del Bajo Segura en la Germanía. Su alineamiento con los rebeldes le supuso nefastas consecuencias a todos los niveles. Orihuela fue saqueada durante un mes por las tropas murcianas del Marqués de los Vélez, que sacaron a relucir con sus acciones todo el rencor que habían acumulado durante siglos contra sus vecinos y rivales. Al desorden demográfico y administrativo, se unió la crisis económica que sobrevino con la represión de los agermanados. Y a nivel religioso, la revocación del obispado se hizo efectiva, si bien de una manera irregular, pues el referido marqués forzó a los habitantes de la ciudad, clérigos y laicos, a admitir la superioridad espiritual cartaginense.

     Pero no todos los efectos negativos de la participación de Orihuela en la Germanía fueron tan inmediatos. Durante unos cuantos años, Carlos I tuvo en cuenta dicha circunstancia a la hora de rechazar con dilaciones las suplicaciones oriolanas de justicia en el Pleito del Obispado. En líneas generales, el ya electo emperador quiso favorecer a los fieles murcianos y, en este sentido, les apoyó cabe la Santa Sede cuando la irregularidad del juramento de obediencia oriolano les obligó a volver a solicitar la revocación de las bulas fundacionales de Julio II.

     Además, los conflictos de las autoridades de Orihuela con la Inquisición cartaginense hicieron empeorar aún más la imagen de la ciudad del Bajo Segura a los ojos del emperador. Y ni siquiera las tensas relaciones que mantuvo con Clemente VII le hicieron dejar de apoyar los intereses murcianos. El pontífice revocó la creación de Julio II por medio de tres rescriptos (1524, 1526 y 1530). No obstante, los oriolanos aprovecharon bien sus posibilidades y lograron retrasar su ejecución. Su habilidad diplomática ante el emperador, el favor incondicional del gobernador del Reino de Valencia más allá de Jijona, Pedro Maza, y el recurso al apoyo de los estamentos en las Cortes generales de la Corona de Aragón, celebradas en Monzón, en 1528, impidieron que la derogación del obispado se hiciese efectiva hasta 1532, fecha en que Carlos I mandó severamente a su lugarteniente general en el citado Reino de Valencia, el Duque de Calabria, que auxiliase a los murcianos en su afán por recuperar la integridad del obispado cartaginense y por restaurar su autoridad espiritual en toda la diócesis.

     Los oriolanos, por supuesto, no se resignaron a aceptar esa superioridad, y de inmediato apelaron contra la derogación del obispado. Y consiguieron atraer la atención del emperador aprovechándose de un factor que realmente le preocupaba: la necesidad de liquidez. Aunque este comentario parezca extraño, creemos que los oriolanos supieron jugar muy bien sus bazas ante Carlos I. Los ingentes gastos derivados de su ambiciosa política exterior le obligaron a tratar de conseguir fondos de sus súbditos de Castilla y de la Corona de Aragón. Y para ello utilizó la vía de la celebración de Cortes generales de ambas unidades políticas en diferentes años (1533, 1537, 1542, 1547, 1552). Las autoridades de la ciudad del Bajo Segura, con el apoyo de los estamentos de los tres reinos, consiguieron que el monarca se comprometiese formalmente a revisar el Pleito del Obispado. No obstante, no lograron plenamente sus objetivos pues, dado que desconfiaban del emperador, le suplicaron que remitiese la causa a la justicia apostólica, y Carlos I prefirió encargarse personalmente de resolver la controversia, al considerar que dicha opción sería, sobre todo, menos gravosa para las economías oriolana y murciana. En su pensamiento, desde luego, no cabía la posibilidad de que sus súbditos dilapidaran sus ingresos en embajadas a la Santa Sede, en trámites y en propinas para los interesados curiales.

     De esta manera, el monarca dio origen a una nueva etapa, un segundo tiempo del Pleito en su reinado. Carlos I citó a los litigantes en diversas ocasiones con la intención de proceder a la revisión de la causa. En 1533, en Monzón. En 1534, en Toledo. En 1535, en Madrid. En 1537, de nuevo en Monzón. En 1538, en Barcelona y Toledo. En 1539, en Madrid. En 1542, otra vez en Monzón. Y en 1543, en Madrid y Barcelona. No obstante, pese a ello, creemos que en el fondo no quiso cambiar el «orden» establecido en la diócesis cartaginense tras la revocación de 1532. Nos resistimos a pensar que otros factores como las incomparecencias murcianas, las estratagemas y presiones del Consejo de Castilla, las dilaciones provocadas por las autoridades oriolanas en coyunturas desfavorables o sus continuos viajes fueran causas suficientes para que el emperador no pudiese poner fin a la cuestión. En el fondo, creemos que la cuestión episcopal no le importaba realmente y que, acomodado tras la citada derogación de Clemente VII, no quiso realizar cambio alguno. Toleró las importunaciones oriolanas, escuchó más o menos correctamente sus sufridas reivindicaciones, pero sin alejar un ápice su atención de cuanto estaba sucediendo en «Europa».

     Asimismo, los elecciones reales de Juan Martínez Silíceo (en 1541) y de Esteban de Almeyda (en 1546) como obispos de Cartagena vienen a confirmar dicha interpretación. Carlos I eligió sucesivamente a ambos candidatos con una clara intención: apaciguar los ánimos en la diócesis y apagar las manifestaciones independentistas. Por las buenas, en el caso del persuasivo maestro del príncipe Felipe. Y por las malas, en el del autoritario portugués. Y consiguió, finalmente, durante el gobierno espiritual de este último, que la desesperanza cundiese entre las autoridades civiles y eclesiásticas de Orihuela y que sus reclamaciones episcopales dejasen de distraerle.

     La abdicación del emperador y el acceso al trono de su primogénito, Felipe II, supusieron la entrada en juego de nuevos condicionantes para el curso del Pleito del Obispado. Dichas variables se hicieron aún más favorables a los intereses episcopales oriolanos tras el fallecimiento de Carlos en Yuste.

     Las autoridades civiles y eclesiásticas de la ciudad del Bajo Segura se apercibieron pronto de que el nuevo monarca iba a regirse por criterios diferentes a la hora de abordar la resolución del litigio. De entrada, Felipe II no tenía los motivos de su padre para castigar a los pobladores de la ciudad del Bajo Segura, o para ceder a las influencias castellanas. Ni tampoco la necesidad de dedicar su atención a las urgencias europeas, ya que la corona imperial había pasado a su tío Fernando. Al contrario, el heredero de la Corona Hispánica había de ocuparse de las cuestiones de orden interno de su Monarquía y la del obispado era una de ellas. Por todos estos factores, los oriolanos debieron pensar que la entronización de Felipe II abría nuevas posibilidades para conseguir el objetivo episcopal y quedaron a la espera de que se presentase una coyuntura proclive al reinicio de las reivindicaciones.

     Los primeros años del reinado de Felipe II pusieron claramente de manifiesto las enunciadas líneas gubernativas. En un contexto histórico profundamente marcado por el Concilio de Trento, el rey español se presentó ante la Cristiandad como el paladín defensor de la fe católica. Y en consecuencia, centró su política religiosa en la erradicación de la herejía y en una escrupulosa vigilancia de la pureza del Catolicismo practicado en sus dominios. Tras acabar con dos focos luterizantes surgidos en Valladolid y Sevilla, se ocupó del segundo principio anunciado y en 1563 comenzó a prestar atención a una línea de actuaciones que creía que podría coadyuvar al fortalecimiento de la fe: la reorganización de la geografía eclesiástica de sus reinos. El monarca halló en la creación de nuevos obispados una solución eficaz para reafirmar e, incluso, incrementar el control que pretendía tener sobre el rigor del Catolicismo profesado por sus súbditos y, en especial, por los que consideraba más peligrosos, los moriscos. Y quizá descubrió la utilidad de este método gracias a las suplicaciones episcopales oriolanas.

     Tal como indicamos, las autoridades de la ciudad del Bajo Segura esperaron la llegada de una coyuntura favorable para reiniciar sus suplicaciones secesionistas. Y ésta llegó a principios de 1563 cuando, ante la cercanía de la muerte del obispo Almeyda, le suplicaron al monarca la erección del obispado, poniendo especial énfasis en el hecho de que dicha solución sería la más adecuada para mejorar la atención pastoral de los habitantes de la Gobernación, y en que también serviría para vigilar de cerca las sospechosas prácticas religiosas de los abundantes moros convertidos al Cristianismo que constituían la principal mano de obra en los campos de cultivo.

     El Rey Prudente, que tenía la costumbre gubernamental de entremezclar los intereses políticos y los religiosos, se apercibió en seguida de que la aplicación del plan oriolano le permitiría obtener beneficios muy notorios en ambos planos, y decidió comenzar a auspiciarlo en secreto, a fin de evitar las protestas murciano-castellanas.

     Felipe II hizo suyo el proyecto oriolano y se lo presentó a Pío IV. El pontífice, que al igual que el monarca sentía una especial preocupación por los temas pastorales, acogió favorablemente la iniciativa y le encargó un estudio sobre la viabilidad de la erección episcopal.

     El rey accedió de inmediato al requerimiento pontificio y a finales de 1563 ordenó la realización de las pesquisas en las dos partes de la diócesis cartaginense. Convencido por los resultados de la investigación, en mayo del año siguiente, la envió a la Santa Sede, junto con la suplicación del obispado y la carta de presentación del que habría de ser el primer obispo, el catedrático y teólogo salmantino, Gregorio Gallo de Andrade; y le encargó al pavorde de la iglesia del Salvador de Orihuela, Diego Ferrández de Mesa, la realización de los trámites oportunos para la obtención de las bulas.

     Los rescriptos fueron aprobados por Pío IV en su consistorio del 14 de julio de 1564, y expedidos dos meses después. Con ellos, el mencionado pavorde retornó a España y los llevó a la corte, donde Felipe II les concedió su exequátur.

     La oposición murciana fue inútil, pues la voluntad de Felipe II se mostró siempre muy firme. El primero de mayo de1565, las bulas de Pío IV fueron publicadas en la Catedral del Salvador, haciéndose realidad la creación del obispado.

     Poco después, el 22 de agosto de dicho año, Gregorio Gallo consiguió, por fin, sus rescriptos provisorios. Y tras recibir el pase regio, el 23 de marzo de 1566, tomó posesión del obispado de Orihuela.

     La división del obispado de Cartagena y la creación del de Orihuela se hicieron definitivas como consecuencia de dicho acto solemne. No obstante, las discordias entre oriolanos y murcianos no finalizaron en ese momento. Los damnificados se negaron a aceptar la escisión de su diócesis, oponiéndose a la nueva distribución de las rentas. No obstante, Felipe II impidió cualquier involución y el 4 de abril de 1576 el papa Gregorio XIII puso fin a las reclamaciones cartaginenses.

     Hasta ese día, los murcianos se negaron a aceptar la realidad, manteniendo viva la esperanza de que la segregación de la diócesis de Cartagena fuese revocada. Pero la tenaz voluntad de Felipe II pudo más y, por fin, el obispado de Orihuela se convirtió en una realidad perpetua.

Fuentes documentales y bibliografía básica

Fuentes documentales

• Archivo de la Catedral de Orihuela (A.C.O.)
• Archivo de la Embajada Española cerca de la Santa Sede (A.E.E.S.S.)
• Archivo Municipal de Orihuela (A.M.O.)
• Archivo de la iglesia de Santiago y Montserrat en Roma (A.S.M.)
• Archivo Secreto Vaticano (A.S.V.)

Bibliografía básica

• ABAD HUERTAS, M.: Catalogación y extracto de fondos de los pergaminos existentes en el Archivo de la S. I. Catedral de la Ciudad de Orihuela. Alicante, 1977.
• BELLOT, P.: Anales de Orihuela (siglos XIV-XVI). Estudio preliminar de J. Torres Fontes. Orihuela, 1956.
• BERNABÉ GIL, D.: Monarquía y patriciado urbano en Orihuela, 1445-1707. Alicante, 1990.
• CARRASCO RODRÍGUEZ, A.: La ciudad de Orihuela y el Pleito del Obispado en la Edad Moderna. Edición digital (http://cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=6199) de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Alicante, 2001.
• CHIARRI MARTÍN, M.L.: Orihuela y la guerra de las Germanías. Orihuela, 1963.
• DÍAZ CASSOU, P.: Serie de los obispos de Cartagena. Sus hechos y su tiempo. Madrid, 1895.
• GEA MARTÍNEZ, J.R.: Páginas de la Historia de Orihuela. El Pleito del Obispado. 1383-1564. Orihuela, 1900.
• GISBERT Y BALLESTEROS, E.-GISBERT COLUMBO, A.: Historia de Orihuela. Orihuela, 1901-1903.
• MANSILLA REOYO, D.: Geografía Eclesiástica de España. Estudio Histórico-Geográfico de las diócesis. Roma, 1994, 2 t.
• MARTÍNEZ GOMIS, M.: La Universidad de Orihuela (1610-1807). Alicante, 1987.
• MARTÍNEZ PATERNA, F.: Breve tratado de la Fundación y Antigüedad de la muy noble y leal ciudad de Origuela. Edición facsímil, con estudio preliminar, notas e índices de Antonio Luis Galiano Pérez. Orihuela, 1984.
• ROXAS Y CONTRERAS, D. de: Diferentes instrumentos, bulas, y otros documentos pertenecientes a la dignidad episcopal y Santa Iglesia de Carthagena, y a todo su obispado, Madrid, 1756.
• TORRES FONTES, J.:«El obispado de Cartagena en el siglo XIII», en Hispania, 13 (1953), pp. 339-401.
• VAN GULIK, G.; EUBEL, C.: Hierarchia Catholica medii et recentioris aevi sive summorum pontificum, s.r.e. cardinalium, ecclesiarum antitistum series. Patavii, 1960.
• VILAR, J.B.: Orihuela. Una ciudad valenciana en la España Moderna. Historia de la ciudad y obispado de Orihuela, t. IV, vol. II. Murcia, 1981.