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Un aspecto del regalismo borbónico español: las provisiones eclesiásticas entre 1751 y 1760

Este artículo será publicado en Ayudas a la Investigación, del Instituto de Cultura «Juan Gil-Albert». Lo escribí en colaboración con Daniel Carmona Zubiri, Enrique Moltó Mantero, Gloria Navarro Albaladejo y José Ortuño Bordallo, y bajo la coordinación del Dr. D. Enrique Giménez López.

Introducción

      Los protagonistas de este estudio son los integrantes del clero español del siglo XVIII. En éste, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua definía el término 'clero' como «toda aquella porción o parte del pueblo cristiano que en fuerza de orden sacro, desde la primera tonsura está diputado al culto divino y servicio especial de la Iglesia, y mediante esta recepción se considera separado de todos los demás individuos o fieles cristianos seculares», aunque pronto hacía una aclaración y así, «por antonomasia se entiende [por clero] el secular a diferencia del regular, al cual vulgarmente se le denota y especifica con el título de Religión de tal o cual instituto y así cuando se dice clero y que el clero concurrió o asistió a ésta o la otra función, se entiende y toma por la secular solamente». En la actualidad, la definición que la Real Academia de la Lengua hace de clero ya se diferencia de la anterior; clero es el «conjunto de los clérigos, así de órdenes mayores como menores, incluso los de primera tonsura. Clase sacerdotal en la Iglesia católica».

      Intentar conocer el número de eclesiásticos que había en España en el siglo XVIII es una empresa un tanto difícil, pues los datos son escasos, y sólo nos podemos acercar a números poco precisos. Existen monografías como la de Roberto Fernández Díaz, «La clerecía catalana en el Setecientos⁽¹⁾, donde se aborda el tema demográfico de los eclesiásticos dentro de Cataluña, basándose en los censos de 1710 y 1787. Partiendo del primero obtuvo unas cifras que llegaban a suponer el 2.5 % de la población total catalana (1.5 % secular, 0.7 % regular, 0.3 monjas). Sin embargo, éste se repartía desproporcionadamente por el territorio catalán, y mientras el secular se concentraba en las zonas menos pobladas, el regular tendía a concentrarse en las más habitadas.

      El de 1707 (Censo de Floridablanca) nos acerca a unas cifras que con respecto a la población total, el clero suponía el 1.74 % (0.7 % secular, 0.7 % regular, y 0.2 % monjas). En cuanto a la distribución por el territorio no parece que las cosas cambiaran sustancialmente.

      Podemos acercarnos a una visión de la clerecía en Cataluña y, por extensión, del resto de España. Nos encontramos con un clero abundante, pero mal distribuido por el territorio.

      Los integrantes de este grupo serían los obispos, los cabildos y el bajo clero, subgrupos con unas mentalidades y formas de actuar en muchos casos distintas.

      Los obispos eran los que mayor poder terrenal y espiritual tenían dentro de su obispado. Para llegar a ser obispo, era necesario, a grandes rasgos, tener buena salud, tener entre 66 y 67 años de edad (por término medio desempeñaban su cargo unos 14 años). Además, para llegar a ello recorrían un largo camino de méritos, a lo que ayudaban la vinculación a un cabildo catedralicio, a la Santa Inquisición, a la familia real, a la burocracia cortesana o a las cátedras universitarias. Factores como pertenecer al clero regular, en especial a los benedictinos, franciscanos y agustinos, también marcaban su suerte. De su procedencia territorial y social poco sabemos, aunque sí podemos apuntar que la mayoría pertenecía a Castilla, y a familias nobles (alta, mediana y pequeña) o al estado llano (en general bien acomodado).

      Poco sabemos de la organización y del personal que constituía los cabildos. Sí sabemos que en el siglo XVIII, en la mayor parte de los cabildos catedralicios existían cuatro canónigos de oficio. El doctoral hacía las veces de asesor jurídico, el lectoral de teólogo del cabildo, el magistral era el principal predicador, y el penitenciario asumía la labor de confesor en la institución.

      Las dignidades, por su parte, paradójicamente, no pertenecían estrictamente a los cabildos (es decir, carecían de poder decisorio en las sesiones) y, teóricamente, no tenían por qué ser canónigos. Solían poseer estudios cualificados (doctores en leyes, teología y artes) y procedían de casas acomodadas (campesinos propietarios, comerciantes, artesanos, e incluso de la nobleza).

      Fue uno de los grupos más poderosos debido a las rentas que fueron acumulando. El bajo clero es el gran desconocido; párrocos, capellanes o beneficiados de toda condición han pasado a la Historia sin mención alguna⁽²⁾. Este trabajo intentará dar una muestra de este grupo.

      Se supone que estos tres grupos debían estar unidos dentro de la Iglesia. Sin embargo, esto dista mucho de ser cierto. Los conflictos internos se sucedían teniendo como punto de referencia habitual los cabildos catedralicios, pugnas entre los canónigos y los curas párrocos, en la mayoría de los casos, por problemas de rentas agrarias, y conflictos de poder, de dinero o de jurisdicción entre los cabildos y los obispos.

      Pero el mayor problema era mantener a este estamento social. Había que construir y mantener una infraestructura material, convenientes medios litúrgicos de toda clase, y además había que alimentar y vestir a este ejército de Dios.

      En cuanto al clero regular, y debido a la vida en comunidad y a los votos, este asunto resulta difícil; sin embargo, es más fácil acercarse a las posibilidades económicas del clero secular, que podía tener sus propios bienes materiales.

      También en cuanto a la formación⁽³⁾ existían desigualdades internas. La preparación eclesiástica podía efectuarse de varias formas y en distintos centros, desde las aulas de latinidad y el seminario, a la enseñanza conventual, desde las escuelas de los jesuitas hasta la Universidad. Los hijos de la nobleza y de las clases medias acomodadas iban preferentemente a estos dos últimos centros, mientras que los primeros quedaban reservados para los menos adinerados.

      A pesar de la existencia de éstos, las quejas sobre la mala formación del clero, su comportamiento irregular y su falta de vocación fueron abundantes.

      Cuando el clero estaba formado y salía a cumplir su misión en los beneficios designados, tenía principalmente tres misiones a su cargo: la moralización, la censura y el auxilio.

      Pero el clero no sólo tuvo como tarea el dirigir al pueblo cristiano moralmente, sino que interpoló en sus papeles funciones políticas, sociales, económicas y culturales.

      En el campo político, el clero tuvo una actuación constante, pero no fue un comportamiento monolítico ni homogéneo a lo largo del siglo XVIII. Tampoco todo el cuerpo eclesiástico tuvo las mismas actitudes políticas, sino que fueron diversas.

      Del mismo modo, en el campo social, actuó como amortiguador ante protestas populares (carestías de pan...).

      Ante la economía, y sus reformas, el clero presentó una actitud no beligerante. Sabía que esas reformas no sólo iban a beneficiar a la nobleza y a la burguesía, sino también a ellos mismos. Contribuyeron a la creación de un ambiente propicio para la generación de riqueza.

      Éstos son sólo algunos rasgos que marcaron al clero del Setecientos, resumidos y explicados sucintamente. Para finalizar, sólo cabe decir que éste es un tema todavía poco estudiado, y que por ello necesita una investigación profunda que nos muestre con veracidad la clerecía del siglo XVIII en la Península Ibérica.

Regalismo y Concordato de 1753

      En la España del siglo XVIII corrían nuevas ideas acerca de las relaciones entre el Estado y la Iglesia. El regalismo y, por tanto, el Patronato Regio (derecho de presentación de los cargos eclesiásticos) había sido para muchos reyes españoles una cuestión básica en las relaciones con Roma.

      Es en 1753 cuando se consigue para España el patronato regio. Es Lamadrid quien ha estudiado con mayor profundidad este hecho esclareciendo muchos aspectos de este tema⁽⁴⁾. Un hecho sorprendente, y quizás único en la historia concordataria lo constituye la doble negociación entre Madrid y Roma⁽⁵⁾. La primera, oficialmente a través del secretario de Estado español, José Carvajal, que tenía como interlocutor al nuncio Enríquez, y como representante en Roma al cardenal Portocarrero. Esta vía negociadora fue, como sabemos, un fracaso. La segunda, secreta, y al margen de la anterior, estuvo dirigida desde Madrid por Ensenada y el padre Rávago. Con la confianza del rey, encontraron la colaboración del jurista Ventura Figueroa que, bien adoctrinado, marchó a Roma como auditor de la Rota, con el fin «oficial» de ayudar al embajador español. Estos personajes necesitaban un interlocutor válido por parte de la Curia que, además de aceptar el doble juego, gozara de la confianza del papa Lambertini. Ese personaje fue el cardenal Valenti Gonzaga, secretario de Estado de Benedicto XIV, antiguo nuncio en Madrid y amigo de Ensenada. Sólo Fernando VI, por parte española, y el papa, por Roma, conocían el juego de esta doble negociación. De ahí que fuera posible guardar el secreto durante los tres años que duró la negociación del Concordato.

      Benedicto XIV estaba dispuesto a ceder cuanto fuera preciso en la cuestión de hecho, pero se negaba en redondo a que pudiera recaer la menor sombra sobre el derecho de Roma.

      No obstante, las conversaciones fueron largas y difíciles, siendo precisas la habilidad de Figueroa y la colaboración del cardenal Valenti para llevar las negociaciones a buen puerto. En noviembre de 1750, Figueroa enviaba a Madrid un primer esbozo de acuerdo. Basado en las directrices de Ensenada y Rávago, dividía la materia en dos grandes títulos generales: reforma del clero regular y del secular, materias que después quedarían fuera del texto concordatario. Y en cuanto al Patronato Real proponía un sistema de provisión tripartito, en el que correspondían cuatro meses al papa, cuatro al rey, y los restantes a los ordinarios. Por lo demás, el rey daría una compensación a la Santa Sede, pero desaparecerían las pensiones bancarias.

      Este texto no fue enviado al papa, pero mereció unas importantes reflexiones del padre Rávago, que consideraba que no convenía iniciar las conversaciones por los aspectos más fáciles.

      Con estas notas, el conocimiento adquirido en una visita a Benedicto XIV y la ayuda del cardenal Valenti, Figueroa redactó el documento base de las negociaciones. Mantenía la idea de la provisión tripartita de los beneficios eclesiásticos; planteaba el patronato de los reyes de España como un derecho y su reconocimiento, como medio necesario para mantener la armonía de las dos cortes; lamentaba las consecuencias disciplinares de las reservas; incluía la renuncia de expolios y vacantes; suprimía las bulas en los meses de provisión real, y las pensiones bancarias; y, finalmente, se extendía en la reforma del clero secular y regular.

      Así, el 15 de junio de 1751, Figueroa presentaba al papa el proyecto en un texto muy perfilado, base esencial y casi literal del Concordato de 1753. Faltaba determinar la compensación que debía aportar el gobierno español a las pérdidas económicas que suponía la renuncia de Roma a las reservas eclesiásticas. Dificultades mayores no hubo, y con la ayuda del datario Monseñor Millo y las previsiones de Figueroa, se llegó al acuerdo. El Concordato podría darse por ultimado, y en el Quirinal, el 11 de enero de 1753, el cardenal Valenti y el auditor Figueroa estampaban su firma al pie del documento, que ponía fin a medio siglo de disputas.

      El Concordato de 1753 no concedía el Patronato Universal, suprema aspiración de los regalistas españoles. Más aun, cuidadosamente se eliminaba del texto concordatario cualquier nota que pudiera dar pie a una interpretación favorable al «pretendido regio patronato universal».

      Puede fácilmente comprenderse que con el Concordato de 1753 se produjera un cambio completo del sistema financiero de la Curia Romana. Ello explica las convulsas protestas de cuantos participaban del sistema económico de reservas. Pero también resultan lógicos los unánimes elogios que tributaron los españoles al Concordato, cuya firma consideraron un milagro. Era el final de una etapa del regalismo español, y constituía la solución de los problemas jurídico-eclesiásticos planteados en la primera mitad del siglo.

      Pero, al mismo tiempo, era el inicio de una nueva etapa de las relaciones Iglesia-Estado en España. El predominio del poder monárquico en la Iglesia española resulta indiscutible. A partir de ese momento, el regalismo se convierte en el eje de los movimientos doctrinales, eclesiásticos y aun teológicos.

Edad y origen de la clerecía setecentista

      Durante la segunda mitad del siglo XVIII se producen dos hechos básicos en la clerecía española: una extensión cuantitativa del número de efectivos humanos, debida a mejoras directas pretendidas por la administración borbónica, que con miras ilustradas pone énfasis en la creación de un clero secular culto e ilustrado, políticamente dócil y secundador de sus directrices a través de su formación en las doctrinas regalistas. Se explica, con todo, que ambas cuestiones (aumento del número de clérigos y fomento de su educación) fuesen unidas en el plano institucional e ideológico.

      Conviene en este punto la afirmación en 1848 del barcelonés Illas y Vidal: «Si la España durante el siglo XVIII aumentó en población y riqueza, debióse más a mejoras administrativas que a constantes progresos económicos»⁽⁶⁾.

      En efecto, entre 1768 y 1787 encontramos un aumento relevante de curas y parroquias⁽⁷⁾. Por el contrario, la brusca caída del clero regular tras la expulsión de los jesuitas, continúa reflejándose disminución entre ambas fechas de 7930 religiosos así como los ordenados con patrimonio, beneficiados, tenientes o coadjutores, que tienden a ser evitados por la administración con el buen criterio de impedir lazos vinculatorios entre coadjutorías y principales, que menoscabasen el poder de designio real para cada cargo⁽⁸⁾.

      Estas observaciones introductorias de carácter indispensable, deben complementarse con algunos principios generales de la dinámica demográfica del XVIII en España. En los casos que nos ocupa analizar, los clérigos nacen entre los últimos años del Seiscientos, y a lo largo del primer tercio del Setecientos, en su práctica mayoría. Es ésta una época considerada por demógrafos e historiadores como de eclosión demográfica en España. Nadal considera en este sentido que la tasa de crecimiento de la población se eleva el 0.42 % por año entre 1717 y 1768. Pierre Vilar cree en un crecimiento aún mayor⁽⁹⁾.

      Lo importante para nosotros es que una coyuntura favorable (remisión de grandes epidemias pestíferas, equilibrio entre hombres y recursos por una favorable situación económica antes del último tercio de siglo; sentimiento y política poblacionista, de acuerdo con los ideales ilustrados de mayor volumen de población, mayor riqueza potencial de un país...) ocasiona en estos decenios el mencionado aumento.

      No se trata, sin embargo, de un crecimiento homogéneo e igualitario para toda la Península. Parece demostrado que el aumento fue mucho mayor en la periferia que en el área castellana⁽¹⁰⁾. Además, después de un siglo y medio de la expulsión de los moriscos, las consecuencias son todavía evidentes en los movimientos migratorios, fruto de la posterior política repoblacionista. En este sentido, la sex ratio o tasa de masculinnidad⁽¹¹⁾ es reveladora: según Nadal se da una concentración de varones en Valencia, Aragón, Murcia, Extremadura y Castilla la Nueva, y déficits en Canarias, Galicia, Asturias, Cataluña, Vascongadas y Navarra.

      Son desequilibrios relacionados con los movimientos migratorios, que en caso de provincias como Galicia, se ven agravados por una estructura social de grandes propietarios (clero y nobleza) que «absorben parte de la renta de la tierra sin invertir en ella, impidiendo el desarrollo intensivo de la agricultura»⁽¹²⁾. En el análisis de procedencia de los clérigos, sobresalen ampliamente los de origen castellano, sobre todo, de Castilla la Vieja, tras los que se sitúan los de procedencia gallega. Se produce de este modo una relación inversa: las provincias receptoras de población para paliar el desequilibrio que se produjese durante el reinado de Felipe III, son protagonistas de un esfuerzo por parte de la administración a fin de reparar los daños socioeconómicos sufridos.

      Curiosamente, encontramos un menor número de clérigos que nos informan proceder de los reinos que la administración borbónica se preocupa de integrar y hacer resurgir. Pretendemos con ello argumentar el supuesto de que en las zonas de mayor depresión económica, refiriéndonos siempre a los bajos estratos de la clerecía, a la amplia base que conforman los curatos simples, se produce una atracción de la población hacia la carrera eclesiástica, que permite una mínima formación y una renta segura (tal es el caso significativo de Galicia). Esta afirmación se corrobora, según nuestra opinión, con las peticiones que los propuestos incluyen en los informes a la Cámara, tales como «necesita el beneficio para ordenarse» o «tiene familia extensa y padres pobres que mantener». Encontramos, además, aldeas con beneficios patrimoniales de la villa, caso de Borja, solicitando de forma explícita que los beneficios se confieran a clérigos nacidos en el lugar.

      Recapitulando, comprendemos que, a la vez que se procede a evitar la acaparación de beneficios y a su control total (buen indicador de ello es la atención prestada a evitar fraudes en permutas) se ensancha la base de la clerecía secular, al tiempo que retrocede la regular. Aumenta pues el peso específico de los religiosos en el período, cuantitativa y cualitativamente.

      Incluso en niveles inferiores, el nombramiento de los beneficiarios supone un elemento de control por parte de la administración, más poderoso si cabe que el de altos cargos, pues pone en contacto a religiosos, imbuidos en la bondad de las pautas políticas a aplicar, con el pueblo llano, al que se educa desde la religión en la convivencia de las reformas promovidas. El bajo clero es punto de encuentro entre las directrices de la ideología ilustrada con la base popular a la que se imponen las nuevas medidas institucionales que la administración borbónica emprende. Paradójico ejemplo de lo dicho es la sorprendente iniciativa de un cura de Cervelló, núcleo rural cercano a Barcelona. Este cura, en un informe sobre sus feligreses en 1786, sugiere que se le permita casar en el pueblo a un hombre con dos mujeres, puesto que restaban 12 solteras y tan sólo 6 hombres sin casar⁽¹³⁾.

      El clero llano es pues instrumento de propagación de las ideas ilustradas, tales como el sentimiento poblacionista. Debía entonces estar conformado por individuos de confianza, con una presencia estable en el curato que se les confiere. Es así que comprobamos un dato que, de otro modo, podría aparecérsenos como absurdo: en curatos, la edad media de los beneficiados es de 51 años, la más alta si exceptuamos los deanatos, cargo con diferente responsabilidad y jerarquía. No podemos considerar una base envejecida, sino experta, visto que se trata de puestos estratégicos con pocas posibilidades de promoción y rentas menos apetecibles, pero sí importantes para la administración y para sujetos con poca formación y escasas posibilidades de mayor aspiración.

      De otro lado, en lugares potencialmente conflictivos por lo que a la aceptación de la centralidad impuesta se refiere (es el caso valenciano), resulta una incongruencia nombrar clérigos indígenas que en una eventual revuelta se pondrían de parte de los sublevados. Con ello, aunque encontramos valencianos y catalanes ocupando cargos relevantes en la jerarquía eclesiástica, los desempeñan fuera de su lugar de origen⁽¹⁴⁾.

      Contrasta con la edad media de los curatos la juventud lo que supone un cargo de mayor jerarquía, como lo son las parroquiales. Quienes poseen y opositan a éstas arrojan una media de poco más de 33 años, signo de la renovación de sujetos en parroquias, y de las posibilidades de ascenso que el puesto supone. Con personas jóvenes, con más y mejor formación, en una posición estratégica por su gran movilidad, los alfiles del sistema eclesiástico setecentista.

      Entre los clérigos con un cargo inquisitorial, cabe destacar que se conoce la totalidad de las fechas de nacimiento del registro analizado y que, además de éstos, el 22 % cuentan con otro cargo complementario. La media de 44 años en este caso puede resultar engañosa, puesto que encubre a tres personas jóvenes, dos de 40 años y una tercera de 36, que consideramos indicio del intento por renovar miembros en el seno de la Inquisición, más favorables a la política de Estado.

      Por lo que a exactitud de los informes se refiere, se han desechado las informaciones (por otro lado, frecuentes) en que la vaguedad de referencias no nos permite una datación siquiera aproximada de la edad del sujeto: ocurre así con expresiones del tipo «su quebrada salud y avanzada edad...», «su avanzada edad y achaques» o, simplemente, «está muy cascado». Vemos, de este modo, que la edad del sujeto queda indefectiblemente unida a dos factores que repercuten en el buen desempleo de su cargo, es decir, la salud (que se indica con más frecuencia, se diga o no la fecha de nacimiento): la mayor o menor experiencia, incidiendo como elemento de juicio en el momento del designio.

      Los informes analizados no gozan de gran precisión en los datos de nacimiento. Los memoriales de pretencientes (cfr. Roque Miguel de Malla) ofrecen, además del año exacto, el mes y día de nacimiento. Esta información se desecha en los resúmenes que el Secretario de la Cámara efectúa para archivo, en los que sólo anota el año de nacimiento. Por otro lado, los informes personales a la Cámara, como por ejemplo de un obispo al marqués de la Ensenada sobre eclesiásticos en su diócesis suelen ser bastante imprecisos, con alusiones del género «tiene entre 40 y 50 años», «tiene más de 60 años», o incluso «nació antes de principios de siglo», o «nació a finales del siglo anterior»... De este modo, se observa un gran número de personas cuya edad acaba en 0 ó 5, el 35 % de casos conocidos, muestra evidente de que se ha redondeado (por lo que a ello respecta, los informes admiten su inexactitud).

      Con todo, podemos concluir que, tanto el análisis de la procedencia de los clérigos como la edad de su acceso al cargo, reflejan la eficiencia de la administración borbónica en el uso del poder conferido para nombrar religiosos en el estado centralista que se pretende conformar, y que presenta como una de sus piezas clave el control institucional de la jerarquía eclesiástica.

Edad media según el tipo de beneficios

     Edad media total: 45 años.
     Edad media por beneficios:
          -Canonjías.
               En propiedad 46 años.
               Opositores 36 años.
          -Curatos.
               En propiedad 51 años.
               Opositores 45 años.
          -Parroquias.
               En propiedad 33 años.
               Opositores 33 años.
          -Inquisición.
               En propiedad 44 años, teniendo el 22 % otro cargo.
          -Capellanías.
               En propiedad 50 años.
               Opositores 32 años.
          -Cátedras.
               En propiedad 50 años.
          -Deanatos.
               En propiedad 53 años.
          -Arcedianatos.
               En propiedad 42 años.
               Opositores 20 años.
          -Arciprestazgos.
               En propiedad 47 años.
               Opositores 40 años.

Formación universitaria, regalismo y elección del clero en España

      La formación teórica del funcionariado eclesiástico español en el siglo XVIII es el objeto del presente trabajo. Para ello hemos utilizado la documentación del Archivo General de Simancas que hace referencia a la provisión de cargos eclesiásticos, que corresponde a los legajos 301, 590 y 1073 de la sección de Gracia y Justicia. Nuestro estudio se deberá referir necesariamente a los datos que nos ofrecen los propuestos a los diferentes cargos que sean relativos a su formación estudiantil. Concretando un poco lo dicho, extraeremos de sus currícula toda la información existente sobre los centros de estudio (universidades, normalmente), la graduación académica del candidato o su categoría como docente, la carrera que estudió, etc. Éstos son elementos comunes a todos los candidatos y, por tanto, susceptibles de ser estudiados y ofrecernos resultados fiables, incluso para permitirnos deducir qué criterios se seguían a la hora de nombrar a uno de ellos para el cargo.

      Las universidades más importantes y prestigiosas del siglo XVIII, lo habían sido ya durante los siglos anteriores: Salamanca (a la cabeza indiscutible), Valladolid, Alcalá de Henares y Granada. Éstas serán las que aporten mayor número de candidatos y de funcionarios eclesiásticos. Más de la mitad de los propuestos con formación universitaria pertenece a una de las cuatro. Poseen también el porcentaje de candidatos nombrados más elevado y en mejores puestos. Además, el espacio geográfico, al ocupar el beneficio correspondiente, se amplía, al contrario de lo que sucede con las demás universidades; o sea, que el candidato que hubiese estudiado en una de ellas podía ocupar un cargo en cualquier punto de España. El resto de universidades se mantendría en un plano más alejado de estas preferencias de la administración, aunque algunas de ellas mantuviesen cierto prestigio, como Ávila y Oviedo; las de la antigua Corona de Aragón abastecerán los beneficios de su propio ámbito geográfico, siempre que no fuesen cargos jerárquicamente muy elevados. En tal caso, lo normal era que alguien de las cuatro universidades punteras fuese el designado para tal fin.

      El apoyo que el monarca buscó en Castilla y la identificación de España con ésta podría ser muy bien la causa principal de este hecho, visto desde un punto de vista político. La única salvedad sería la universidad de Granada, que de cualquier forma no era aragonesa.

      Otro factor esencial para comprender el mundo de las universidades es el de los colegios mayores. Eran residencias de estudiantes becados por el Estado, que funcionaban internamente con una rígida disciplina, cuasi castrense, y que a lo largo de la Edad Moderna acabarían formando un grupo cerrado y elitista, de un peso enorme en la universidad. Curiosamente, donde eran más importantes era en Salamanca, Valladolid, Alcalá de Henares y Granada.

      La tendencia de la monarquía borbónica en el siglo XVIII será la de ir neutralizando el poder de estos colegiales que controlaban la universidad y, por tanto, lograban los mejores cargos administrativos. Llegaron a actuar de forma corporativa, obstaculizando la operatividad burocrática por favorecer a miembros de su propio grupo, al margen de los intereses estatales.

      Las carreras que impartían estas universidades no eran precisamente la ayuda al «progreso» que deseaban los ilustrados del momento. En concreto, la teología, la filosofía, el derecho canónico y civil, las artes liberales o la moral eran las más usuales en los candidatos a beneficios eclesiásticos y también a cargos civiles. Algunos de ellos estaban en posesión de más de una carrera, siendo frecuente encontrar candidatos con la combinación teología-filosofía, o bien, derecho canónico-derecho civil. La Cámara, por lo que se puede ver, tenía cierta preferencia por los canonistas, abogados y teólogos. Esto es bastante lógico si pensamos que los beneficios eran eclesiásticos. También ofrece visos de mayor criterio lógico la relación de mayor grado académico - puesto eclesiástico más alto. Por tanto, estar en posesión de un doctorado o de una cátedra era uno de los factores clave para conseguir un puesto prestigioso o de cierta responsabilidad. No todas las cátedras tienen la misma categoría e importancia, así como tampoco tiene el mismo valor doctorarse por Salamanca que por una universidad pequeña como Orihuela. Sin embargo, la cantidad de doctores y de catedráticos que aparece en la documentación, hace pensar que, evidentemente, era un punto muy a tener en cuenta por parte de la Cámara y que los candidatos se encargaban de cumplir.

      Las conclusiones globales que se podrían extraer de este pequeño estudio serían que:

      -Sigue siendo poco elevado el número de candidatos con estudios, en el total de los propuestos. De esta situación saldrán perjudicados los beneficos, parroquias y curatos más pequeños, así como las zonas rurales en general.

      -Los conocimientos que se impartían en las universidades no eran precisamente los adecuados para intentar un cierto progreso de la sociedad debido a la escasa utilidad práctica que tenían y a su aún más escasa base científica. En el caso concreto de los beneficios eclesiásticos ya hemos dicho que hay cierta lógica entre la carrera y su función, pero sería interesante saber en qué podía salir beneficiado el simple feligrés con todo esto.

      -La universidad seguirá abasteciendo a la administación eclesiástica y civil, a pesar de no ofrecer conocimientos actualizados y de encontrarse en un estancamiento del que le será difícil salir a causa de las presiones de ciertos grupos como los colegiales.

      -Los colegios mayores siguen ejerciendo el control en la universidad, pero ya se vislumbra cierta tendencia a neutralizarlos por parte del monarca que, a pesar de esto, los sigue utilizando para implantar el centralismo en el campo eclesiástico (regalismo).

      En general, se intentará crear una administración eclesiástica lo más eficiente posible, utilizando para cargos de cierta importancia a gente con preparación universitaria, a pesar de las enormes carencias, ya seculares, que se arrastraban en España en casi todos los planos (económico, social, cultural, etc.) y que dificultaban los intentos de avance.

Carrera eclesiástica

      En un currículum no sólo figuran los cargos ocupados por un individuo. También podemos considerar como parte de ese currículum el grado de ordenación de ese sujeto, las oposiciones realizadas, y las veces que se ha sido consultado por la Cámara para ocupar cualquier puesto. Con un total de 1518 menciones a currícula que podemos encontrar distribuidas entre 765 individuos, aproximadamente la mitad de los del listado. La calidad y cantidad de información que se aporta en cada uno de estos individuos es muy variable porque mientras en algunos informes hay varias menciones en las que se puede seguir la evolución de una carrera lógica, en otros casos sólo encontramos una mención normalmente el grado de ordenación, las oposiciones realizadas o el curato ocupado, con lo que la reconstrucción de la carrera de ese individuo es prácticamente imposible. Pero, como sucedía con las referencias familiares, un currículum más extenso no tiene por qué cualificar más al individuo ya que en algunos de éstos sólo encontramos largas enumeraciones que pormenorizan oposiciones realizadas y las veces en que ha sido consultado, pero en las que no se menciona ni un sólo cargo ocupado. Sin embargo, otros informes se limitan a dar de una manera casi telegráfica dos o tres menciones a cargos ocupados importantes como canonjías o dignidades catedralicias, y en esos casos la cualificación profesional que aporta el currículum al sujeto es inmejorable. Éste es un hecho lógico porque los que más lejos han llegado no necesitan extensos informes para llamar la atención, a diferencia de los que aún no son nada o casi nada profesionalmente. Es necesario advertir que las conclusiones expuestas, como todas las del artículo, son generalizaciones que no siempre se cumplen pero que han de ser utilizadas ante la obligación de realizar una síntesis.

      Podemos ordenar sumariamente las menciones a currícula en un orden aproximado de menor a mayor cualificación para el individuo.

      El grado de ordenación (presbítero o clérigo de órdenes menores) es una referencia mínima, de muy poco valor en general, que suele aparecer en curas o propuestos para curatos. Las oposiciones realizadas o las consultas por parte de la Cámara para cualquier cargo suelen estar inmediatamente por encima y, si el cargo al que se oposita o para el que se es consultado es verdaderamente importante, puede suponer en ocasiones una cualificación profesional superior a la de un cargo ocupado que, como un curato, no sea de excesivo rango. Ciñéndonos estrictamente a lo que son cargos ocupados, el curato y otros similares se situarían en la situación más baja, aunque es una referencia muy abundante, se da en 200 individuos, y puede aparecer también en los que han llegado a ocupar altos puestos. A partir de aquí los cargos ocupados son ya de cierta entidad, y en muchas ocasiones es difícil establecer un orden entre ellos. Se pueden distinguir por el distinto ámbito profesional en que se mueven.

      Si damos por supuesto -no siempre es así- que en la cúspide de la jerarquía eclesiástica se situarían de menor a mayor, racioneros, canónigos y dignidades catedralicias -los obispos siempre por encima de todos ellos-, deberíamos señalar las demás referencias profesionales de cierta entidad como vías de acceso a esa cumbre y, como cita Hermann⁽¹⁵⁾, ver cuál de ellas es la que más parece valer para alcanzar esos altos puestos.

      La enseñanza universitaria, normalmente al ocupar cátedras, es una referencia profesional muy frecuente, dándose en 120 individuos. Demuestra ser una de las tres vías de gran importancia para acceder a canonjías y dignidades por observarse en muchos que ocupan ya importantes puestos capitulares. Como una vía secundaria al lado de la universitaria, también dentro de lo no estrictamente eclesiástico, tenemos a los relacionados con el derecho u otros ámbitos civiles, unos 70, que suelen acceder a bastantes altos puestos capitulares.

      Unos 74 individuos citan en sus informes como cualificación profesional el ocupar o haber ocupado puestos en la administración diocesana como provisor y vicario general, examinador sinodal, visitador general, o inquisidor. Son empleos a los que se accede por designación del obispo y cabildo y, aun importantes en sí mismos desde el punto de vista jerárquico y pecuniario, pueden considerarse como otra de las tres grandes vías de acceso para ocupar importantes puestos capitulares, como se observa con la presencia de este referencia en muchos canónigos y dignidades de cabildos colegiales y catedralicios.

      Mencionan en su currículum al haber ocupado u ocupar una ración 43 individuos, 96 una canonjía, 83 una canonjía de oficio (doctoral, lectoral, magistral o penitenciaria) y 81 una dignidad colegial o catedralicia. estas referencias se engloban bajo la denominación común de lo que podíamos considerar la promoción capitular interna. El ir ascendiendo puestos en el cabildo desde el más inferior, la ración, hasta el más alto, una dignidad, sería otra de las tres grandes vías para acceder a los más importantes rangos en la jerarquía eclesiástica. Sin embargo, según nuestros datos, no es ésta la vía más frecuente porque en muchos casos se da un acceso directo desde la universidad y/o la administración diocesana, y también porque es habitual que se acumulen varias prebendas capitulares a la vez en un sólo sujeto.

      Es conveniente señalar que en muchos sujetos, normalmente los más cualificados, se suman y concentran varias de estas referencias profesionales (administración diocesana, enseñanza universitaria, derecho y los diversos puestos de la promoción interna). La presencia de obispos en el listado es muy escasa, hecho lógico si pensamos que éstos ya han llegado a la cumbre de la jerarquía eclesiástica y difícilmente podían ser promocionados a puestos más importantes.

Alteraciones en ternas y otras peculiaridades

      Lo más habitual era que la Cámara, normalmente con el apoyo del obispo, presentara una terna para que el rey nombrara en el puesto a quien le pareciera, aunque siguiendo la recomendación que lleva implícito el orden en la terna, el nombrado solía ser el propuesto en primer lugar.

      Esta rutina no se repetía siempre. En 21 ocasiones, por diversas circunstancias, hay un único propuesto en lugar de tres. Además de la terna, para un beneficio podían presentarse un número indeterminado de pretendientes ya que, según nuestros datos, tenemos desde beneficios con 35 pretendientes hasta muchos con tan sólo uno. La cantidad de pretendientes no es proporcional a la importancia del beneficio. De los 28 beneficios en que se presentan pretendientes en 12 éste es el elegido, normalmente cuando el cargo es importante. Es un porcentaje muy alto si tenemos en cuenta que sólo 17 individuos que figurar en segundo o tercer lugar de la terna son nombrados para el beneficio frente a la inmensa mayoría de beneficios con terna en que el elegido es el propuesto en primer lugar. Parece más fácil acceder a un beneficio si se es pretendiente que si el lugar que se ocupa en la terna es el segundo o el tercero. Normalmente, con la importancia del cargo, la atención del rey en el nombramiento es mayor y hay más posibilidades de que sea designado un pretendiente o un propuesto en segundo o tercer lugar. En estos casos, el rey se limita menos a designar rutinariamente al que la Cámara le propone en primer lugar.

      En muy pocas ocasiones el obispo se sale de la rutina de proponer con la Cámara o de apoyar al que ésta ha propuesto ya en primer lugar. Casi nunca se manifiesta claramente en contra de las propuestas de la Cámara, pero en alguna ocasión hace algún apunte sobre las características que debe reunir el propuesto para un beneficio, y corrige a la Cámara a este respecto. Normalmente su queja suele ser tenida en cuenta por el rey a la hora de hacer el nombramiento. La intervención del Padre Confesor se puede considerar como mucho más excepcional ya que tan sólo opina en 19 ocasiones, casi todas ellas referidas a cargos de importancia. Aunque se sabe de la influencia de la opinión del Padre Confesor sobre el rey, es difícil calibrar la misma porque, según nuestros datos, casi todas las veces propone con la Cámara o se apoya al que ésta ya ha propuesto en primer lugar. Las intervenciones del Arzobispo Inquisidor General, once en total, aunque menos numerosas que las del Padre Confesor, son más llamativas porque casi siempre aparece en favor de un único propuesto o de un pretendiente, y en este último casi su opinión suele ser considerada porque tres de los cinco pretendientes que reciben su apoyo acaban por ser nombrados.

      Cuando un miembro de la Cámara o un conjunto de ellos no está de acuerdo con la terna que proponen la mayoría de los camaristas puede presentar al rey un voto particular en el que solicite alguna variación o proponga una alternativa. Esto se solía dar en beneficios de importancia ya que en las propuestas para curatos era lógica una unanimidad. Nuestros datos confirman esta circunstancia porque, aunque son sólo seis los beneficios en que aparecen estas discrepancias claras, todos ellos son de gran relevancia: dos canonjías catedralicias, un priorato, una capellanía mayor y dos obispados. Por lo visto en estos seis casos parece que igualmente puede prevalecer la opinión de la Cámara que la de los votos particulares.

Datos familiares

      Los datos familiares referidos al nacimiento o al entorno pueden condicionar la elección para un cargo. El pertenecer a una familia noble o ilustre facilita el nombramiento para una dignidad o canonjía en una catedral. Otras referencias familiares pretenden conmover o apelar al reconocimiento de cualquier servicio al rey realizado por algún antepasado. Estos últimos suelen alcanzar puestos inferiores a los que citan linaje noble.

      Las referencias a la familia se dan en 174 individuos, con un porcentaje que ronda el 10 % de todos los del listado. Parece un dato de relativa poca importancia numérica en relación con otros, como el de citas a currículum. Pero si valoramos la importancia cualitativa de esa información en los casos en que aparece, estas referencias adquieren verdadera significación.

      La cualificación que una referencia familiar pueda suponer para un individuo no es directamente proporcional a la extensión que ésta pueda ocupar en su informe, sino que más bien sucede al contrario. Muchos datos familiares aplicados aparentemente como fórmulas repetidas de forma casi rutinaria como noble, bien nacido, o de distinguida familia, pueden implicar por sí solas una gran cualificación para el individuo sobre el que recaen. Sin embargo, informaciones referidas a las cargas familiares a soportar por el sujeto, al servicio al rey de algún antepasado u otro familiar directo ocupan una mayor extensión sobre el papel y son más precisas y completas, pero para el individuo sobre quien recaen pretenden más que apelar a una nobleza que facilita el acceso a importantes puestos, conmover al rey para que le conceda un beneficio que necesita para mantenerse con cierto decoro. Referencias como las que mencionan un nacimiento honrado quedarían en una posición intermedia entre los dos extremos antes enunciados, aunque su extensión es más bien reducida. Son 200 las menciones distribuidas entre 174 individuos, lo que suele decir que algunos de estos sujetos pueden ser contabilizados en más de un grupo. Es preciso apuntar que las conclusiones anteriores son generalizaciones y, como tales, no se ciñen a todos los casos, pero sí a la mayoría.

      Se confirma con nuestros datos la premisa ya apuntada en otros trabajos⁽¹⁶⁾ de que es más fácil el acceso a un alto puesto en el cabildo si se es noble o hidalgo, aunque ya es de notar que algunos individuos con otras referencias familiares van alcanzando estos puestos antes más exclusivos para los nobles. Sigue siendo infrecuente sin embargo el caso contrario, es decir, muy pocos de los que en nuestro listado se citan como nobles o bien nacidos ocupan cargos de poca importancia como curatos, y la mayoría de ellos son canónigos y dignidades.

      La relación con la información familiar con el cargo ocupado viene a reforzar nuestra idea de la importancia de este dato cuando aparece. La mayoría de las referencias familiares se dan en sujetos que ocupan altos cargos: en el 50.5 % de las dignidades catedralicias, el 34.4 % de las dos altas dignidades colegiales (abad y prior), el 55.4 % de los canónigos de oficio, el 41.6 % de los canónigos, el 45.7 % de los de la administación diocesana, el 25.5 % de los racioneros, y tan sólo el 15.5 % de los curas y un porcentaje despreciable de los propuestos para curatos que no ocupan aún ningún cargo.

Informes-juicios de valor

      Introducción.

      La relación informes-individuos analizados nos indica que sólo en un 22.35 % de los casos, poseemos información acerca del opositor o pretendiente a prebenda. La mayoría de los casos analizados contienen únicamente referencias a la aspiración del eclesiástico a la prebenda.

      Dentro de los informes podemos encontrar desde meras notas sobre la biografía del personaje -que van desde el lugar y la fecha de su nacimiento hasta los cargos ocupados a lo largo de su carrera eclesiástica o universitaria-, hasta juicios de valor emitidos por los informantes -que pueden tanto ensalzarlo como descalificarlo para cualquier actividad en el seno de la escala jerárquica de la Iglesia-.

      Los informantes.

      En la mayoría de ocasiones, los informantes pertenecen al brazo eclesiástico. Son excepcionales los que pertenecen a la condición seglar. Se pueden contar con los dedos de las dos manos. Son estos diez: José Carrera, Tomás de la Fuente, José Antonio de Gorri, Francisco García Nieto, José Valverde Enríquez, Pedro Girón y Ahumada, Javier Ignacio de Aguirre, José del Campo, Antonio Sainz y Simón de Baños.

      Los más habitual es que los informantes sean los obispos u arzobispos de las diócesis en que se encuentren los beneficios a los que aspiran tanto opositores como pretendientes. Con diferencia, el obispo más prolífico en la labor de informante es el de Mondoñedo, seguido muy de lejos (hemos contabilizado menos de la mitad de informes que el de Mondoñedo) por el de Segovia. Un tercio de los informes emitidos por el prelado de Mondoñedo proceden del obispo de León. Pasando ya a un segundo plano, podemos mencionar al arzobispo de Santiago, obiso de Salamanca, de Sigüenza, arzobispo de Zaragoza, de Burgos, de Valencia, y al obispo de Astorga. En un tercer plano, podemos situar a los obispos de Barbastro, Vic y Córdoba, al arzobispo de Toledo y al de Oviedo, a los obispos de Lugo, Cádiz, Pamplona, Cuenca, Guadix, Osma, Valladolid, Lérida, Santander, Canarias, Ciudad-Rodrigo, Ceuta, Zamora, Covadonga, Huesca y Calahorra, y por último, al arzobispo de Granada.

      Hay otra serie de informantes eclesiásticos que no ocupan mitra. Entre ellos destaca principalmente el rector del colegio de jesuitas de Cuenca. Con una labor menos señalada cuantitativamente podemos señalar al abad de la colegial de Sacromonte, al cardenal Mendoza, a los provisores y vicarios generales de los arzobispados de Sevilla y de Oviedo, y al Padre Confesor.

      Por último, hay que resaltar como informantes de excepción a camaristas del Consejo de Castilla.

      Los destinatarios.

      Los destinatarios de los informes remitidos por los informantes son solamente dos: el marqués de la Ensenada -ministro todopoderoso hasta su caída en 1754-, y el del Campo de Villar -secretario de Gracia y Justicia-. Predomina, desde un punto de vista cuantitativo el primero sobre el segundo. En una relación porcentual, el marqués de la Ensenada recibiría el 63.71 % de los informes, mientras que el de Campo de Villar el restante 36.29 %.

      Utilidad de los informes.

      Hemos realizado una clasificación de utilidad de los informes, de tal modo que podemos distinguir, en orden decreciente, los siguientes tipos: informes personales, provisión de cargos eclesiásticos, concesión de mitras, dignidades de un obispado, informes sobre personal eclesiástico, eclesiásticos de un obispado, eclesiásticos para cargos y empleos, e informes sobre obispos.

     Tabla de frecuencias relativas de los distintos tipos de utilidad de los informes

      Juicios de valor.

      Elaborando una clasificación propia, tras haber realizado un análisis completo de los informes, podemos definir 9 tipos distintos de juicios de valor, por orden de frecuencias relativas:

      Informes sobre la valía del sujeto.

      Casi la mitad de los informes que contienen juicios de valor (45.20 %) se encargan de mostrar las buenas cualidades del sujeto a informe, de modo que aunque no se le pretenda ensalzar, quede bien dispuesto ante S.M., para lograr, gracias a sus reales designios, la prebenda a la que aspira.

      Los informantes sacan a la luz características tanto físicas como humanas, intelectuales o propiamente religiosas, o apelan a experiencias positivas en cargos anteriores, para dar del sujeto a informe una buena impresión, aunque no sea de modo intencionado o premeditado, y en muchas ocasiones responda solamente a una realidad ligeramente engrandecida.

      Informes con la fórmula: «de buena vida y costumbres».

      Una quinta parte de los informes (20.34 %) utilizan esta simple fórmula como única juicio de valor.

      Su valor informativo es muy reducido. Más que informar realmente, es utilizada cuando no se tienen muchas referencias del sujeto en cuestión, sabiendo siempre que éste lleva una buena vida; o cuando el informante sólo quiere salir del paso, o no puede realizar un informe detallado por tener otras ocupaciones.

      Su significado es claro. El opositor o pretendiente a prebendas sobre el que se informa vive de modo honrado, decente y religioso.

      Informes de forma: «calidad, virtud, talentos, aptitud, modales, salud, caudal...»

      Este tipo de juicios de valor representan un 10.17 % del total. Podemos darles una clara datación en el tiempo. Nuestro estudio ocupa una década del siglo XVIII, la década de los '50. Así, este tipo de juicios los encontramos, en las fuentes documentales, entre 1750 y 1755, mientras que los demás tipos pertenecen a la franja temporal delimitada por los años 1756 y 1760.

      Su valor informativo es amplio, aunque siempre se corre el peligro de la pérdida de precisión en el informe, ya que al ser utilizado el mismo esquema, la monotonía puede afectar al informante de modo que éste se limitaría a realizar todos los juicios de valor más o menos iguales, normalmente hablando bien del personaje al que dedica su informe.

      Informes sobre ventajas e inconveniencias del sujeto.

      Los juicios de valor que hacen referencia a ventajas e inconvenientes de un mismo personaje representan un 7.34 %. Para poder clasificarlos debemos acudir a los inconvenientes de los sujetos. Estos inconvenientes son principalmente la edad y la experiencia, el genio, las dotes intelectuales, y las formas de conducta.

      Informes sin juicios de valor.

      Los informes sin juicios de valor suponen cuantitativamente un 6.21 % del total analizado.

      Varias pueden ser las causas por las que el informante no da su opinión sobre el aspirante a prebenda. Éste puede, por ejemplo, ser familiar de aquél, de modo que el informante reseña en su informe este dato, limitándose a dar el parentesco que les une.

      Otros informes, simplemente, omiten los juicios de valor, apareciendo sólo datos biográficos como lugar de origen o fecha de nacimiento, o datos relacionados con las carreras eclesiástica o intelectual del sujeto.

      En otros casos, el informante no ofrece a S.M. su opinión pues afirma no conocer personalmente al opositor o pretendiente al beneficio. No obstante, esto ocurre en un número muy reducido de ocasiones, de modo que escasamente llega a acercarse al 1 %.

      Informes para descalificar al sujeto.

      Sólo un 4.52 % de los informes son utilizados por los informantes para devaluar al sujeto por medio de descalificaciones personales a través de los juicios de valor. Esto nos induce a pensar que los informantes trataban bastante bien a los sujetos a informe, como norma general.

      Las descalificaciones son de tipos tan variados que dificultan en gran manera la tarea de la clasificación. De cualquier manera, vamos a establecer un orden en ocho categorías: falta de dotes intelectuales, descalificaciones acerca de la persona, incumplimiento de deberes religiosos y mal trato con los feligreses, vejez, procesamiento por la justicia, líos de faldas, comerciantes y aficionados a la bebida y al juego.

      Informes sobre la salud del sujeto.

      Este tipo de juicios de valor que aluden a la mala salud del sujeto a informe suponen un 3.95 % de los casos analizados.

      Tienen una doble finalidad. Por un lado, simplemente informar al destinatario del informe sobre la quebrantada salud del sujeto, bien por enfermedad, bien por decrepitud. Y por otro, persiguen «tocar la fibra sensible» de S.M. para que les conceda otra prebenda, si es posible, menos laboriosa y más provechosa económicamente.

      Podemos distinguir dos tipos de juicios de valor de esta categoría: juicios de valor que sólo dicen que el sujeto a informe está enfermo o viejo; y juicios de valor que dan más datos sobre la enfermedad, o sobre las consecuencias de ésta.

      Informes para apenar al destinatario.

      La presencia de estos tipos de juicios de valor en la totalidad de informes es muy reducida, significando un 1.69 %.

      Estos juicios tienen una muy clara finalidad. Pretenden hacer referencia a la pobreza del aspirante a beneficio para influir a la hora de la provisión de prebendas en su favor.

      Cada uno de los juicios de valor posee un esquema compuesto por tres partes claramente diferenciadas, y que pueden aparecer en distinto orden, o puede que una de ellas no aparezca. Estas tres partes son: virtudes, pobreza y prebenda.

      Informes sobre permutas.

      Los informes sobre permutas suponen un porcentaje mínimo, un 0.56 % del total de los casos analizados.

      En ellos, el informante expone su conformidad o su oposición a la concesión de la permuta de beneficios. Éstas suelen ser concedidas cuando el valor de los beneficios es similar, no hay lazos de parentesco entre los que las solicitan, y hay motivos claros para la concesión de la permuta, siendo los más frecuentes los relativos a la salud.

Notas.

1.      FERNÁNDEZ DÍAZ, Roberto: «La clerecía catalana en el Setecientos», en Esglèsia i societat a la Catalunya del s. XVIII, U.N.E.D., Cervera, 1990.

2.      CALLAHAN, William: Iglesia, poder y sociedad en España, Madrid, ed. Nerea, 1984.

3.      MARTÍN HERNÁNDEZ, F. - MARTÍN HERNÁNDEZ, J.: Los seminarios españoles en la época de la Ilustración, Madrid, C.S.I.C., 1973.

4.      SÁNCHEZ LAMADRID, R.: El concordato español de 1753, según los documentos originales de su negociación, Jerez de la Frontera, 1937.

5.      OLAECHEA, Rafael: Las relaciones hispanorromanas en la segunda mitad del siglo XVIII, Zaragoza, 1965.

6.      NADAL, Jordi: La población española (siglos XVI-XX), ed. Ariel, p. 74.

7.      En concreto, 1050 curas y 806 parroquias, según la comparación de ambos censos ofrecida por el de Floridablanca.

8.      Nótese que estos tres supuestos (beneficiados, tenientes de cura y ordenados con patrimonio) no aparecen desglosados en 1768, mientras que en 1787 ya se puede observar cada apartado, reflejando, de un lado, el poco peso específico de los tenientes de cura (5771 del total de 42.707 que suponen los tres apartados y así como la disminución en 8341 personas, más brusca aún que la recesión experimentada por el clero regular.

9.      Nadal rebate el criterio de P. Vilar, que considera extremo, con muy buen argumento. NADAL, Jordi: op. cit., p. 87, notas 8, 132 y 106.

10.      No obstante, a estas afirmaciones no será posible darles validez absoluta si no se continúa realizando monografías basadas en registros parroquiales en toda nuestra geografía. DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio: La sociedad española en el siglo XVII, p. 63.

11.      Porcentaje de hombres por cada cien mujeres.

12.      NADAL, Jordi: op. cit., p. 99-100.

13.      Ibidem, p. 99.

14.      FUSTER, J.: Nosaltres els valencians, Edicions 62, p. 160-164.

15.      HERMANN, Ch.: L'Eglise d'Espagne sur le patronage royal, 1476-1834. Essai d'eclesiastique politique, Madrid, Casa de Velázquez, 1980.

16.      CÁNOVAS BOTIA, A.: Iglesia y sociedad en Murcia en el siglo XVIII. El cabildo catedral, Murcia, 1990.