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La enemistad capital entre las poblaciones de Orihuela y Murcia dentro del marco del Pleito del Obispado en los albores del siglo XVI

     Publicado en en FERNÁNDEZ ALBADALEJO, Pablo: Monarquía, Imperio y pueblos en la España Moderna. Actas de la IV Reunión Científica de la Asociación Española de Historia Moderna, Alicante, 1997, pp. 539-550.

      Ya desde los tiempos de la dominación romana, la ciudad de Orihuela fue sede episcopal. Dicho primitivo obispado tuvo continuidad en la Aurariola visigoda. No obstante, lógicamente, durante los siglos de predominio musulmán, Orihuela perdió dicho rango de cabeza diocesana.

      Con la Reconquista, tras el Pacto de Almizra firmado entre Jaime I y el infante Alfonso el año 1244, los territorios de Origüela quedaron incluidos dentro de los límites de Castilla, siendo adscritos al dominio eclesiástico de la diócesis de Cartagena⁽¹⁾.

      Pero entre 1296 y 1304, Jaime II conquistó todo el reino de Murcia, trasladando a su capital la sede episcopal. Tras las sentencias arbitrales de Torrellas (1304) y Elche (1305), las tierras de Oriola quedaron bajo la soberanía de la Corona de Aragón, pero siguieron dependiendo eclesiásticamente del obispado de Cartagena, cuya iglesia catedral, pese a conservar su antigua denominación -Cartaginensis-, se hallaba ahora en la vecina y fronteriza ciudad de Murcia.

      Pronto dicho desajuste entre los límites políticos y eclesiásticos se tradujo en múltiples tensiones entre los habitantes de ambas poblaciones⁽²⁾, que en poco tiempo degeneraron en una larga y secular serie de estruendosos escándalos e, incluso, de cruentos enfrentamientos armados.

      Todos estos roces y la conciencia de su pasado episcopal propiciaron un temprano inicio de las gestiones de la entonces villa para convertirse en sede de obispado. Y desde un primer momento, dado su carácter valeroso y fiel⁽³⁾, Orihuela contó con el apoyo de los monarcas de la Corona aragonesa, pero también topó con la pertinaz resistencia de los reyes castellanos.

      Y sin duda fue Alfonso V el monarca bajomedieval que puso mayor empeño en la creación del obispado en Orihuela, cuya iglesia mayor, El Salvador, ya había sido erecta en colegial por Benedicto XIII el 13 de abril de 1413⁽⁴⁾. El Magnánimo la señaló con la categoría de ciudad gracias a un elocuente privilegio dado en Gaeta el 11 de septiembre de 1437, en el que además prometía intentar, tanto ante el papa Eugenio IV como ante el Concilio de Basilea, que la iglesia de Orihuela fuese adornada con la silla episcopal⁽⁵⁾. Cumplió su promesa el monarca pues, a comienzos de 1442, los padres conciliares decidieron crear el obispado de Orihuela, desmembrándolo del de Cartagena, asignándole los territorios que pertenecían a este último dentro de los límites del reino de Valencia, y situando a su cabeza al quinceañero Pedro Ruiz de Corella, hijo del gobernador de Valencia.

      No perduró mucho en el tiempo esta primera erección episcopal puesto que, ante la fulminante reacción del obispo y el cabildo de Cartagena, Eugenio IV la anuló mediante la bula del 11 de octubre de 1443⁽⁶⁾; revocación que fue confirmada posteriormente por una bula dada por Nicolás V el 14 de julio de 1451⁽⁷⁾.

      Tras la decepción que supuso la pérdida del anhelado obispado propio, los oriolanos no se dieron por vencidos. Al contrario, la Baja Edad Media culminó para ellos con un importante logro. Esto es, aprovechando una coyuntura favorable -propiciada por la política pactista de Enrique IV de Castilla y por la actitud del obispo de Cartagena, Lope de Ribas-, en Logroño, el 2 de julio de 1461, firmaron una concordia con la otra parte. En ella quedó decidido, entre otras cosas, que en adelante se establecería en la ciudad del Bajo Segura un vicario general "in spiritualibus et temporalibus", que sería elegido por el obispo de Cartagena entre dos candidatos presentados por el prepósito y el capítulo de El Salvador de Orihuela.

      No obstante, cualquier concordia o arreglo no era más que una tregua en la aspiración real de los moradores de Orihuela: la obtención de la sede episcopal separada de Cartagena. Y con ese objetivo grabado en la mente de los oriolanos, alboreó la Edad Moderna.

      Con relativa frecuencia, tanto el capítulo de El Salvador como los principales representantes de la ciudad de Orihuela, encargaron a insignes doctores en ambos derechos -J. Soria o G. Rubio, por ejemplo- la redacción de fundamentadas argumentaciones con el fin de conseguir la deseada categoría episcopal.

      El memorial confeccionado por el primero de los doctores reseñados⁽⁸⁾, que datamos a finales de la década de los '20 del siglo XVI, comenzaba muy significativamente afirmando, por encima de todo, la existencia de una discordia perpetua entre las ciudades de Orihuela y de Murcia, y los lugares de su distrito o territorio, siendo como habían sido "de reynos estranyos y en frontera y limittes de los reynos y tan notorios enemigos"⁽⁹⁾. Proseguía destacando la necesidad de segregar las tierras de la gobernación oriolana del dominio eclesiástico murciano, pues no cabía "dubda sino que las voluntades estan tan danyadas entre ellos que toda comunion ha de ser danyosa y aparejada a discordia e iniquidad asi para las almas como para los cuerpos"⁽¹⁰⁾.

      Y dividía esta historia de enfrentamientos y tensiones en tres tiempos. El primero y más antiguo hacía referencia a "quando estos Reynos de Castilla y de Aragon eran de diversos reyes y tenian guerras abiertas entre si y estas ciudades como fronteras y differentes en lengua en fueros y en leyes y costumbres emplearon las armas cada una en servicio de su rey y en deffenssion de su reyno contra la otra", produciéndose muchas "batallas estrages muertes y robos y otros grandes males", (...) "porque ay memoria de batallas muy crueles que oy en dia los campos y lugares donde fueron retienen el nombre de la matança y crueldad que alli passo"⁽¹¹⁾. Y los otros dos tiempos los hacía coincidir con los reinados de Fernando el Católico y de Carlos I, cuando ambas ciudades ya no tenían reyes diferentes y enfrentados, sino un mismo monarca y señor y, pese a ello, ese odio y enemistad perpetua subsistían "oy mas que nunca"⁽¹²⁾.

      Yendo ya a los hechos, el primer conflicto destacable de la Edad Moderna se produjo a raíz del fallecimiento del primer vicario general de Orihuela, Francés Prats, hacia finales de 1489 o inicios de 1490.

      Como había quedado decidido en la concordia de Logroño, el prepósito y el capítulo de El Salvador tenían que presentar a dos candidatos, de los que el obispo de Cartagena tenía que elegir al vicario general. En un primer momento fueron señalados los canónigos Francés Desprats -doctor en ambos derechos y consejero de S.M.- y mosén Rocamora. La renuncia de Desprats propició la elección de otro canónigo de la iglesia oriolana, Joan de Vilafranqua, que murió esperando el fallo del obispo, por lo que, a su vez, fue sustituido por otro canónigo, Pedro Argensola.

      Pero ni Rodrigo de Borja -electo papa bajo el nombre de Alejandro VI el 11 de agosto de 1492-, ni su sucesor en la mitra cartaginense, Bernardino de Carvajal -promovido el 27 de marzo de 1493-, mostraron interés alguno por designar un nuevo vicario general para la iglesia oriolana.

      Viendo que el nuevo obispo tampoco tenía intención de cumplir las cláusulas de la concordia, y temiendo volver a la situación anterior a la consecución del vicariato, el 27 de abril de 1493 el justicia y los jurados de la ciudad de Orihuela tuvieron que recurrir a Fernando el Católico y le enviaron una carta, suplicándole que instara al prelado a cubrir la vacante eligiendo al vicario entre los canónigos Rocamora y Argensola para, de ese modo, poner fin a los grandísimos perjuicios que estaba sufriendo la gobernación de Orihuela⁽¹³⁾.

      Una vez solucionado el conflicto gracias a la intervención del monarca, los oriolanos prosiguieron luchando en pos de la erección episcopal. Lógicamente, nada lograron durante el pontificado de Alejandro VI. Pero a su muerte, acaecida el 18 de agosto de 1503, fue sucedido por Julio II, quien se mostró más receptivo para con las reclamaciones oriolanas. Además, la muerte de Isabel la Católica y su consiguiente -aunque efímera- separación del gobierno de Castilla predispusieron a Fernando el Católico a favorecer las aspiraciones episcopales de la ciudad de Orihuela de modo tal que incluso llegó a pedir directamente al sumo pontífice, como patrón de esa iglesia, la creación y segregación del nuevo obispado.

      El motivo fundamental aducido por el Rey Católico en dicha suplicación fue su interés por poner fin a los escándalos que cotidianamente sucedían entre Orihuela y Murcia, por dar paz, comodidad y quietud a ambas ciudades pues, aunque las coronas de Castilla y Aragón se habían unido y las guerras, cabalgadas, cautiverios y solicitudes de rescate teóricamente habían cesado, las malas voluntades persistían en estado latente en las mentes y los corazones de los habitantes de ambas ciudades.

      Entonces, la rivalidad pasó a manifestarse principalmente, en contra de la población de la gobernación de Orihuela, en el hecho de que la jurisdicción eclesiástica, tanto temporal como espiritual, del obispado de Cartagena les fuese impartida en la sede del obispado, Murcia, donde se hallaba la Curia Episcopal. Las quejas oriolanas sobre las molestias, malos tratos, vejaciones y parcialidad que les hacían sufrir los tribunales de la Curia episcopal se repitieron a lo largo del reinado de los Reyes Católicos, arreciando especialmente durante el episcopado de Juan Daza (1502-1505), prelado que llegó a intentar encarcelar a los embajadores del capítulo y la ciudad del Bajo Segura.

      Un informe del capítulo de El Salvador, presentado el 5 de octubre de 1525 por el síndico Gil Gómez al gobernador del reino de Valencia más allá de Jijona, D. Pedro Maza de Lizana, evidencia las dificultades que hallaban los oriolanos al ir a pleitear a Murcia⁽¹⁴⁾. En él, además de hacer alusión a los considerables gastos que habían de soportar y al hecho de que los notarios de la audiencia -todos ellos castellanos- no conociesen la lengua valenciana, se enfatizan los desmanes de los guardas y "desmeros" de la ciudad. Éstos se dedicaban a localizar a los oriolanos y a llevarlos amenazados a los portales de las casas, donde los maltrataban, los desnudaban y les quitaban el dinero. Y aún más, cuando a la salida de la ciudad reconocían a alguna de las honradas oriolanas que habían de acudir al tribunal eclesiástico por cuestiones matrimoniales, les robaban "les manilles d'or que porten en los braços". Dicho informe concluía afirmando tajantemente que, por todas estas razones y otras muchas que no se exponían en bien de la brevedad, las gentes de Orihuela preferían perder las causas antes que ir a pleitar a Murcia.

      Quizá influyese en esta colectiva inclinación el caso de un oriolano llamado Luis Vives. No conocemos cuándo se produjo el suceso, pero sí aparece en varias ocasiones en la documentación manejada⁽¹⁵⁾. Dicho personaje fue requerido en Murcia por los inquisidores del obispado, bajo pena de excomunión, para que prestase testimonio en una causa. Respondió que no deseaba acudir porque, de hacerlo, correría muy serio peligro su vida, pues "estaba en bandos" y en dicha capital tenía enemigos. Los inquisidores volvieron a ordenarle que acudiese a la ciudad sin recelo alguno. Y en virtud de la obediencia que les debía, Vives se personó en Murcia, prestó testimonio y de vuelta, al salir de la ciudad, sus enemigos, que lo estaban esperando, lo mataron.

      Pues bien, la súplica del Rey Católico fue el motivo principal por el que el 13 de mayo de 1510, gracias a una bula de Julio II⁽¹⁶⁾, los oriolanos vieron materializado por segunda vez su sueño episcopal.

      Al menos, así lo corrobora el tenor de este escrito pontificio⁽¹⁷⁾, que además añade otros factores propiciadores, entre los que hay que distinguir el consentimiento dado por el obispo de Cartagena Martín Ferrández de Angulo:

      *Pastorales, para favorecer el desarrollo del culto divino, enfervorizar las devociones y promover la salvación de las almas.

      *Pacificadores, para lograr la tranquilidad de los fieles cristianos, haciendo que todos los territorios del reino de Valencia que pertenecían al obispado de Cartagena se segregasen de éste para formar una diócesis propia y separada.

      *Jurisdiccionales, para evitar que los fieles de Orihuela y los territorios de su gobernación tuvieran que ir a la Curia episcopal murciana a "solucionar" sus pleitos y así cortar de raíz los agravios que sufrían.

      *Demográficos, por la gran cantidad de habitantes de la gobernación del reino de Valencia ultra Sexonam, siendo la ciudad de Orihuela la población más insigne y notable y, por ello, electa como sede.

      *Honoríficos, para adornar con más dignos títulos a una iglesia tan ilustre como la Colegiata de El Salvador, que contaba con tres dignidades -prepósito, chantre y sacristán-, diez canónigos, otros diez prebendados, cuatro hebdomadarios, un diácono, un subdiácono y otros muchos beneficiados perpetuos.

      Y aún más seguros de su triunfo se sintieron los oriolanos cuando el rey Fernando, tras escuchar en Monzón una representación de Antonio Gómez Daroca, síndico de la ciudad, confirmó el 30 de julio de ese mismo año todos los privilegios concedidos tanto por él como sus antecesores a dicha eufórica ciudad.

      Pero no era oro todo lo que relucía pues, como argumenta Díaz Cassou⁽¹⁸⁾, cuatro días antes de decretar la confirmación, y tras darse cuenta de que, con toda seguridad, la erección del nuevo obispado, en lugar de evitar escándalos y discordias, los iba a multiplicar, el Rey Católico expidió una real cédula al concejo de Murcia para que apelase contra la bula de Julio II.

      Y pronto comenzó la ofensiva murciana. La clerecía cartaginense, sumamente enfadada por la actitud "traidora" del obispo Martín, le entorpeció el ejercicio de sus facultades y deberes episcopales de tal manera que no le quedó más remedio a Julio II que decretar su traslado a la sede cordobesa el 30 de septiembre de ese mismo año 1510⁽¹⁹⁾.

      Y tras la real cédula del 15 de mayo de 1512, en la que el rey les manifestaba su voluntad de no consentir la erección y segregación del nuevo obispado oriolano, el cabildo no cesó de importunar al papa con suplicaciones hasta que poco después, por medio de una nueva bula, buscó una solución intermedia al resolver la unión canónica de ambas iglesias bajo un mismo prelado, que sería a la vez obispo de Cartagena y Orihuela. Y la vacante fue cubierta con la elección el 1 de noviembre⁽²⁰⁾ de Mateo Lang de Wallenberg, un extranjero que, por sus muchas ocupaciones, nunca había de pisar el suelo de la diócesis⁽²¹⁾.

      La solución propuesta por Julio II agradó al pueblo y al clero de la ciudad de Orihuela, pero disgustó al cabildo de Cartagena que se negó a aceptar el hecho de que la iglesia de El Salvador fuera equiparada en dignidad y categoría con la iglesia catedral de Murcia. Por ello, el déan, a la cabeza del referido cabildo, incoó un nuevo pleito en la Sede Apostólica, que fue encomendado por el pontífice, en un primer momento, a Adriano, cardenal de San Crisógono⁽²²⁾ y, posteriormente, al mismo obispo Mateo. Para asegurarse el éxito, el citado capítulo intervino "dandole a entender una cosa por otra con siniestras y falsas informationes por estar fuera destos reynos"⁽²³⁾. El prelado, conocedor del punto de vista de la parte murciana, se negó a tomar posesión del obispado de Orihuela y, antes de actuar de forma alguna, contactó con el rey quien le recomendó postergar cualquier decisión "creyendo que con el tiempo se podria esto pacificar". Pero como con el paso de los días, la cuestión se fue agravando, volvió a escribir al rey para conocer su voluntad.

      En este orden de cosas, estando Fernando en Segovia, el 16 de junio de 1514 mandó a Roma -pues allí se encontraba el ya cardenal de Santo Ángel- dos cartas, una dirigida a su embajador en dicha ciudad y otra al referido prelado.

      En la letra, le manifestaba al obispo que, "desando mucho que las dichas partes no vengan en las contenciones y differencias pasadas", "sin dar noticia desta nuestra voluntad sino como de vos mesmo, faciendo officio de buen pastor y perlado que desea la pacifficacion de sus subditos, vos plega proveer esto de tal manera que dicha ereccion sea observada y guardada juxta forma y tenor de las dichas bulas apostolicas y que sobre ello ninguna cosa se innove"⁽²⁴⁾. Quedaba claro, pues, que el Rey Católico deseaba que el obispo Mateo cumpliese con lo dispuesto en la bula de Julio II de 1512.

      Dudaba, no obstante, el rey de que el cardenal fuese a seguir sus indicaciones como podemos comprobar en la instrucción que le da a su embajador en la otra carta señalada: "si sintiessedes que otra cosa se fiziesse lo que no crehemos trabaiareys por todas las vias que pudierades assi con nuestro muy Sancto padre como con qualesquier otros juezes a quien por ventura esto fuesse remitido que en todo caso la dicha erection se guarde e contra ella ninguna cosa se innove segun dicho es poniendo la diligencia e solicitud que acostumbrays en las cosas que nos tenemos mucha voluntad como es esta"⁽²⁵⁾. Y no dejaba de llevar razón el rey puesto que Mateo Lang no dejó de intentar que el pleito cayese del lado del cabildo cartaginense.

      Pero la parte murciana no sólo intentó proceder judicialmente. También lo intentaron hacer "extrajudicialmente", por la fuerza, puesto que según constata el doctor Soria en su memorial, más de un millar de murcianos armados, impulsados por la soberbia y movidos por la capital enemistad y el odio que sentían hacia Orihuela, en diferentes incursiones intentaron invadir tanto la ciudad como su territorio, provocando que todo el reino de Valencia se levantara en armas contra ellos⁽²⁶⁾.

      Por fin, el 27 de junio de 1515 León X, temiendo que si no sentenciaba la causa, tendría lugar un muy serio enfrentamiento armado, de motu proprio, y mediante un breve, confirmó la bula de 1512, extinguió la lite e impuso silencio perpetuo tanto al obispo como al deán y el capítulo de la Catedral murciana⁽²⁷⁾.

      La decisión pontificia volvió a dar tranquilidad a los habitantes de la ciudad y la gobernación de Orihuela, pero tal situación no duró mucho. El fallecimiento del rey Fernando el 23 de enero de 1516 llevó la consternación al pueblo oriolano, que en adelante no se cansaría de repetir, a modo de ejemplo a seguir por los monarcas venideros, "lo que un tan justo y tan excellente principe y governador como el Rey Catholico hizo y procuro en esta materia como muy experimentado e informado y zeloso del bien y paz de todos los reynos y del tranquillo y pacifico reynado"⁽²⁸⁾.

      Poco tiempo después de que Carlos I conociese el óbito de su abuelo, ante él, en Flandes, se presentaron los procuradores del cabildo de Cartagena y la ciudad de Murcia, le informaron de los agravios que venían sufriendo desde la erección episcopal de Julio II, y le suplicaron que escribiese al papa para que reabriese el pleito. Y el nuevo monarca, desconocedor de "las differencias y enemistades de entre las dichas ciudades ni la causa tam justissima y sancta que movio al rey Catholico para procurar la dicha erection", atendió a la petición murciana⁽²⁹⁾.

      De este modo, a instancias del deán y cabildo de Cartagena y, sobre todo, gracias a las letras del monarca, León X se reservó la causa y la cometió de viva voz, en su consistorio secreto, a Lorenzo Puci, cardenal de los "Cuatro Santos Coronados", quien se encargó de oír a las partes y de realizar una investigación⁽³⁰⁾.

      Como el cardenal no estaba dispuesto a dar su dictamen hasta estar plenamente informado del asunto, la determinación fue retrasándose. Dicha dilación, una representación del concejo oriolano y su voluntad de "tener aquellos nuestros Reynos pacificos", motivaron la rápida intervención del monarca español pues el 4 de agosto de 1517 envió sendas cartas, una a sus embajadores en la corte romana -Pedro de Urrea, obispo de Zaragoza y Sicilia, y Jerónimo de Vich- y otra al papa con la intención de que Su Santidad hiciese "expedita justicia lo mas brevemente que ser pudiere", "sin azer parte a ninguna de las dichas ciudades"⁽³¹⁾.

      Poco tiempo después y siendo inminente la determinación de la causa, el 23 de noviembre de ese mismo año -algo más de cinco años después del nombramiento de Mateo Lang-, el napolitano Jerónimo de Carasso, procurador sustituto de Maximiliano Transilvano, a su vez procurador y secretario del obispo, tomó posesión en la iglesia de El Salvador del obispado de Orihuela, cumpliendo con todos los ritos canónicos y llenando de gozo al pueblo de la gobernación⁽³²⁾.

      Pero a inicios del año siguiente, el cardenal de los "Cuatro Santos Coronados" pasó su dictamen a León X. En él, afirmó sin paliativos que la erección del obispado de Orihuela perjudicaba muy claramente a la iglesia de Cartagena y al obispo. Y fundamentó su tesis en diferentes motivos. La pérdida por la fábrica de la catedral de Murcia -en beneficio de la de Orihuela- de una serie de rentas decimales -denoninadas "las pilas"- que con anterioridad percibía en los territorios de la nueva diócesis, y el temor de los canónigos y dignidades murcianas por ser expoliados de diferentes frutos y rentas que también cobraban en dichas tierras. Las protestas del obispo al considerarse privado de la jurisdicción en el nuevo obispado. La diversidad del tiempo, los cambios acaecidos desde que Julio II decretara la erección. Y la existencia cotidiana de discordias y escándalos.

      No consideraron los oriolanos convincentes dichas razones e intentaron apelar contra el informe del cardenal, pero sus alegaciones fueron infructuosas⁽³³⁾. El 1 de abril de 1518, León X, "sin oyr ni invocar al cabildo e ciudad de Orihuela", y con el consentimiento de los cardenales, revocó los escritos de Julio II y redujo todo a su estado prístino, es decir, sometió nuevamente en todo la iglesia de Orihuela a la de Cartagena⁽³⁴⁾.

      La sentencia pontificia satisfizo a los murcianos, pero desilusionó totalmente a los habitantes de la gobernación y del resto del reino de Valencia. Por ello, nada más conocer la revocación, el cabildo oriolano interpuso apelaciones a futuro gravamine, para evitar futuros daños.

      Y también poco tiempo después, los jueces ejecutores señalados por el Sumo Pontífice, acompañados por algunos murcianos, se presentaron de improviso en la ciudad de Orihuela para notificar y hacer efectivo el breve revocatorio. La ciudad se sobresaltó tanto contra ellos que, en medio del tumulto y la rebelión, ciertos clérigos y laicos oriolanos maltrataron e hirieron a los que llevaban las cartas⁽³⁵⁾.

      Posteriormente, el capítulo volvió a intentar "intimar" el breve apostólico. Pero no eligió un buen momento pues a partir de estas fechas los sucesos relacionados con el pleito del obispado se entremezclan con la revuelta de las Germanías.

      Según escribe Chiarri, ante el temor por el corsarismo, Carlos I, en su real cédula del 25 de noviembre de 1519, autorizó a los gremios a formar hermandades o germanies, y permitió al pueblo el uso de las armas. Dichas disposiciones monárquicas fueron pronto conocidas en Orihuela gracias a que, a su vuelta, los síndicos Pedro Terol y Pedro Palomares -que habían ido a dar la bienvenida a Carlos I y a suplicar la segregación del obispado- trajeron consigo copias de dicha real cédula⁽³⁶⁾.

      La mencionada investigadora afirma que en marzo de 1520 la Germanía oriolana ya estaba organizada y en "franco y vigoroso ejercicio", por lo que poco tiempo antes, el 18 de febrero -fecha del suceso que a continuación relatamos-, la situación en la ciudad no debía diferir mucho. Los ánimos populares estaban ya encrespados y cualquier altercado podía servir para que se produjesen desórdenes. Desde luego, no era un momento muy adecuado para que un emisario del capítulo de Cartagena se personase en la ciudad del Bajo Segura.

      De cualquier forma, dicho día, tras la misa mayor, se presentó en la iglesia de El Salvador un procurador del cabildo cartaginense llamado Bernardino Miguel. Se dirigió a los capitulares, que se hallaban sentados en el coro, diciéndoles que iba a leer una carta relacionada con ciertas rentas que reclamaban sus representados. Y tras hacerlo, intervino de nuevo: "Senyores no se vayan que otra cosa les tengo de intimar". Jaime de Soler, vicario general y chantre, temiendo que se tratara del breve revocatorio, le advirtió que no lo hiciera: "Mirat no leays cosa que nos sea prejudicial a nuestra yglesia porque non saldriades bien dello que la ciudad vos podria dar algo". Pero después, el sacristán Luis de Soler -antiguo vicario general- replicó al chantre diciendo al emisario, ante la cara de asombro de los capitulares: "Venius aqui cabo de mi y leet lo que quisieredes que no us enogara ninguno o venius a mi casa y leereys lo que quereys que yo lo terne por leydo". Y éste comenzó a leer temblando. Cuando acabó de leer la carta, la iglesia ya estaba atestada de gente -incluidos el justicia y los jurados- y puesta en armas. Intentaron prender al sacristán, pero éste huyó al campanario, atrancó la puerta y comenzó a hacer sonar sin parar las campanas. Ante la iglesia acudió todo el pueblo sin saber el motivo de tal escándalo.

      Entonces, para evitar que la cosa pasara a mayores y Luis de Soler fuese asesinado, el justicia y los jurados hicieron salir a todos de la iglesia, y trataron de apaciguar los ánimos. Y enterados de que en la iglesia había una carta del arcediano de Cartagena que comprometía a Luis de Soler con la causa murciana, la registraron hasta hallarla⁽³⁷⁾.

      La mostraron a D. Ramón de Rocafull, señor de Albatera, y éste recomendó al sacristán que se marchase de la ciudad. Y de inmediato partió el clérigo sin rumbo conocido.

      Las autoridades locales convocaron "consell" y en él decidieron, en aras a apagar la ira del pueblo, "privar al dicho sacriste para toda su vida de oficios en esta ciudad". Y como aún después de oír tal deliberación, el pueblo se mostraba dispuesto a ir a derribar su casa, el Concejo hizo pregón desterrando al dicho sacristán de la ciudad y su término. Y ni siquiera se contentó el pueblo cuando el capítulo de El Salvador le privó "per a sa vida de poder aver officis neguns en aquesta ciutat ni entrar en horas ni en capitol".

      Cuatro días después del incidente, el 22 de febrero, el Concejo, el cabildo, el justicia y los jurados de la ciudad escribieron una carta al gobernador Pedro Maza de Lizana, describiendo los hechos acontecidos y advirtiéndole del peligro popular con significativas palabras: "si aquest poble s'avolota no sabem qui'l pora remediar"⁽³⁸⁾.

      Apreciando la gravedad de los hechos acaecidos, León X consideró necesario estudiarlos así que encomendó el pleito a Domingo, cardenal de San Bartolomé en la isla y, posteriormente, de San Clemente, llamado vulgarmente Jacobacis. El cardenal escuchó las reivindicaciones de los procuradores de ambas partes en su tribunal y atendiendo a una súplica oriolana, tomó una decisión que sorprendió negativamente al papa. El 15 de julio de 1520 resolvió escribir una letra a dos canónigos de la Metropolitana valenciana, Gaspar Casanova y Jaime Ramos, para que absolviesen al capítulo, al clero y al pueblo de la ciudad de Orihuela de las censuras que les habían impuesto los clérigos del cabildo cartaginense⁽³⁹⁾.

      La reacción del pontífice no se hizo esperar y fue fulminante. Creyendo que así recuperaría la tranquilidad y la paz de sus súbditos del obispado de Cartagena y evitaría en el futuro nuevas tensiones, asesinatos, escándalos y sediciones, revocó la comisión del cardenal Jacobacis inhibiéndolo de la causa, volvió a dar vigor a las censuras lanzadas contra el capítulo, el clero y el pueblo oriolanos y les impuso silencio perpetuo, y señaló de nuevo varios jueces ejecutores para que en breve hiciesen efectiva la revocación de la bula de unión de Julio II (1512) y, de ese modo, el obispado de Cartagena recuperase su estado prístino, es decir, anterior a 1510.

      El curso de los acontecimientos de dicho año 1520 hizo aparecer en Orihuela un fundado temor a que los murcianos, partidarios del bando real-nobiliario, aprovechasen la ocasión y vengasen sus enemistades por el asunto del obispado. Por ello, el 20 de agosto los agermanados acudieron al Concejo para que todos los ciudadanos se inscribiesen en la germania y tomasen las armas para afrontar un posible ataque del ejército real. Y posteriormente, apremiados por el rumor de que tanto en Villena como en Murcia había tropas preparándose para atacar Orihuela, el 7 y el 29 de noviembre enviaron misivas demandando socorro y hombres armados a los pueblos de las montañas y a los Trece valencianos respectivamente⁽⁴⁰⁾.

      Pero la batalla definitiva no se produjo hasta el 30 de agosto de 1521. El potente ejército real formado por 200 caballeros, 6.000 infantes, artillería de campaña y gruesos cañones, y dirigido por el gobernador del reino de Valencia ultra Sexonam, D. Pedro Maza de Lizana, y por el capitán del reino de Murcia, D. Pedro Fajardo -marqués de los Vélez-, obtuvo en el Rincón de Bonanza una aplastante victoria sobre las tropas agermanadas oriolanas⁽⁴¹⁾.

      Y después, tras el combate, y mientras D. Pedro Maza se dedicaba a perseguir a los agermanados que habían logrado huir, los murcianos cayerón sobre la ciudad enemiga, "enconado el hambre de venganza y de desquite por el odio acumulado en casi dos siglos de reñir unos con otros"⁽⁴²⁾. El saqueo de la ciudad por las tropas del marqués de los Vélez duró 30 días, desde el mismo día de la batalla hasta el 29 de agosto y, en palabras de García Cárcel, "ha pasado a la historia como una manifestación ejemplar del salvajismo y de la barbarie humanas"⁽⁴³⁾.

      El cronista Bellot describe elocuentemente los hechos: "El marqués de los Vélez y su gente, todo era saquear las casas de los comuneros y, a río revuelto, todo lo que podía, no perdonando las mismas iglesias, de las cuales se llevaron toda la ropa de consideración que hallaron, sin perdonar la plata ni ornamentos sagrados, no perdonando lo que habían depositado algunos pensando que, como cristianos, guardarían respeto a las iglesias. Y lo que más espanta, es que por orden del marqués de los Vélez, se repartiesen las tres parroquias para la gente de las tres ciudades, Murcia, Lorca y Cartagena, las saqueasen; y huvo entre ellos quien, con sacrílegas manos, abriere el sagrario de la cathedral y se llevara la caxula de plata donde estava el Sanctisimo Sacramento... el saco fue tan miserable, fuera de no haver sangre, que tuvieron lugar de llevarse hasta las cossas más mínimas como platos y escudillas de tierra y hasta arrancar las puertas y ventanas de alguna consideración..."⁽⁴⁴⁾.

      Y además de todos agravios, el marqués, mediante todo tipo de amenazas y coacciones, por la fuerza de las armas, y tras dar un ínfimo plazo de seis horas para que tomaran una decisión, hizo renunciar al capítulo de El Salvador a la catedralía, y consiguió que jurara obediencia al obispo Mateo y al cabildo de Cartagena⁽⁴⁵⁾.

      La ciudad quedó trágicamente destrozada, a todos los niveles. El desorden fue tal, que hasta el 11 de octubre no pudo volver a reunirse el Consejo para comenzar a desempeñar discretamente sus funciones, y proveer lo más urgente y preciso para recuperar el buen orden y la vida de la ciudad⁽⁴⁶⁾. En el plano eclesiástico, los oriolanos vieron impotentes cómo se esfumaban de un día para otro los frutos de tantos años de negociaciones. El Salvador volvió a la fuerza a su categoría de colegiata sujeta a los designios espirituales y temporales del cabildo catedralicio de Cartagena.

      No obstante, no tardaría mucho tiempo el constante capítulo oriolano en volver a enviar síndicos y embajadores para importunar al emperador y al papa. Los difícilmente legitimables medios utilizados por los murcianos dieron pie a una multitud de apelaciones que, por ser tan justas, no podían dejar de ser atendidas.

46.      CHIARRI MARTÍN, M. L., op. cit., pp. 95, 97 y 105.